Año: 14, Diciembre 1972 No. 284

El absurdo intervencionista o el perro del hortelano

Manuel F. Ayau

Invariablemente y con una regularidad asombrosa, los intervencionistas demuestran la falta de convicción, de confianza, que tienen sus propias propuestas. Esa desconfianza, que al parecer ignoran, demuestra la confusión intelectual en que viven. Vamos a las pruebas.

Aquí llamaremos «intervencionistas», a aquellos que creen que nada tiene solución si las cosas no son «controladas» o «dirigidas» por ellos o por alguien que piensa como ellos; que la gente sola no podrá resolver sus problemas; que a los ciudadanos hay que guiarlos y ayudarlos aunque no lo quieran; que la libertad es caos; que si la gente es libre se va a morir de hambre; y, en general, que el gobierno (aquellos que por algún momento estén arriba) deben intervenir para «ordenar» el proceso.

I. Cuando un gobierno intervencionista establece una entidad para estabilizar la producción y comercio de granos, ¿cuál es su objetivo? El objetivo declarado es que a través de las compras del gobierno se evitará que «algún especulador», le pague al agricultor un precio «injusto» por sus productos; que después los «acapare» para causar «escasez», y que en seguida los venda a un precio «exorbitante», lucrando así «excesivamente».

Simultáneamente el intervencionista legisla para prohibir el almacenamiento de granos y evitar la posibilidad de que alguien compre, almacene, y venda granos, por motivo «de lucro», con fines «especulativos».

He aquí la prueba: si el gobierno va a cumplir con su declarado objetivo, de hecho no existiría la posibilidad de que alguien explotara al agricultor o al consumidor por motivo de lucro, puesto que si no le paga al agricultor más de lo que el gobierno paga no logra comprar, y si no lo vende al consumidor más barato de lo que el gobierno lo vende no logra vender. Es decir, que podría existir el comercio privado en granos solamente si el comerciante beneficia más al agricultor y al consumidor que el gobierno, beneficio que es el propósito mismo de la medida.

El prohibirlo comprueba, sin lugar a duda, que los intervencionistas no quieren que exista ni siquiera la posibilidad de que los hechos les demuestren su incapacidad de lograr sus objetivos. No tienen confianza, pues si la tuvieran, no tendría objeto alguno el prohibir que otros lo hicieran.

II . Banco de Ojos

Este caso es aún más ridículo. El Decreto No. 52-72, en su artículo 5 dice: «La obtención y administración de los tejidos oculares a que se refiere esta ley, jamás podrán ser lucrativos».

Si alguien puede, para salvarle la vista a algún ser querido, obtener una córnea del establecimiento estatal, mejor y más barata que la que puede obtener en un establecimiento privado lucrativo, ¿quién le va a comprar a este último? Pero, si la entidad privada, a pesar del motivo de lucro, va a favorecer al necesitado mejor que la estatal, ¿por qué prohibirla? ¿O es que el prejuicio contra el lucro es tan grande que se prefiere eliminar por completo la posibilidad misma de que alguien obtenga una córnea más conveniente que la del estado con tal de que no exista el lucro?

La oportunidad de lucro sólo existirá en tanto el estado fracase en su objetivo. Y si fracasa ¿no es más conveniente dejar abierta la posibilidad de que otros cumplan con el objetivo de hacer accesibles las córneas?

La prueba de la desconfianza del intervencionista es obvia. Si éste tuviera fe en sus propuestas, no tendría razón para prohibir la competencia.

Quién sabe desde qué época y por cuál absurdo proceder, el enviar mensajes resultó ser considerado como «función estatal».

Las gentes se han agenciado de medios de comunicación por medios privados desde tiempo inmemorial. Es más, todos los medios eficientes de comunicación fueron inventados y puestos en práctica por la vía privada antes que resultaran consagrados como «cosa pública».

Es un hecho que el Estado invierte los impuestos del pueblo para poner equipo de enviar mensajes: telégrafo, teléfono, etc., y prohibe que otros lo hagan. Lo que demuestra que la medida carece de sentido es la prohibición misma de que otros lo hagan, puesto que lo que se desea es disponer de facilidades para enviar mensajes... y no justificar la existencia de oficinas públicas per se.

Porque si el Estado, por el hecho de no ser lucrativo, puede enviar mensajes más rápidos, exactos y baratos que alguien que lo haga por motivo de lucro, nadie que persiga el lucro podrá lucrar con ello! Solamente podrá lucrar si puede mandar mensajes más rápidos, exactos y/o más baratos que el Estado, y entonces cabe nuevamente la pregunta: si así fuere, ¿qué importa que se lucre si los usuarios van a obtener una economía también? ¿O es que la finalidad del intervencionismo es fanática y religiosamente anti-lucrativa?

¿Por qué prohibe el «intervencionista» puertos privados, líneas aéreas particulares aun para servicio dentro del país y tanta otra actividad como producción y distribución de electricidad, que de ninguna manera atentan contra el derecho de otras personas? ¿Acaso será para evitar que alguien preste los servicios más caros que el gobierno? ¡Qué absurdo! De ninguna manera. La razón estriba en una de tres causas: falta de convicción de sus propias teorías; falta de comprensión, o fervor ciego, típicamente religioso, por la intervención.

Y lo más curioso es que la prestación de tales servicios estatales, demagógicamente se justifica diciendo que tales actividades no las puede prestar el sector privado debido a la magnitud de la inversión: ¡Se prohibe que el sector privado lo haga, so pretexto de que no lo puede hacer, e invariablemente al correr de los años se le culpará de no haberlo hecho!

El Sistema Monetario Internacional ha demostrado su incapacidad de mantener estabilidad. Las devaluaciones abruptas e irregulares de los últimos veinticinco años, las inflaciones desordenadas a escala mundial, la fijación de tasas múltiples, controles de cambio, balanzas de pagos deficitarias, etc., etc., demuestran que la normalidad ahora es la crisis monetaria continua.

Nos juran y perjuran las autoridades monetarias de casi todo el mundo, que el oro como dinero es una reliquia inútil, insuficiente para el comercio mundial, incómodo y costoso. Y sin embargo, prohiben que la gente lo tenga, compre y venda. ¿Cómo se puede justificar que se prohiba el uso de algo inútil, insuficiente, incómodo y costoso?

Sí los intervencionistas tuvieran fe en su convicción de que pueden establecer un sistema monetario al cual la gente le tenga confianza, no tendrían que prohibir que se pueda recurrir a un medio de pago que no sea el de ellos, en tanto dicho sistema no vulnere derechos ajenos. ¿Qué daño, por amor de Dios, puede hacerle a la sociedad que el ciudadano tenga la libertad de recibir o dar oro en pago?

Los gobiernos intervencionistas se han convertido en el perro del hortelano, que por su ineficiencia natural 1 no puede dar buenos servicios al pueblo y por otro lado prohibe que otros los den. La Democracia del siglo XX ha degenerado al grado de proscribir a la ciudadanía emprender actividades para solucionar sus problemas, no porque consideren las metas inconvenientespuesto que las mismas metas persigue el intervencionista; ni porque violen derechos ajenos pues esto lo protegen las otras leyes; ni porque no sean pacíficos y voluntarios pues poner teléfonos no es violento; ni porque arriesguen patrimonios ajenos pues sólo el patrimonio de los que entran al negocio está en juego; ni porque sean fraudulentos pues comprar maíz más caro de lo que lo compra el gobierno no es fraude.

La intervención ocurre, como digo al principio, por falta de comprensión y convicción del intervencionista.

Los mitos intervencionistas no resisten análisis y sin embargo, persistentemente se imponen. Se interviene ¡porque sí!

1 Para ver por qué la ineficiencia es inherente a la empresa estatal ver folleto No. 272 del 15 de Junio de 1972.