Año: 14, Junio 1972 No. 272

Por qué las Empresas Deben ser Privadas

Manuel F. Ayau

Una de las lecciones más costosas para la sociedad es aprender por qué las empresas que prestan servicios o fabrican y distribuyen bienes no deben estar en manos del gobierno, en una democracia liberal.

Digo en una democracia liberal porque, evidentemente, en un gobierno totalitario, todo el poder debe estar en manos del gobierno, toda la producción debe ser estatal, vale decir, socializada.

Paradójicamente, en los países socialistas de Europa Oriental se jactan de que están tratando de «descentralizar» las decisiones para que las empresas se manejen «como si fuesen» privadas, en aras de la eficiencia. La lección ya la aprendieron ellos, pero se encuentran con el dilema que si las empresas se vuelven privadas, llegan los tanques rusos. Ellos no podrán ordenar las cosas como saben que deben ser ordenadas en tanto no desaparezca el régimen comunista en Rusia misma.

Para los propósitos de este argumento sobre empresas gubernamentales daremos por sentado que dichas empresas son manejadas por personas capaces, honradas, y con el sincero deseo de que su gestión tenga éxito. Excluimos, pues, para facilitar el análisis, la posibilidad de que estas empresas gubernamentales sean manejadas por personas escogidas por compadrazgos aun cuando no sean idóneas.

Eficiencia. Todo acto productivo en un mundo incierto es en algún grado especulativo. En una empresa hay, por supuesto, una proporción abrumadora de actos rutinarios, puramente burocráticos, en comparación con los actos estrictamente empresariales. Inclusive, muchos actos gerenciales son puramente burocráticos en tanto no impliquen decisiones basadas en probables situaciones futuras, es decir, especulativas. En cuanto la situación demanda una decisión de actuar con riesgo de que el resultado esperado no se logre, existe algún grado de especulación, un riesgo.

Un fracaso, grande o pequeño, puede ocurrir por muchas causas. Puede ser que una decisión juiciosa y acertada resulte en un fracaso simplemente por razones meteorológicas, o porque alguna innovación imprevisible cambió las circunstancias, o porque otros factores coadyuvantes sufrieron modificaciones. En un mundo cambiantey cambiante debe ser si existe el progreso nadie puede tener certeza absoluta respecto del futuro. Es ese precisamente el ámbito de la decisión empresarial. Las otras tareas administrativas son simplemente burocráticas dentro de la empresa, y supondremos también que ellas se llevan a cabo con igual eficiencia en una empresa estatal que en una privada.

Ahora bien, ¿es dable esperar que una misma persona ejecute actos especulativos con la misma actitud cuando dirige una empresa privada que cuando dirige una gubernamental? ¿Existen factores que influyen la decisión en el caso de una persona que maneja una empresa estatal y que están ausentes si la empresa es privada? ¿Y afectan esos factores la eficiencia?

En una democracia liberal las empresas del gobierno son del pueblo. Los fondos públicos deben manejarse dentro de normas que garanticen absoluta probidad. El actor debe estar sujeto a responder con su propio patrimonio por el «mal» uso que haga del patrimonio del pueblo propietario.

Si, por otra parte, una decisión empresarial afecta patrimonios privados, los jueces son los propietarios que voluntariamente arriesgaron su patrimonio. Si el empleado el gerente comete mas desaciertos que aciertos se le quita la responsabilidad de nuevas decisiones. Pero no existe culpabilidad legal; que sus fracasos sean o no atribuibles a él o a otras circunstancias es algo discutible, pero aparte de actos delictivos, quién tenga la razón no viene al caso. Lo pasado, pasó, la ganancia o pérdida ocurrió, y en cuanto al empresario atañe, el riesgo para su patrimonio no existe.

Pero si se desea que los fondos públicos se manejen con probidad, no se puede evitar el establecimiento de normas que responsabilicen a quien está encargado de los mismos.

El tener que comprar escogiendo recursos (máquinas, materias primas, y emplear personal) y decidir sobre oportunidades mutuamente excluyentes, y tener sobre todo la presión de que cada decisión que necesariamente debe tomarse a priori se juzgue a posteriori, impone una cautela, una indecisión que perjudica la eficiencia.

Es necesario un totalitarismo fuerte para que nadie se atreva a poner en duda el acierto de los empresarios estatales, salvo sus propias autoridades, las que naturalmente esconderán su error cuando escogen mal a sus autoridades subalternas. Pero en una democracia, tal circunstancia no se puede dar sin dejar de ser democracia.

No se trata, pues, de incapacidad o falta de honradez por parte de los que administran empresas públicas. Es simplemente que las circunstancias no conducen a decisiones oportunas y eficientes.

Tómese por ejemplo el tiempo que se necesita para una compra. Una compra no puede ser negociada. Tiene que ser licita da. Pero para la compra de equipos, mientras más complicados son, más diferentes son las alternativas y no es eficiente compararlas únicamente a base de precio. Sin embargo, en una licitación pura si la pudiese haber el único criterio para escoger entre los que llenan las bases es el precio, puesto que la calidad está determinada en las bases. Si un FORD y un CHEVROLET llenan las bases, no quiere decir que sean iguales. Las bases no deben describir un Chevrolet o un Ford exactamente, pues entonces los carros que no se ajustan a la descripción estarían fuera de las bases. Desde el punto de vista del usuario un carro tendrá unas ventajas y desventajas en comparación con otro. Sin embargo, la decisión debe estar justificada ante los ojos que posteriormente van a juzgar la decisión. Eso podrá no ser gran problema con un carro. Pero imagínese las diferencias entre un complejo telefónico y otro. Por ello, para ampliar una red, la compra del equipo nos lleva años de años.

Y lo peor de todo es que aunque los funcionarios encargados actúen escrupulosamente, sus adversarios políticos probablemente dirán lo contrario para desprestigiar a sus rivales políticos. Esta posibilidad conduce hasta la inacción para evitar el riesgo Las economías derivadas de la eficiencia en decisiones oportunas empresariales no son, por lo tanto, probables de lograr en una empresa estatal.

Innovación. El progreso consiste en innovar constantemente. Adoptar métodos mejores. En el ámbito de la competencia entre empresas privadas el que primero innova acertadamente obtiene ganancias e indirectamente induce a sus competidores a innovar.

Cuando una empresa del gobierno moderniza, siempre lo hace tarde, pues no sería probo estar experimentando con fondos públicos. Cuando al fin innova, adopta métodos que son de comprobada utilidad, pero que frecuentemente también ya son antiguos. Las economías provenientes de la modernización son así postergadas continuamente.

Demagogia. En un país democrático la estabilidad en el poder se deriva de la opinión pública, del grado de popularidad de que goce un gobierno. Y siendo el primer objetivo de un gobierno, el estar en posibilidad de gobernar, vale decir, mantenerse en el poder, necesariamente debe complacer al mayor número posible de personas.

Los beneficios que cada persona obtiene de cualquier empresa son a largo y a corto plazo. El gobierno en una democracia está sujeto a sufragio a plazos cortos. Existe, por lo tanto, una natural tendencia a decidir a favor de soluciones cuyos efectos sean de corto plazo aunque quizá fuese más beneficiosa la alternativa a largo plazo. En los casos que así ocurre el país pierde las economías que pudo haber logrado optando por la solución más económica.

Tal es el caso, por ejemplo, cuando una empresa estatal confronta la decisión de modernizar para bajar el costo y el precio de un servicio, pero que el cambio implicaría desplazar a una buena cantidad de trabajadores.

Indudablemente se sopesará el aspecto político. Se tendrá que decidir a qué sector de la población se obliga a sufrir: a los trabajadores que serían desplazados o a todos los que se beneficiarían de un servicio más eficiente y barato. Y, desde el punto de vista político es menos dañino no causar despidos, pues los usuarios no reclamarán por el hecho de que continúan pagando caro algo que en circunstancias diferentes, pero no evidentes, pagarían más barato.

Las economías que no se lograron no se ven precisamente porque no se logran. El progreso implica el continuo desplazamiento en ocupaciones. En el grado que se evite artificialmente ese desplazamiento, en ese grado se evita el resultado: el progreso. Si no se quiere pagar las incomodidades y sacrificios que implican progresar, no se puede progresar.

El exceso de personal en empresas estatales es evidente cuando se hacen comparaciones con empresas privadas similares, y significa un gasto social improductivo, pues priva de recursos financieros y humanos a otras actividades desatendidas.

Bienestar Laboral . Generalmente los trabajadores gozan de mejores condiciones en empresas privadas que en empresas de similar naturaleza que son del gobierno. La razón es sencilla: un patrón particular no tiene jamás el mismo poder ni jurídico ni económico que el gobierno tiene sobre el trabajador.

Ante el estado no cabe recurso alguno en la práctica, porque cuando actúa en contra del trabajador lo hace para «proteger los sagrados intereses del pueblo» y ¿quién es ese trabajador que desea anteponer sus intereses a los del pueblo?

Por todo ello, los trabajadores de los gobiernos en todo el mundo se rigen por un estatuto diferente al que rige las relaciones privadas, y aunque en algunos casos ese estatuto es más favorable al trabajador que el privado, ello es la excepción, y probablemente es una excepción temporal. A la larga la experiencia así lo demuestra.

Justificación Dudosa de Empresas Estatales

Algunas de las razones que se aducen en favor de las empresas estatales son:

1) Hay ciertos servicios de primordial importancia que no deben ser lucrativos.

2) Las empresas de gran envergadura están fuera de las posibilidades privadas.

3) La empresa gubernamental no lucra, lo cual se traduce en un servicio más barato para el público.

I. Analicemos el primer argumento. Pongamos en orden de importancia los bienes y servicios siguientes que debe obtener un pueblo civilizado: debe obtener comida; en seguida albergue, después vestido. En seguida, debe poder mandar mensajes escritos (correo) y mensajes hablados por alambre (teléfonos). Pongamos aquí energía eléctrica para comodidad y para economizartrabajo. Y para que no sea muy larga la lista, pongamos por último facilidades de carga y descarga en los puertos, y medios de transporte.

Podrá discutirse que entre los últimos cabe otro orden de importancia social, pero creo haberlos colocado en un orden de importancia generalmente aceptado. Pues bien, obsérvese que la prioridad de los gobiernos para suplir esos servicios es exactamente el opuesto. Aun en Rusia tuvieron que abandonar el plan de que el gobierno provea el alimento, ante la tragedia de hambre masiva que produjo. Quiere decir que lo más importante se tuvo que dejar en manos privadas.

Tomemos la ropa. En los países donde el estado es el dueño de las fábricas de ropa, la cantidad y la calidad son bajísimas. Olvídese la moda: Todos están casi o totalmente uniformados. Y el costo es más alto que con modas, aunque el precio fijado por el gobierno sea barato.

Las empresas que está en boga encargar a los gobiernos son secundarias y simples. Generar y distribuir energía eléctrica ha sido desarrollado a tal grado de eficiencia y rutina técnica por la empresa privada que hoy es posible que los gobiernos lo hagan aun con su ineficiencia característica. En teléfonos y telégrafos se da el mismo caso. Claro que como son monopolios gubernamentales no es factible compararlos con circunstancias privadas, y por lo tanto, la falta de economía no es apreciada.

El argumento se aplica a todas las empresas estatales, pero sólo se puede apreciar en aquellas empresas que por cualquier circunstancia no pueden ser monopolísticas. En todas las empresas estatales que sí tienen competencia, sus pérdidas no se pueden fácilmente esconder: Líneas Aéreas, ferroviarias o navieras, por ejemplo. En esos casos la ineficiencia no se puede cubrir fácilmente subiendo tarifas, aunque se ha visto casos que los gobiernos obligan a los competidores privados a subir sus tarifas para poder hacerlo el gobierno también.

II. Veamos ahora el segundo argumento para justificar empresas estatales, el de que por su envergadura no las harían empresarios privados. Si fuera valedero el argumento, no habría necesidad de prohibir a particulares llevarlas a cabo, es decir no habría necesidad de constituir legalmente monopolios estatales. Muchas actividades están prohibidas de facto, haciéndolas prohibitivas o de jure. Por ejemplo, establecer servicio de teléfonos, telégrafos, correo, puertos, empresas eléctricas, servicio de agua potable, etc., está prohibido.

Pero aparte de ellos, no se puede aducir que no existen suficientes recursos privados para lograrlo, porque todos los ingresos del gobierno provienen de ingresos que previamente son privados. Es decir, todos los ingresos privados sostienen al sector privado y al público.. Inclusive se utilizan para pagar las pérdidas de las empresas estatales. Se concede y argumenta que si bien eso será cierto, se encuentran dispersos y que para el efecto es lo mismo. Hay muchos argumentos para refutar esto también, pero recurramos a la evidencia: Comida y vivienda, son producidos privadamente. Casas y calles urbanas, han sido construidas privadamente. Las mayores y mejores redes de producción y distribución de prendas de vestir, de energía eléctrica, de medios de comunicación telefónica y telegráfica; las fábricas para equipo eléctrico y telefónico; las redes de transporte marítimo y aéreo de carga y pasajeros; los buques, aviones, trenes y autos para los mismos; las redes de televisión, las fábricas de automóviles, todas las fuentes de divisas, los canales originales en el mundo, la mayor parte de las redes ferroviarias de casi todo el mundo incluidas las de Rusia. ¿Qué más es necesario decir acerca de lo que el «sector privado» puede hacer?

Podrá aducirse que las empresas privadas no emprenden lo que no es lucrativo, aunque sea de utilidad social. Esto se basa en una premisa muy subjetiva: que los que por el momento detentan el poder tienen mejor juicio que el manifestado por el pueblo a través de su participación libre en el plebiscito diario: el mercado. Y no se entra en este argumento porque es de índole ético-político, y la brevedad de este trabajo no lo permite[i].

III. Tomemos ahora el argumento de que como las empresas estatales no lucran pueden prestar más barato el servicio. Esto debe analizarse a la luz de lo dicho arriba al tratar los factores que impiden la economización en empresas del gobierno, y comparar las pérdidas de ineficiencia con el monto de utilidades. Si se recuerda que lo.) el promedio de utilidades de empresas en el mundo, considerando pérdidas y ganancias, oscila entre el 4 y el 6% del producto vendido, 2o.) que en general, en el tipo de empresa de que hablamos, un 10% (sobre el capital no sobre la venta) se considera satisfactorio, y 3o.) que la venta es muy superior cuantitativamente al capital invertido, especialmente a través de los años, fácil es concluir que no se necesita mucha ineficiencia para sobrepasar «el costo» de las utilidades. Es decir, que «a pesar» de las utilidades, los precios son más baratos si se producen por empresas privadas que gubernamentales.

Conclusión. La ineficiencia inherente y, por tanto, la inconveniencia de la existencia misma de empresas estatales, no se debe a que los encargados sean pícaros o incapaces. Aun los más capaces y honrados no pueden ser eficientes dado el ámbito en que deben hacer sus decisiones.

Si bien la tendencia universal es hacia la estatización de las empresas, ello no muestra su deseabilidad. Un mundo que ha fracasado en algo que todos desean: la paz y la victoria sobre el subdesarrollo, no es modelo de decisiones acertadas. Consuelo de muchos es consuelo de tontos.

Un régimen político no puede ser apolítico a la vez. Y si queremos democracia, necesitamos un régimen político. Por tanto, el remedio consiste en deslindar las actividades que deben ser políticas de las que no deben serlo, y excluir del ámbito político las que deben ser apolíticas.

[i] YA SE HA TRATADO EN LOS FOLLETOS: No.6 LIBERTAD Y ECONOMIA por Faustino Ballvé, No. 16 GOBIERNO DEMOCRÁTICO Y ACTIVIDAD ECONOMICA po Friedrich von Hayek. No. 25 DOCTRINAS SOCIALES Y ECONOMICAS CONTEMPORÁNEAS por Gustavo R. Velasco. No. 26 EL SISTEMA DE LA LIBERTAD. EL SOCIALISMO Y EL INTERVENCIONISMO por Gustavo R. Velasco. No. 37 LA NECESIDAD MORAL DE LA LIBERTAD ECONOMICA por Wilhelm Röpke. No. 74 EL ESTADO por Federico Bastiat. No. 76 PLANEACION CONTRA DEMOCRACIA por Walter Lippmann, No. 86 EL SISTEMA ECONOMICO Y EL CARACTER NACIONAL por Gabriel Hauge, No. 99 EL ELEMENTO MORAL EN LA LIBRE EMPRESA por Friedrich von Hayek. No.135 LOS ADORADORES DEL ESTADO por Wilhelm Röpke, No. 140 VERIFIQUE SUS PREMISAS por Ayn Rand. No. 161 LAISSEZ FAIRE O DICTADURA por Ludwig von Mises. No. 164 EL NUEVO FACISMO «GOBIERNO POR CONSENSO» por Ayn Rand, No 182 COMO RECONOCER UN DICTADOR por Manuel É. Ayeu, No. 236 HACIA UN MEJOR DESARROLLO MORAL por Tibor R.Machan.