Año: 13, Enero 1971 No. 237

Inversiones Extranjeras en Centroamérica

III CONGRESO DE INDUSTRIALES CENTROAMERICANOS

TEMA No. 3

Por Ing. Manuel F. Ayau

Hay un hecho, reconocido por la ciencia económica y al alcance de todo aquel que desee ver las cosas tal como son, respecto al nivel de vida de los pueblos.

Es un hecho insoslayable; un hecho indiscutible. Es un hecho cuyo general reconocimiento es de urgente necesidad si en verdad se desea elevar el nivel de vida de la población.

Este hecho es el siguiente: el factor determinante del nivel de vida de los pueblos es el capital invertido per capita. O, puesto en términos prosaicos, que un hombre corta más madera con sierra eléctrica que con serrucho; es decir, que la productividad depende del capital invertido. Quizá parezca exagerado decir que la inversión per capita sea el factor determinante y por eso voy a explicar el sentido en que uso la palabra «determinante».

Efectivamente, el capital invertido per capita no es el único factor, también son factores importantísimos la educación, el grado de tecnología existente y los recursos naturales. Pero un país puede progresar, por ejemplo, sin tener sus propios recursos naturales (véase Holanda o Hong Kong) ya que si bien no se puede prescindir de ellos, lo importante es la disponibilidad de los mismos y no la posesión original. Se les podrá utilizar, provengan del mismo país o del extranjero, solamente si el capital invertido per capita lo permite.

El otro factor, la educación profesional y tecnológica, no concurrirá en ausencia de ese capital. Además de que serían inútiles en tal caso para la finalidad perseguida. Por consiguiente, afirmar que la inversión de capital es el factor determinante del nivel de vida de los pueblos no es exagerar, ya que los otros factores llegan a ser factores útiles sólo en la medida que existe ese capital.

El trabajador de una fábrica puede dar a su hijo una educación superior a la que él recibió, porque existe esa fábrica, es decir, porque la inversión de capital necesaria para elevar su productividad existe. Él tiene más suficiente para proveer esa educación a su hijo porque produce más, gracias a ese capital invertido que la fábrica representa. Sin ese capital no habría fábrica y habría un estudiante menos.

Estoy, desde luego, plenamente consciente que para el progreso de los pueblos se necesita un ordenamiento jurídico, y además, cierto grado de infraestructura, para lo cual es necesario proveer al gobierno de ingresos fiscales.

Pero el nivel de ingresos fiscales también depende de la cantidad de capital invertido per capita, pues depende exclusivamente de las contribuciones que de cada patrimonio o ingreso individual pueda obtenerse; y puesto que el ingreso individual de cada persona depende de la inversión de capital per capita, ésta determina necesariamente la capacidad tributaria del país.

De lo anterior se desprende, incidentalmente, que aunque la educación sea «gratuita» en el sentido de que el estado la provee sin cobrar su costo directamente al beneficiado, depende también de la inversión de capital per capita.

Analíticamente, los factores de progreso, cultura y educación técnica son, pues, producto de la inversión de capital per capita.

En el campo práctico se puede demostrar lo mismo observando que una industria compleja y nueva para un país subdesarrollado, un complejo petroquímico, por ejemplo, jamás se ha dejado de instalar donde conviene debido a la inexistencia de técnica en esa localidad. El capital se agencia de alguna manera cuando no está prohibido de los factores necesarios para su mayor seguridad y éxito.

Cabe aquí una aclaración muy pertinente. Al hablar de la inversión de capital per capita, debe entenderse, por supuesto, que esa inversión se lleve a cabo económicamente. Con ello quiero decir, por ejemplo, que la sobrecapitalización es de hecho una descapitalización desde el punto de vista económico, aunque contablemente sea lo contrario, pues una sobrecapitalización, por definición, no contribuye al aumento de la producción y además evita el empleo de ese capital en alguna otra producción. Es, por lo tanto, antieconómica.

La inversión para sustituir importaciones también es antieconómica, cuando en ausencia de protección arancelaria la inversión no fuese factible. Encarece los abastecimientos de los consumidores del producto sea materia prima, envase o bien de consumo, etc., y habrá privado de ese capital a otras producciones (el costo de oportunidad) u otros consumos.

Y, finalmente, por supuesto, el capital que se invierte equivocadamente por falta de mercado tampoco contribuye a elevar el nivel de vida por el solo hecho de ser invertido, por lo que también es antieconómica la inversión.

Entonces surge la pregunta: ¿hay manera de saber cuál inversión sí es económica o, lo que es lo mismo, cuál sí contribuye elevar el nivel de vida? La respuesta es sencilla: aquella que el plebiscito diario, llamado mercado, determina. Ello es así porque, puesto que el objeto de toda producción es en última instancia satisfacer necesidades de consumo (el aumento de la capacidad de consumo es el progreso), es únicamente a través de ese plebiscito y su manifestación cuantitativa, reducida a un común denominador que es la estructura de precios, que todos están manifestando qué es lo que constituye el progreso, cada quien según sus posibilidades y prioridades; respetando las prioridades y posibilidades ajenas a su vez; indicando qué es lo que debe producirse; cuánto de cada cosa en relación a otras; el grado de escasez de cada recurso en relación a los demás recursos; dónde se crearán las plazas de trabajo y quiénes dirigirán la inversión; cuáles son las inversiones que logrando satisfacer ciertas necesidades utilizan el menor número de recursos y combinación de los mismos, de tal forma que dejen disponibles el mayor número posible de ellos para satisfacer otras necesidades, todo esto, considerando cómo afecta su particular nivel de vida. Es decir, que el único medio de establecer objetiva y racionalmente cuáles son inversiones económicas y cuáles no lo son es a través de ese complicadísimo y maravilloso fenómeno llamado mercado.

Las reflexiones anteriores sobre la relación del capital invertido per capita en relación al nivel de vida permiten enseguida cuantificar los requerimientos y relacionarlo después a la inversión extranjera.

Imaginemos dos cuadros. Uno, a los pueblos de Centroamérica en su actual condición. Otro, a los mismos pueblos en un estado desarrollado. Indudablemente, comparando los dos cuadros veremos que mucho de lo que hoy se está haciendo ya no se hará. Muchas de las tareas que hoy hacen y muchas de las producciones quizás algunas que en el cuadro de hoy son de mayor importancia quedarán para que las hagan en otros países, los que entonces permanezcan subdesarrollados, si es que los hay.

En nuestra imaginación podemos ver que la transformación de un cuadro a otro, implica que nuevas y más productivas tareas desplacen de empleos marginales a ciertos obreros y campesinos. Algunos patronos, primero los «más» marginales, y seguidamente cada vez los «menos» marginales, no podrán conservar a sus trabajadores cuando se les presenten a éstos oportunidades con mejor remuneración. Esas mejores oportunidades sólo surgirán debido al capital que logra un incremento general en la productividad y la producción del área, las cuales hacen posible aumentar los salarios reales.

Existirán muchos otros fenómenos en la transformación de un cuadro al otro. Pero no se puede cambiar el cuadro si no se provee el capital.

Ahora bien. Cuantifiquemos, aunque sea en forma muy aproximada, el capital que se necesita para cambiar el cuadro:

Conservadoramente, se necesita hoy día un promedio de CA$20,000.00 por plaza de trabajo en establecimientos que tengan la productividad requerida en el cuadro de prosperidad. En Centro América hay unos 13 millones de habitantes, de los cuales el 20%, 2.6 millones, son trabajadores, cantidad que supongamos, aumenta en 3% anual, o sea, en 78,000.

A razón de CA$20,000.00 por trabajador, y suponiendo que el 80% de los trabajadores hoy por hoy no trabajan en plazas de alta productividad, se necesitarán CA$41,600 millones, más CA$1,560 millones anuales. Suponiendo que el 15% del PBN centroamericano es capitalizable (PBN = 4,500 millones) nos da una disponibilidad de CA$675 millones, dejando un déficit es de CA$885 millones anuales, más CA$41, 600 millones de déficit acumulado.

No es necesario presentar más evidencia para demostrar que, o importamos capitales, gran cantidad de ellos, o estaremos condenando a nuestra población a la pobreza permanente.

Recordemos que todo el capital centroamericano disponible, ya está invertido. Que la única fuente de nuevo capital son las utilidades o los ingresos que a alguien le sobran sobre sus requerimientos de consumo. Cierto es que mucho capital se ha fugado. Pero ello es consecuencia (y no causa) de las actitudes y su reflejo legislativo e impositivo que hoy prevalecen y que también habrán de cambiar antes de cambiar el cuadro.

Los Problemas de la Inversión Extranjera

Todo cambio implica abandonar una ma­nera de hacer las cosas para hacerlas de otra. Obviamente, no es posible cambiar evitando el cambio y ello implica sacrificios.

A pesar del progreso que se deriva del aumento de capital invertido económicamente, la inversión extranjera obliga, principalmente a las minorías que hoy poseen y manejan el capital, a correr riesgos, algunos de ellos fatales. El progreso es inseguro, impredecible y despiadado. Analicemos ahora algunos argumentos corrientes adversos a la inversión extranjera. Primero, un argumento de principio

Se argumenta que la inversión extranjera debe ser calificada por el gobierno utilizando algún criterio que permita determinar si es conveniente o inconveniente y, por consiguiente, autorizarla o desautorizarla de acuerdo con ese criterio. Pero, ¿qué significa esa propuesta sino la sustitución de entes discriminatorios?

¿Debe ser un gobierno, que por naturaleza es político, sujeto a grupos de presión organizados y cabilderos, quien determine cuáles competidores deben existir y cuáles no? O, ¿debe dejarse la decisión al plebiscito diario? ¿Cuál ente debe tener esa facultad discriminatoria?

La respuesta es automática, según la teoría que a priori se considere conveniente, referente al régimen económico que debe privar en un país, considerando todas sus consecuencias. Las alternativas son: régimen de libre empresa o economía dirigida.

Se argumenta que no es un asunto «blanco y negro». Pero sí es «blanco y negro», pues se trata de una pregunta muy concreta y sencilla, que se reduce a: ¿deberá el gobierno tener la facultad discrecional de impedir que una persona establezca un negocio lícito (es decir, que no está prohibido y, por lo tanto, no ha sido declarado inconveniente) por el hecho de ser la persona extranjera? La pregunta no se debe contestar con evasivas, aunque tampoco, en sí, la contestación prejuzgue sobre el mérito de la postura a priori en que se funda.

Comúnmente se argumenta sobre la conveniencia de que el gobierno decida sobre la conveniencia de las inversiones extranjeras que podrían desplazar a capitalistas locales. Desde el punto de vista práctico, se necesitaría que el gobierno tuviera la certeza de que, por ejemplo, un potencial competidor extranjero, debido a ventajas de cualquier índole que posea, al desplazar a un productor local, causará daño al país, para que así, al evitar su establecimiento, se estará evitando un perjuicio. De lo contrario, estará evitando un beneficio.

Pero, ¿existe acaso manera alguna de acertar en tal juicio? Todo cabe dentro de lo posible, pero lo probable es lo que importa. Si ese competidor prevalece a juicio del mercado, la gran mayoría de los casos es porque obtuvo un beneficio real para los consumidores, ya que si bien es posible engañar a algunos algunas veces, no es probable engañar a muchos continuamente.

El precio de la discriminación gubernamental, me atrevo a aseverar, sería muy grande, pues implica impedir una inversión a pesar de que el dueño del capital está dispuesto a invertirlo porque ha de suponer que sí va a tener éxito, y no es probable que autoridades burocráticas conozcan mejor las intimidades de cada negocio que las personas que a ello se dedican. Y al fin y al cabo, si se equivocó el extranjero y pierde su capital, desaparece al igual que si se le hubiere impedido entrar.

De manera que si un gobierno por arte de magia fuera infalible y omnisciente, sólo podría servir para que un extranjero evite la posibilidad de pérdida, puesto que no prohibiría las empresas que «van a tener» éxito. En tal caso, su intromisión es innecesaria por ser inocua en cuanto a los intereses nacionales, y tampoco está justificada si su objetivo es proteger a los extranjeros. De manera que aun en el mejor de los casos, si la intención es buena y sincera, la intromisión no se justifica desde el punto de vista de los intereses nacionales.

Se argumenta que el capital extranjero es dañino cuando compra empresas nacionales. Si es capital extranjero compra una empresa nacional, de hecho está liberando al capital nacional para otras utilizaciones y no destruyéndolo. Lo probable es que no existe capital extranjero para esas otras utilizaciones que son más fácilmente aprovechables por un nacional, por el simple hecho de ser nacional y tener mejor conocimiento del medio ambiente y que, por razones de prioridad, no podían ser atendidas antes ni por nacionales ni por capitales extranjeros. El comprar un negocio ya establecido representa una garantía al extranjero que bien la paga. Y en este caso, después de su entrada, estará invertido tanto el capital extranjero como el nacional «desplazado» o, mejor dicho, liberado.

Ocurre también que capitales extranjeros instalan industrias en alguna localidad donde ya el mercado está atendido por un productor nacional. Debe tenerse muy presente que en la mayoría de estos casos, esa inversión no se llevarla a cabo si no fuese por la protección arancelaria que impide abastecer ese mercado desde el exterior. En ausencia de esa protección arancelaria, y en estos casos, la competencia del extranjero ha sido inducida por la misma política de industrialización a base de proteccionismo. Tampoco debe extrañarnos que la competencia de este tipo de inversión sea mucho más agresiva y dañina para el inversionista local que la del mismo productor como competidor desde el extranjero, pues una vez ha invertido capital en el área, se esforzará más en el éxito de sus ventas para proteger su inversión, incluso a base de incurrir en pérdidas temporales; esto no sucedería al mismo grado si estuviera simplemente compitiendo desde el exterior por medio de su departamento de exportación, a un mercado «más», sin inversión de capital.

Se habla, de la posible «dominación» del capital extranjero si se deja la puerta abierta sin reglamentación. Se trata aquí de una inferencia falaz que consiste en darle un sentido equivocado a un concepto estadístico descriptivo. Si ocurriera, por ejemplo, que el 60% de la industria de cerámica estuviere en manos extranjeras, correctamente podrá decirse que entre los dueños de industrias de cerámica hay más extranjeros que nacionales. Estadísticamente dominan, igualmente como puede decirse que la profesión de dentista está dominada por personas de pelo castaño. Pero la palabra «domina», en el sentido no estadístico, presupone acción concertada para una finalidad, e inferir que por ser extranjeros la mayoría de los propietarios de industrias de cerámica no compiten vigorosamente o que impiden que nacionales entren en el negocio y que tienen poder político o económico, podrá ser persuasivo para combatir la inversión extranjera, pero es instrumento de exageración falaz y demagógico.

Generalmente puede observarse, especialmente en el mundo de hoy, que las empresas extranjeras están lejos de tener poder político. Demagogos insignificantes pero bulliciosos mantienen en jaque a empresas enormes, y la arbitrariedad con que son tratadas por cualquier gobierno todos los días ya ni constituye noticia ni causa asombro.

La objeción a la «fuga» de divisas en utilidades de los inversionistas extranjeros debe también apreciarse en su justo lugar. Claro que sería mejor que un país se quedara con la totalidad de la riqueza creada, incluyendo las utilidades. Pero esa alternativa no se da en nuestro caso, pues, por un lado, sin la perspectiva de llevarse sus utilidades no habrá inversión extranjera, con las consecuencias ya apuntadas. Por otro lado, las utilidades extranjeras son parte de la riqueza creada, es decir, del incremento de riqueza, quizá experimentado debido a ella misma. No se trata, pues, de una disminución de riqueza previamente existente, sino de un aumento de riqueza menor al que sería posible si ese capital fuera nacional, con la salvedad que no existiría tal aumento en ausencia de esa inversión.

La inversión privada extranjera comparada con los préstamos para desarrollo tiene las ventajas: 1) si esa inversión no genera riqueza, no hay que devolverla; 2) se remunera sólo en la medida en que produzca riqueza, es decir, en la medida en que contribuya a elevar el nivel de vida; 3) no obliga ni al gobierno ni al pueblo a condición alguna, pues, por el contrario, se tiene que sujetar a las normas legales y a las costumbres del país y, 4) no cumple finalidades políticas.

En realidad, son muy pocos los negocios de muy alto rendimiento en relación al capital y, por supuesto, la utilidad es aún menor en relación al producto total.

CONCLUSIÓN

En conclusión, considero que el problema de Centro América más urgente y crítico es el de lograr la afluencia de capital para poder dar trabajo a su creciente población.

Sin embargo, para lograrlo, las actitudes, tanto de los gobiernos como de los intelectuales, y de los capitalistas centroamericanos, tendrá primero que cambiar, pues actualmente las actitudes no son conducentes a atraerla.

Si nuestro deseo es proteger el status quo, me temo que lo lograremos. Las alternativas son: o aceptamos los riesgos de la libertad de empresa con todas sus implicaciones, con patriotismo y sin nacionalismo, o aceptamos las consecuencias de la ausencia de libertad: el subdesarrollo, el desempleo y la pobreza.