Año: 1, Diciembre 1959 No. 1

Democracia y Libertad

Conferencia pronunciada por el señor Alberto Benegas Lynch el día 11 de Septiembre de 1958. en la Academia Nacional de Economía en la Ciudad de Montevideo.

Democracia y libertad no son términos sinónimos ni tampoco equivalentes. La presencia de la primera no implica necesariamente la existencia de la segunda, en el sentido de su cabal significado. Por el contrario, se le atribuye a veces a la voluntad de las mayorías un alcance tal qué, en esos casos, parecen perderse de vista las mutilaciones que sufre la libertad del hombre, por efecto de las extralimitaciones en el ejercicio del poder político. Cuando una resolución, tomada por la mayoría en acción de gobierno, vulnera, limita o coarta compulsivamente el desarrollo de las energías creadoras del hombre, éste es un acto despótico y tiránico aunque para ello se haya invocado el bien común o cualquier otra expresión igualmente vaga y ambigua. El hecho de que tal decisión haya sido adoptada por la mayoría, no puede cambiar la naturaleza de las cosas.

Legitimidad del Poder

El problema de la base legítima del poder político, ha sido resuelto de diferente manera según la época y el lugar de que se trata. Desde el origen divino del poder puesto en manos de un monarca, hasta el reconocimiento de la máxima amplitud popular para el ejercicio del gobierno, existen muchas variantes en cuanto a la concepción respecto a la fuente del poder político.

Hoy, en la mayoría de los países civilizados del mundo occidental, el principio de la legitimidad del poder queda satisfecho unánimemente mediante la práctica de la democracia representativa y el funcionamiento de su mecanismo básico, consistente en el sufragio libre y secreto. El gobierno de las sociedades lo ejercen así los representantes del pueblo. Las mayorías tienen el derecho a gobernar. Pero una cosa es la fuente del poder político y otra muy distinta la amplitud de poderes del gobierno. La limitación de éstos últimos, da la medida de las libertades de los gobernados.

Quienes tenemos fe en la democracia, consideramos que los pueblos tienen el derecho a gobernarse a sí mismos y que en consecuencia, de la voluntad popular emana la base legítima del poder político.

Límites a la acción de Gobierno

Ahora bien, por encima del problema de quien debe legítimamente ejercer el gobierno, para cuya solución optamos por la fórmula democrática, existe el problema de limitarse eficazmente la acción del Estado, de tal manera que las libertades individuales no sufran menoscabo. Y nos preocupa principalmente este problema porque no ha tenido, a nuestro juicio, solución adecuada. La libertad está hoy en crisis en el mundo entero precisamente porque, en todas partes, en mayor o menor medida, los gobiernos han venido excediendo los límites dentro de los cuales deben contener su acción para que las libertades individuales resulten debidamente salvaguardadas.

Naturalmente, cuando se trata de establecer cuáles son los límites hasta donde debe llegar el poder político, juega un papel destacado la importancia que en la sociedad se le quiera reconocer al hombre individualmente considerado y el respeto que merezca su dignidad y la independencia de su conciencia. Dicho de otro modo, la menor amplitud de la esfera de acción gubernamental, depende del concepto que se tenga de la capacidad individual para desempeñarse en sociedad libremente y por propia determinación; es decir, según se acepte o no que los componentes de la especie humana, individualmente considerados, tienen el carácter de seres responsables de sus actos ante la propia conciencia, o ante su Dios cuando tienen fe religiosa.

La importancia y extensión de las libertades individuales y la posibilidad de que estén colocadas efectivamente fuera del alcance de cualquier pretensión legislativa, que no sea para afirmar su existencia e inviolabilidad, están pues en función del reconocimiento de que el hombre es un fin en sí mismo y tiene pleno derecho a la acción en libertad, sin otra limitación que la que resulta de la necesidad de la existencia de un mínimo de gobierno para la debida protección de la vida, la libertad y la propiedad de loe demás hombres que conviven con él en sociedad. Las otras limitaciones que cada uno se impone en razón de su fe religiosa, nada tienen que ver con la acción compulsiva del Estado. El grado y extensión en que es respetado el libre albedrío, se traduce en la naturaleza del gobierno que se tiene y que puede variar, desde el absolutismo, hasta el ideal de Gobierno con poderes limitados; independientemente de la fuente donde haya nacido el poder político.

Derechos Naturales

La teoría de la existencia de los derechos naturales, sustentada por los verdaderos partidarios de la libertad daría la solución, si se aplicara fielmente en la práctica, al problema de la eterna amenaza de que es víctima la libertad por parte de la ley escrita. Dar esa solución, salvaguardando los derechos individuales, fue sin duda el propósito de los constituyentes de muchos de los países occidentales que se dieron cartas constitucionales que revelaban claramente el temor a los excesos del poder político y la preocupación por dejar fuera de su alcance una amplia esfera de acción reservada a la actividad privada, a cuyo efecto se afirmaron los derechos naturales, asegurando las garantías individuales en el espíritu y en la letra de aquellas constituciones. En el transcurso del tiempo, muchas de ellas han sufrido reformas en su texto escrito, así como también en su interpretación por parte de los tribunales de Justicia, cuyas modificaciones han ido debilitando en muchos casos la vigencia de los derechos naturales del hombre, consagrados en los textos constitucionales e interpretaciones primitivas. Los propósitos pues de los constituyentes de la organización nacional de muchas democracias representativas del moderno mundo occidental, en cuanto a la afirmación efectiva y salvaguarda de los derechos naturales se vieron frustrados, a medida que fue avanzando, en detrimento de la libertad, el creciente intervencionismo estatal.

Esto demuestra que los frenos impuestos constitucionalmente a los excesos del poder, resultan inoperantes cuando ellos no responden a una concepción suficientemente arraigada acerca de la importancia de la intangibilidad de los derechos naturales. Evidentemente, a través del proceso que en el propio mundo occidental que se llama a sí mismo libre, ha producido también en él la crisis de la libertad, la teoría de la existencia de los derechos naturales ha ido perdiendo terreno. Y este proceso puede conducirnos, mal que les pese a muchos de quienes se consideran partidarios de la libertad sin serlo efectivamente, a una situación igual a la imperante en el mundo totalitario, es decir, al absolutismo total, aunque por voluntad de una mayoría circunstancial La constitución de WeImar en Alemania, considerada por muchos técnicos autorizados como una carta fundamental ejemplar, no fue obstáculo para el advenimiento de Hitler, quién llego al poder por la voluntad popular expresada en comicios libres.

Es desde luego importante y conveniente que los derechos y garantías fundamentales del individuo estén consagrados en las cartas constitucionales. Pero ni esta circunstancia ni la separación de los poderes, ni el federalismo, son capaces de contener el avance estatista colectivizante, cuando la teoría de la existencia de los derechos naturales no tiene suficiente arraigo y quienes han abrazado el credo de la libertad, con fe en el hombre como dueño de su propio destino, no defienden con todo el vigor necesario, cada minuto de su existencia, aquellos derechos naturales para que, en todo momento, su plena vigencia sea una realidad.

En el concepto de los verdaderos partidarios de la libertad, los derechos naturales del individuo a la vida, a la libertad y a la propiedad que para quienes tenemos fe religiosa son, dones de Dios y para quienes no la tienen pertenecen al ser humano por el solo hecho de haber nacido son anteriores y están por encima del Estado, de cualquier gobierno y de la carta constitucional; en consecuencia, deben estar fuera del alcance de cualquier mayoría circunstancial, por más amplia que ella sea. La violación del derecho natural, constituye usurpación de poder y da lugar a la rebeldía legítima.

El proceso a que acabamos de referirnos de creciente intervencionismo estatal en detrimento de los derechos individuales, se ha venido produciendo en muchos casos en nombre de fines elevados como, por ejemplo, el de mejorar la suerte de terminados sectores sociales.

Quienes están en favor de la intervención estatal para la obtención de tales fines, pretenden atribuirse paralelamente una actitud moral distinta con respecto a la que tenemos quienes somos partidarios de la libertad. Según aquellos, nosotros seríamos indiferentes a la suerte de los sectores más necesitados de la sociedad. Esta postura, contribuye quizás a quitarle popularidad a la tesis de la libertad frente a quienes pretenden que la actitud suya es de mayor preocupación por los más débiles. Sin embargo, la teoría no demuestra ni la práctica confirma que, mediante el intervencionismo estatal, pueda lograrse, como se pretende, en forma perdurable, la elevación del nivel de vida de los sectores populares, en la medida en que, por el contrario, está probado puede conseguirse por medio de la libertad.

No puede negarse que muchos de quienes propician la intervención del Estado, de buena fe creen que ella es un medio adecuado y conducente a los altos fines que tienen en vista. Admitimos pues que, quienes argumentan en favor del estado paternalista, como medio adecuado a su juicio para alcanzar muy deseables finalidades sociales, lo hagan convencidos, aunque equivocadamente, de la eficacia del medio elegido. Lo que no puede admitirse es que se pretendo negar igual preocupación por los débiles y menos afortunados, por parte de quienes tenemos en vista las mismas altas finalidades, pero - en cam­bio, creemos en la superioridad para lograrla, de la libertad con respecto al Estado paternalista, y aún estamos convencidos que éste último es a tal efecto inoperante e incluso contraproducente.

Por otra parte, no puede tampoco negarse que, cada vez que el Estado paternalista quita a unos para dar a otros usando la compulsión, que a la larga perjudica a todos su acción es, por un lado, liberticida y, por otro, no satisface sanos principios morales.

Puede sostenerse, como muchas veces se ha hecho y. desde luego, erróneamente, que debe sacrificarse algo de la libertad en beneficio de la seguridad. Pero no puede negarse que dicha actitud significa aceptar conscientemente la pérdida de la libertad. Actitud que en la práctica y al final de cuentas, resulta también en la pérdida de la seguridad.

Los sanos principios morales no se satisfacen cuando se acepta que el Estado puede, mediante la fuerza, despojar de su propiedad a sus legítimos dueños para entregarla a otros, aun cuando se considere a éstos últimos necesitados. No puede haber dos conceptos morales diferentes para juzgar los mismos actos. Si se condena moralmente el despojo de que Luis hace objeto a Pedro para dar a Juan, igual condena moral existe si el despojador es el Estado en lugar de serlo Luis. La situación, desde el punto de vista moral, no cambia por el hecho de que el despojo realizado por el Estado tenga sanción legal. La Ley escrita, por muy amplia que sea la mayoría que la ha dictado, no puede purificar los efectos inmorales que produce.

Lo Antiguo y lo Moderno

La controversia entre las distintas filosofías de la vida social está a menudo obscurecida por el criterio erróneo con que a veces se juzga indiscriminadamente lo antiguo y lo moderno.

Está muy generalizada la falsa creencia de que lo moderno necesariamente constituye una expresión de progreso.

Así como el mito sobre el poder ilimitado de las mayorías conduce a los mayores desastres e incluso a la destrucción de la propia democracia de igual manera, el mito de a superioridad de todo lo moderno, nos lleva a mantener errores por largo tiempo; como si la bondad de los conceptos dependiera de la oportunidad en que han sido formulados.

Una determinada concepción es correcta o no, independientemente de si ha sido formulada hace dos siglos o hace dos minutos. Sin embargo, constantemente oímos decir que ésto o aquello es irreversible, dando por sentado que, por haber sido adoptado en la época moderna, no puede con ventaja ser modificado para volver las cosas a un estado anterior, sin que quien así opina, se tome la molestia de profundizar el análisis, para conocer a ciencia cierta si aquel estado anterior era o no mejor y superior al actual, respecto a la materia en cuestión.

El mundo nunca ha conocido el pleno disfrute de la libertad, de acuerdo con la tesis ortodoxa de los partidarios de la misma. Pero ha habido épocas en que se ha disfrutado de mayor libertad que en otras. El momento actual de la historia de la humanidad no marca un máximo. En muchos países hoy existen más restricciones a la libertad individual que ayer y la tendencia es, en muchas partes, a que estas restricciones se acentúen, ampliándose correlativamente la esfera de acción del Estado, tendencia que suele contar con la aprobación de las mayorías y estar impulsada por el voto popular. Y aunque dicha pérdida gradual de la libertad no ha sido beneficiosa en ningún sentido, ello no obsta para que se le considere en muchos casos una tendencia progresista y se oiga decir al respecto, que no es posible volver atrás, como podría ser la mayor restricción de los poderes del gobierno aunque el hacerlo signifique un beneficio positivo para la sociedad. El progreso no tiene necesariamente carácter cronológico ni nada que ver con la mecánica del almanaque. El progreso tiene carácter de reconocimiento de errores y de aproximación a la verdad, en lo que podría llamarse marcha hacia el perfeccionamiento.

En resumen, así como las cosas y los conceptos son buenos o malos independientemente de que hayan o no sido adoptados o formulados por una mayoría, del mismo modo la bondad de aquellos tampoco depende del momento de la historia en que fueron adoptadas o formulados. Lamentablemente, la generalidad de la gente parece no entenderlo así. Para no equivocarnos pues en el juicio sobre los conceptos y las cosas, debemos despojarnos de los prejuicios y de la influencia del mito de la superioridad indiscriminada de todo lo moderno.

La máxima libertad para el hombre en su múltiple quehacer constructivo en este mundo, es el ideal supremo, acariciado siempre por el ser humano, desde que se tienen noticias de la existencia de la humanidad. A través de su trayectoria, la lucha secular por la libertar ha tenido suerte varia, marcando altibajos diferentes, según el momento y el lugar.

Con el progreso de la ciencia y de la técnica, el mundo moderno ha adquirido gran complejidad. La mayor cultura popular y la multiplicación y perfeccionamiento de los medios de comunicación y de transporte lo hacen propicio para la intensificación de toda suerte de intercambio y para el florecimiento de la libertad.

Sin embargo, la humanidad de nuestros tiempos sufre numerosas trabas en su intercambio. La libertad, no sólo está muy lejos de su plenitud, sino que hoy está en pleno crepúsculo si se la compara con épocas anteriores en las que, para beneficio y progreso de vastas sectores d nuestro planeta, tuvo mucha mayor amplitud que ahora.

En la actualidad el mundo está profundamente dividido. Desafortunadamente, tienden a ensancharse los sectores donde la libertad ha desaparecido por completo. El imperio comunista ha venido extendiendo su dominación en los últimos tiempos a pasos agigantados. Reducido a los confines de la llamada Unión de las Repúblicas Socialistas hasta el estallido de la última guerra mundial, después de dicha conflagración, se extendió a gran parte de Europa, Asia y Africa, aumentando considerablemente su influencia y poderío.

Por otra parte, en la mayoría de los países de lo que queda del mundo llamado libre, donde la libertad no ha desaparecido por completo, el creciente intervencionismo estatal en las democracias occidentales ha restringido las libertades individuales, de tal manera que, si no se invierte la tendencia la libertad corre peligro de ser destrozada por completo en todo el orbe, como consecuencia de una concepción equivocada de las prácticas democráticas e insuficiencia en la limitación del poder político. Debemos tener presente que el comunismo marca la etapa final y es la última consecuencia de todo proceso de creciente intervencionismo estatal. Cuando el Estado, a través de ese proceso, llega a controlar y ser dueño de todos los medios de producción, estamos en presencia de un Estado comunista que se caracteriza precisamente por su contenido esencialmente económico, consistente en el reemplazo de la propie­dad privada de los instrumentos de producción por la propiedad colectiva de los mismos. Al comunismo y. por tanto, a la muerte de la libertad, puede llegarse, no solamente por el golpe de Estado, sino también pacíficamente, en forma gradual y paulatina mediante el voto popular, cuando este reconoce cada vez mayor poder al gobierno y menos libertades al individuo.

Desde luego que, aún en el peor de los casos, en que desapareciera por completo de este mundo todo vestigio de libertad, esa situación no podría ser más que transitoria. El amor a la libertad es un sentimiento innato en el hombre, que tarde o temprano estalla en forma incontenible para imponerse contra cualquier forma de esclavitud.

Propiedad privada, mercado libre y gobierno con poderes limitados, son los tres pilares fundamentales en que se apoya toda sociedad verdaderamente libre, que hace posible la plena vigencia de la democracia y la libertad e impide que la primera destroce a la segunda y finalmente se suicide, como ha ocurrido ya reiteradamente en la historia de la humanidad.

El derecho a poseer bienes en propiedad es un derecho natural porque nace del derecho a la vida, que supone el de sustentarla o sea, disponer de los frutos del propio trabajo. La propiedad privada, condición indispensable para la existencia de la libertad, no es otra cosa que ese derecho a la libre disposición de los frutos del propio trabajo.

Teniendo, como lo tiene la propiedad privada, el carácter de derecho natural, debe estar fuera del alcance del capricho de los hombres que actúan en función de gobierno. Por eso, los constituyentes de la época de las organizaciones nacionales de muchas democracias occidentales, temerosos de las extralimitaciones del poder político, estamparon en aquellas Constituciones primitivas la declaración solemne de que la propiedad es inviolable. Hemos visto cómo, después y para abrir paso al creciente intervencionismo estatal que provocó la decadencia de la libertad aquellas primitivas cartas fundamentales fueron sufriendo modificaciones substanciales por efecto de reformas introducidas en sus textos y por interpretaciones judiciales.

El menoscabo que la propiedad privada sufre en nuestros tiempos, en mayor o menor grado, en vastos sectores del llamado mundo libre, se manifiesta, entre otras formas, a través de las políticas de expropiaciones y de los controles de precios.

Aquellas expropiaciones que se llevan a cabo para poner en manos del Estado instrumentos de producción que estaban en manos particulares, se realizan por distintos procedimientos y bajo diferentes denominaciones. Pero no importa que se les llame nacionalizaciones, socializaciones, estatizaciones o con cualquier otro nombre. Ello no cambia el hecho de que se ha procedido al reemplazo de la propiedad privada de los medios de producción por la propiedad colectiva de los mismos que, con mayor precisión, podríamos llamar propiedad estatal ya que la disposición y manejo de los bienes de que se trata, están en manos de burócratas que encarnan al Estado.

La forma comunista de producción y distribución de bienes y servicios por el Estado se cumple en cada una de las etapas en las que el gobierno se hace cargo de una rama de la economía. Cada etapa de éstas es una realización parcial del ideal comunista, que se cumple de modo integral cuando la forma de producción y distribución por el Estado se adopta de manera total.

La tendencia al reemplazo de la propiedad privada por la propiedad estatal contribuye en medida considerable a la hipertrofia gubernamental y al a gigantesca dimensión del Estado que, además de otros perjuicios, se traduce en la pérdida de la libertad del hombre, correlativa al crecimiento del autoritarismo estatal.

Los controles de precios por parte del Estado, son siempre contraproducentes. Agravan los problemas que pretenden remediar. Los precios máximos fijados compulsivamente por vía de autoridad, por debajo de los niveles naturales, desalientan la producción y estimulan la demanda. Los mínimos establecidos de la misma manera pero por encima de los precios naturales, estimulan la producción, desalientan la demanda. En ambos casos, la consecuencia del precio artificial fijado en forma arbitraria y compulsiva por el Estado, es la de producir efectos completamente contrarios a los que la sociedad necesita y el pueblo desea, según lo expresaría si el mercado fuera libre. Además, se vulneran con tales políticas de precios arbitrarios que desconocen los valores económicos verdaderos, libertades individuales básicas, como lo son las de comprar y vender.

Pero las libertades de comprar y de vender, en su esencia consisten en el ejercicio del derecho de propiedad que resulta menoscabado cuando alguien es obligado compulsivarnente por el Estado a desprenderse de un bien que le pertenece por un precio inferior a su valor verdadero o, por los mismos medios, impedido de adquirir algo que desea con el dinero que le pertenece, en las condiciones que voluntariamente está dispuesto a concertar con el vendedor.

La institución de la propiedad tiene categoría de derecho natural para el individuo no sólo porque se origina en el derecho a la vida, sino porque es inseparable de la libertad. No se concibe la independencia del hom­bre frente al Estado no otra cosa es la libertad sin el derecho a poseer bienes en propiedad, ya que en tales circunstancias el hombre depende del Estado para subvenir a todas sus necesidades. Y eso es precisamente lo que ocurre en las sociedades totalitarias. La situación no cambia para la vida de la libertad que el gobierno tenga o no origen popular.

El proceso de creciente intervencionismo estatal que se viene desarrollando en los últimos tiempos en la mayoría de las democracias occidentales, ha podido producirse y se sigue produciendo, facilitado por la falsa creencia de que la libertad es algo que puede sin peligro dosificarse y ser acordada o negada por el Estado, según la naturaleza de la libertad que se contemple. Por el contrario, la libertad es en verdad indivisible y el cercamiento de cualquiera de ellas, amenaza la existencia de todas las otras.

Lo que queda dicho es particularmente cierto en lo referente a la libertad económica. Posiblemente como consecuencia de lo sucedido en los tiempos contemporáneos en las democracias occidentales durante la guerra total desde luego, nada propicia para el florecimiento de las libertades individuales se ha operado una especie de acostumbramiento a las restricciones de la libertad y consiguiente concentración de poderes estatales, especialmente en lo tocante a la actividad económica. Terminada la guerra, muchos políticos se han aficionado a la acumulación de mayores poderes en sus manos y muchos ciudadanos se han resignado a una considerable reducción de la esfera de acción individual, perdiendo al propio tiempo el hábito de la constante lucha por la libertad, a fin de que ella pueda mantenerse siempre en la plenitud de su vida.

Es así que ha cobrado vigor el falso supuesto de que puede trabarse y aún suprimirse la libertad económica, sin que la vida de las otras libertades corra peligro. A quienes caen en este error común, se les escapa que, la máquina estatal puede, mediante instrumentos de carácter económico, restringir y aún impedir por completo el ejercicio de las otras libertades del hombre. Y puede hacerlo de manera sutil actuando incluso sobre la libertad de expresión del pensamiento en momentos en que aparentemente ella puede ejercerse de manera destabada. Por ejemplo, cuando el Estado no ejerce sobre el periodismo ningún género de censura y permite toda clase de crítica al gobierno, pero tiene en sus manos los intereses económicos de los diarios de propiedad particular a través de los controles de cambio y de la importación de papel. En esas circunstancias, los lectores de los diarios no pueden determinar el crecimiento de la circulación de un periódico de preferencia, sino en tanto el Estado se digne permitirlo no haciendo uso de la máquina de restricción que tiene montada cuya sola presencia significa a veces verdadera coerción moral sobre los periódicos. Se ve en este caso la importancia de la vigencia de la libertad económica para la vida de una libertad tan fundamental, como lo es la de imprimir y difundir las ideas por medio de la prensa. Podrían citarse muchos otros ejemplos de la relación e interdependencia de las diferentes libertades individuales que demuestran que la libertad es indivisible.

La plena vigencia de la libertad económicas se requiere no solamente para hacer efectivas las otras libertades individuales, sino también para acelerar el progreso económico de los pueblos y elevar al máximo en el menor tiempo posible las condiciones de vida de los sectores populares. Desde luego que, para que esto ocurra no basta restablecer con cuentagotas la libertad en la economía donde ella ha desaparecido. Debe hacerse efectiva con coraje y simultáneamente en todos los sectores económicos a fin de que todos los valores adquieran sus niveles naturales y, desde luego, acompañada de las medidas necesarias para sanear las monedas e independizarlas de los gobiernos, a fin de que estos no puedan utilizar la influencia como instrumento para finalidades demagógicas y se vean al propio tiempo obligados a equilibrar sus presupuestos. Por supuesto que, en este esquema, la propiedad privada, en su categoría de derecho natural, debe tener efectivamente el carácter de inviolable y desaparecer toda suerte de privilegios o ventajas.

Por la práctica de la libertad económica, además, se satisface plenamente la concepción democrática de la vida social, precisamente en los asuntos en los que la voluntad de las mayorías debe tener un campo de acción más vasto. A través de los mercados libres, la soberanía del consumidor decide acerca de la marcha de la producción y del consumo. Sus compras y abstenciones de comprar que tienen en los mercados libres el carácter de votos en un sistema de elecciones permanentes orientan al funcionamiento todo el mecanismo económico hacia la satisfacción de las necesidades y deseos populares, empezando por los que se manifiestan con mayor urgencia, siempre mediante precios libres.

Compárese la concepción democrática que traduce el respeto al mercado libre, o sea al pueblo que en él actúa con el concepto de la planificación de la vida social.

Los planificadores y dirigistas demuestran una completa falta de confianza y fe en el pueblo. No le permiten a éste expresar su voluntad libremente mediante el mecanismo de los precios, ya que se le impide influir en la formación de los mismos con libertad; puesto que sus niveles son fijados arbitrariamente por vía de autoridad. En una sociedad planificada, los burócratas que representan al Estado omnipotente y que pretenden estar siempre en posesión de la máxima sabiduría, son quienes deciden acerca de la mayoría de los actos de la vida de los ciudadanos. Estos se ven privados de toda facultad de elección, como no sea la que ejercen el día del comicio para elegir los mandatarios que resolverán por ellos acerca de la mayor parte de sus asuntos; lugar y clase de trabajo que pueden realizar, salarios que deben recibir, clase y cantidad de productos que han de consumir, precios que deben pagar por ellos, etc., etc. Los burócratas con facultades dirigistas se imaginan un tipo de sociedad determinado que, en su opinión, consideran superior. Y tratan de realizar ese tipo de sociedad que se han imaginado, utilizando la fuerza compulsiva del Estado, sin tomar en consideración la opinión de los consumidores, quienes no tienen manera de expresarse, desde que los mercados libres han sido destrozados. Deciden, con una suficiencia rayana en la temeridad, si ha de desarrollarse la industria o la agricultura, si determinadas cosas deben producirse en el país o comprarse en el extranjero, si debe o no intensificarse el ahorro, si puede o no consumirse tal o cual producto, si se debe o no permitir la radicación de capitales extranjeros, etc., etc. Todo ello con profundo desprecio por la opinión de los propios interesados: los consumidores. Esos burócratas prepotentes y jactanciosos tratan de justificarse con el socorrido pretexto que ellos interpretan las más altas conveniencias populares. Pero la verdad es que no permiten que esas conveniencias se expresen espontáneamente en el mercado libre de modo que, aún con la mejor voluntad, su pretendida interpretación acerca de los deseos del pueblo es siempre materia de adivinación.

Por el contrario, la libertad económica es la consagración de la voluntad popular. El pueblo elige libremente a través del mecanismo de los precios la clase de productos y los productores que estarán a su servicio. Y al permitir el máximo desarrollo en libertad de las energías creadoras del hombre, así como el más activo intercambio de sus productos y servicios mediante la división del trabajo apoyado en la propiedad privada, produce, en las mejores condiciones posibles, la mayor cantidad de la riqueza deseada por el pueblo. Así es como, en libertad, se logra el más alto nivel de vida para los sectores populares, compatible con las posibilidades de los recursos naturales y la técnica. La teoría lo demuestra y la práctica lo confirma.

Sin embargo, vastos sectores del mundo llamado libre, están todavía empeñados en restringir cada vez más la libertad económica y ello ocurre a menudo con el apoyo del voto popular a gobiernos cuyo poder no está efectivamente limitado.

Desocupación y Sindicalismo

La principal crítica formulada a la libertad económica ha consistido en la afirmación que, dejadas las cosas en el campo de la economía libradas a la espontaneidad de los mercados libres periódicamente se han de producir las llamadas crisis cíclicas con su secuela de desocupación en masa.

Es ésta una crítica injusta y carente de todo fundamento. La sana teoría demuestra y la práctica confirma que, en todos los casos, el desempleo es consecuencia de la acción directa o indirecta del Estado- Este hecho se mantiene en la penumbra para muchos, por efecto de la distorsionada y a menudo intencionada Interpretación de la demagogia, que utiliza el mercado de salarios como recurso electoral aprovechando la confusión reinante sobre estos asuntos.

El funcionamiento de la libertad económica supone la existencia de un mercado libre también para los salarios, igual que para todos los demás productos y servicios. Pero, aún cuando y donde estos últimos se intercambian libremente, por lo general, el precio del trabajo o sea el salario, está sujeto a controles que alteran su nivel natural, ya sea por acción directa del Estado que lo fija arbitrariamente contrariando las leyes del mercado, o por acción gubernamental indirecta, cuando se llega al mismo resultado por la violencia sindical no reprimida y cuya represión es indispensable para hacer efectiva la vigencia de las libertades de contratar y de trabajar.

Cada vez que alguien pide un precio por el producto que ofrece en venta superior al que está dispuesto a pagar el presunto comprador, La operación no se realiza. Si éste caso particular se generaliza se acumulan los productos no vendidos. Igual ocurre cuando en lugar de ser un producto. se trata de un servicio, como es el ofrecido por el trabajador a cambio de un salario. Si éste es más elevado que el que está dispuesto a pagar quien necesita el servicio ofrecido, el contrato de trabajo queda sin efecto y el trabajador desocupado.

Toda vez que los salarios son aumentados por encima del nivel natural libremente establecido por la oferta y la demanda, necesariamente se produce el desempleo. La alternativa es la rebaja del salario real simultáneamente con la elevación del nominal, mediante la influencia monetaria, treta ésta muy difundida por cierto en los últimos tiempos. Se aumentan los salarios nominales expandiéndose al propio tiempo la circulación monetaria y el crédito bancario, con lo que el nivel de los salarios reales se mantiene inalterado, evitándose así la desocupación que de otro modo se habría producido. Es decir, que el aumento de salarios por encima de su nivel natural produce indefectiblemente desempleo o inflación.

El hombre no es una mercancía, pero sus servicios sí lo son cuando los ofrece en el mercado y se hace pagar por ellos. En tal sentido la situación es la misma si se trata de un producto o un servicio lo que se negocia en el mercado. Con la particularidad en el caso de los servicios que se ha intensificado en los últimos tiempos en muchas partes de uso de las medidas de fuerza por parte de muchos sectores de trabajadores que los ofrecen, a cuyo efecto actúan en grupos organizados. Y el sentido de la masificación, indiferente al individuo, ha adquirido tal auge en algunos casos, que el sindicalismo se desenvuelve y actúa muchas veces respondiendo a una autoridad verdaderamente tiránica ejercida por ciertos dirigentes sindicales, en contra de la voluntad e intereses de muchos de los propios afiliados y, desde luego, de quienes desean permanecer ajenos a la actividad sindical.

El sindicalismo moderno frecuentemente no sólo distorsiona, mediante el uso de la fuerza, los mercados de salarios produciendo desocupación o el incremento de la inflación monetaria. A menudo su acción atenta también mediante la violencia contra las libertades de contratar, de trabajar y de asociarme. A veces por su acción, es imposible concertar un contrato de trabajo en un clima de libertad; el derecho a no trabajar suele convertirse en la obligación a particular en huelgas contra la propia voluntad; por último también acontece a veces que por acción sindical el derecho de asociarse se transforma en la obligación de pertenecer al tal o cual sindicato. El uso de la fuerza en estos casos, en lugar de estar reservado exclusivamente al gobierno como debería ser, para la protección de la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos, es utilizada por aquellos grupos organizados para atentar contra muchos de esos mismos derechos individuales fundamentales.

Resulta paradojal sin embargo que, por parte de muchos de quienes se titulan defensores de la democracia y la libertad se pretenda que, el tipo de vida sindical referido, con tales características, constituye una manifestación legítima de la vida democrática. No solamente nada tiene que hacer este tipo de sindicalismo con las sanas prácticas democráticas, sino que, menos aún puede contribuir a vitalizar las libertades populares. Por el contrario, la acción sindical desarrollada con las características señaladas, atentatorias de derechos individuales fundamentales, es eficaz instrumento liberticida. Por añadidura, esta clase de sindicalismo suele servir a los gobiernos de tendencia totalitaria, junto con la acción de asociaciones patronales digitadas por el Estado, a los propósitos de estructura corporativa de la sociedad.

Y todo ésto suele ocurrir bajo gobiernos elegidos democráticamente en comicios libres. Por un lado esos gobiernos intervienen en lo que no deben, extralimitándose en sus funciones y. por otro, no cumplen con su deber fundamental de hacer respetar la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos.

Ante el auge del autoritarismo de nuestros tiempos que alcanza su expresión máxima donde domina el imperio comunista y todo vestigio de libertad ha desaparecido por completo, debe reconocerse que la democracia por sí sola no es garantía de libertad para los países de occidente en que ella se practica. En las regiones del mundo donde la libertad todavía tiene alguna vida, ella está hoy corriendo permanentemente el riesgo de morir pacíficamente por el voto popular tal como ha ocurrido ya en otras épocas de la historia ni no se ponen frenos efectivos al poder político.

El exceso de gobierno es por parte de quienes lo practican, usurpación de poder y por parte de quienes lo consienten, abdicación de la libertad. La tendencia a la hipertrofia gubernamental se ve facilitada en occidente por la creencia falsa pero generalizada que es imposible que la libertad se pierda bajo formas democráticas de gobierno.

La tarea de esta hora, especialmente en las democracias incipientes, a nuestro juicio debe estar dirigida principalmente a que adquiera suficiente arraigo, especialmente en las clases pensantes de las sociedades, el concepto de la intangibilidad de los derechos naturales, única garantía para la libertad del hombre frente a la constante amenaza de avasallamiento por parte de los gobiernos autoritarios.