Año: 13, Julio 1971 No. 249

EL DILEMA DE LA IZQUIERDA

Manuel F. Ayau

A los izquierdistas no les gusta el régimen basado en la igualdad ante la ley, porque tal estado de cosas deriva en desigualdades de otro género que para ellos son injustas e inaceptables.

El régimen liberal se basa en el establecimiento de normas legales que demarcan la esfera de lo que es acción lícita, dentro de cuyo ámbito el hombre es libre de escoger sus metas y los medios para lograrlas. La demarcación tiene como fundamento los derechos individuales previamente definidos, en forma general, sin tener en cuenta a quién va a afectar, ni cómo lo afectarán. Tampoco considera circunstancias específicas ni personas determinadas.

El régimen liberal se basa en la idea de que es de interés y beneficio social el hecho de que existan estos derechos inviolables, pues son necesarios para que haya paz y progreso. Estas normas, si bien protegen derechos individuales, son normas generales. Es decir, se da por sentado que si bien el interés general priva sobre el interés particular, no priva sobre el derecho en general, el cual no es más que el derecho individual de todos. De modo que es de primordial interés general que exista y se respete el derecho general individual. No existe, pues, conflicto entre el interés general y el derecho individual.

En cambio, bajo otros sistemas, las normas se adoptan con base en la forma que afectan los intereses (no los derechos) y las circunstancias, pues la conveniencia o inconveniencia de cualquier acto se determina precisamente de acuerdo con las consecuencias materiales que tenga sobre determinada persona, grupo o clase.

Por ello, aunque la mayoría de izquierdistas no lo saben, su posición confronta un insoluble dilema. Sí la mayoría de izquierdistas no están preocupados por ésta es porque su análisis de los problemas es tan superficial que aún no han descubierto su propio dilema.

EL DILEMA:

El dilema consiste en que las consecuencias de las medidas que recomiendan, para ellos son indeseables. Surge, entonces, la pregunta, ¿por qué las proponen? Increíblemente, porque debido a la superficialidad de su análisis, no se dan cuenta de las consecuencias. Claro que se podrían explicar, pero francamente cuesta mucho, porque, o no las oyen, o no se quieren quedar de repente desnudos de ideas, o bien tienen ya tantos prejuicios que son incapaces de seguir un proceso lógico de análisis.

Por ejemplo: una medida muy recomendada consiste en que los empleados participen en las utilidades de las empresas. Eso es muy fácil decirlo así, sin decir cómo, ni medir todas las consecuencias. Y por ello, nunca dicen más; se limitan a afirmar que esa participación es conveniente porque «sería justa».

Sería interesante que dijeran cómo debe hacerse esa participación. ¿Debe, por ejemplo, repartirse la utilidad que esté por encima de una «ganancia justa»? Surge entonces la pregunta, ¿cuánto es una «ganancia justa»? ¿El 10, 20, 30, o cuánto por ciento en relación a la inversión? O bien, ¿deberá establecerse basando la «ganancia justa» en relación a otro concepto? Si así es. ¿cuál es ese concepto?

Supongamos que se establece que una ganancia justa equivale al 20% de la inversión y que el excedente debe repartirse. Surge entonces la pregunta: una vez la administración de una empresa logra una utilidad de 20%, ¿qué justificación tendría el invertir capital que aumente la productividad de la empresa desde el punto de vista de quienes tendrán que aportar ese capital, si el invertirlo allí les priva de la oportunidad de invertirlo en otra cosa cuyo rendimiento, aunque quizá menos económico o conveniente, sí será del que lo invirtió?

Si se dispone que la ganancia justa es el 10%, el efecto antieconómico en el desarrollo del país sería mayor; y si se establece que es el 30%, sería inocuo en cuanto a los salarios se refiere, por la poca frecuencia con que tal caso se da. O ¿creerán que ganar 30% es corriente?

Supongamos que no pretenden establecer lo que es una utilidad justa, sino simplemente que de toda utilidad se repartirá el 10, 15 ó 50%. (La lástima es que no podemos criticar una propuesta concreta porque no la hacen).

Supongamos que es el 25%. ¿Quiere esto decir que si hubiesen dos zapaterías, una más eficiente que la otra, simplemente porque los dueños de la primera invirtieron en maquinaria más moderna y aumentan sus utilidades, se verían obligados a pagarle más a los zapateros que aquel que no invierte? Esto traería, por ejemplo, este dilema: las empresas de mucho capital y poca mano de obra pagarían un salario mucho mayor que las que ocupan mucha mano de obra en relación al capital, simplemente porque una cierta utilidad se dividiría entre pocos trabajadores, aunque sea exactamente el mismo oficio, digamos, plomeros. Entonces, ¿qué impediría que los trabajadores de una fábrica fuesen a ofrecer sus servicios a la que mejor remunera, pujando así el salario total anual para abajo, aproximándolo, desde luego, al salario que generalmente se paga? ¿Habría que prohibirlo? Porque (por encima del salario mínimo) nadie está obligado a emplear a una persona determinada si otra persona está dispuesta a hacer lo mismo por menos, ¿O habría qué prohibir eso también para que la medida no sea inocua? Entonces surge nuevamente el dilema: para que la medida no sea inocua hay que prohibir la oportunidad de solicitar empleos ya ocupados. ¡Hasta ahí supongo que no querrán llegar. Qué dilema!

¿Cuántas empresas manufactureras o agrícolas ganan el 20% de su capital? Primero, habría que cuantificar eso de las fabulosas utilidades de que tanto hablan, pues ni en una sola ocasión he leído u oído que mencionen cantidad. Y aunque ello frustre al izquierdista, la realidad es que las utilidades son ínfimas en relación al número de trabajadores o salarios pagados y, por lo tanto, aunque se repartiera el 100% de ellas, el ingreso real del trabajador no aumentaría mayor cosa, bajo el improbable supuesto de que seguirían produciendo en esas circunstancias, pues lo más probable es que habiéndose eliminado en parte o totalmente la razón de ser de la inversión, los salarios se irían para abajo rápidamente.

Si repartir el 100% de las utilidades no aumentaría los salarios significativamente, ¿qué efecto puede tener el repartir una fracción de ellos? Tales medidas sólo disminuyen en algún grado la demanda de trabajadores, es decir, sus oportunidades reales de mejorar.

Como los izquierdistas son bien intencionados no podrían aceptar las consecuencias de su propuesta. Este es su dilema.

¿QUÉ SON LAS UTILIDADES?

Las utilidades son economías derivadas del uso de combinaciones de recursos (incluyendo mano de obra), cuyos precios el empresario los encuentra dados y es muy poco lo que puede influir sobre ellos; combinaciones de recursos que utiliza para producir algún bien o servicio cuyo precio tampoco lo fija él.

En un momento dado existe una estructura de precios para todo; y una empresa se establece y funciona porque puede producir algo para venderlo al precio que existe en el mercado, utilizando recursos al precio que los encuentra en el mercado, y produciendo a la vez un beneficio.

Quizá se supone que el empresario fija el precio de su producto. Entonces cabe la pregunta: si es cierto que se puede arbitrariamente fijar el precio que cubra los costos, ¿por qué hay tanto negocio que no es factible?

Si fuera tan sencillo poner un precio que cubra los costos en cualquier caso, ¿qué no se podría fabricar? Y, ¿quién sería pobre, si para dejar de serlo únicamente tuviese que subir el precio del servicio o producto que vende?

Para poder comprar cualquier cosa, una persona sólo tendría que subirle el precio a lo que él vende y así obtener suficiente dinero para todo lo que quiere.

Al empresario se le culpa de no pagar mejores salarios. El empresario es un ciudadano que, como cualquier otro, no tiene obligación de tener una empresa. Si él tiene obligación de repartir sus ingresos netos, ¿por qué no la tienen el abogado, el doctor o el político?

Y esto es parte del dilema de la izquierda, que no puede establecer iguales obligaciones para todos, en general y en abstracto, es decir, en forma justa. Porque si algunos tienen una obligación ¿por qué razón no la tienen otros para mantener el principio de igualdad ante la ley, sin discriminaciones, según la ocupación de cada cual? ¿O estimarán correcto discriminar según su ocupación? ¿Cuál será la norma de discriminación? ¿O es la norma la ausencia de regularidad?

¿Será la norma, acaso, de que el que por cualquier razón ofrece un empleo, tiene obligación de ofrecer más remuneración que quien a nadie ofrece empleo?

¿Acaso será mejor que se prohiba el «empleo marginal», el que por circunstancias económicas de la empresa o naturaleza del trabajo no puede ganar más de un mínimo? La ley del salario mínimo es eso lo que prohibe, pero esa ley no crea empleos donde los trabajadores se puedan emplear mejor. Sólo prohibe al trabajador emplearse por menos del mínimo. No obliga a nadie pues jamás podría hacerlo a emplear al mínimo o a más del mínimo. Por lo tanto sólo obliga al trabajador a cambiar un mal sueldo por ningún sueldo; disminuye la demanda de trabajadores (cuyo aumento es lo único que puede causar que suban los salarios) y causa que los desempleados vayan a «pujar» para abajo, los salarios que están arriba del mínimo.

Es decir que, como lo reconoce la Organización Internacional de Trabajo, (organización a la que no se le puede acusar de estar a favor de los patronos), el efecto del salario mínimo es el de bajar los salarios y causar desempleo.

Y he ahí de nuevo el dilema de la izquierda: las consecuencias de las medidas que propugnan son contrarias a las finalidades que persiguen.

Por eso sólo critican lo malo del mundo real; las limitaciones de los hombres; lo imperfecto del universo; con lo cual, en vez de fomentar la paz, que es lo que desean, fomentan aspiraciones inalcanzables, el descontento y la violencia, todo lo cual es contrario a sus intenciones. ¡Qué dilema más penoso!

Quieren libertad, pero saben que la libertad no le garantiza bienestar a nadie. Que si bien conduce al hombre a ser responsable de sus propias decisiones, conlleva riesgos.

Saben que la libertad hace a los pobres menos pobres, pero que también hace más ricos. Quieren seguridad para todos, pero saben que seguridad implica ausencia de libertad. ¿O realmente lo sabrán? Lo han de intuir, porque no es difícil colegir que para quitarle a algunos el fruto de su trabajo, sea mucho o poco, con el fin de asegurarle seguridad a otros, es menester quitarlo mediante la amenaza de la fuerza (legal aunque no siempre legítima), es decir, hay que destruir la libertad de unos. Hay que abolir la norma general de igualdad de derechos y entrar en régimen arbitrario: unos son «más iguales» que otros. Y esto también es parte del dilema de la izquierda, porque la discriminación es inaceptable para ellos.

[i] Izquierda se usa en este artículo como sinónimo de antiIiberal, y liberal, en el sentido clásico de la palabra. Incluye todas las ideologías extrañas a la naturaleza del hombre. Incluye, por tanto, todos los sistemas sociales inventados, tales como socialismo, nazismo, comunismo, planificación económica, peronismo, etc.