Año: 26, Abril 1984 No. 555

N. D. El presente artículo es la reproducción de la intervención del Señor De Sola en el Foro de Reforma Agraria que organizó el CEES, el pasado 28 de Febrero. Orlando De Sola es agricultor y ex-presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.

TIERRA, SOCIALISMO Y VIOLENCIA EN EL SALVADOR

Orlando De Sola

La Reforma Agraria no es nada nuevo para los salvadoreños. Venimos oyendo hablar de ese mismo tema desde los inicios del Partido Comunista en El Salvador, en la década 1920, cuando nuestro país tenía una población mucho menor y nuestro territorio era prácticamente el mismo.

Ya desde entonces se hablaba de una supuesta presión hombre-tierra que podría desembocar en la violencia, si no se tomaban las medidas necesarias.

En 1931, el candidato del Partido Laborista Salvadoreño prometió el reparto de tierra. El resultado fue que, en Enero de 1932, grupos de indígenas soliviantados por agentes del Comintern y encabezados por Farabundo Martí decidieron tomarse las tierras por la fuerza, y también los poblados, a escasos dos meses de la caída del régimen laborista de Araujo. Lo substituyó el Vicepresidente, General Maximiliano Hernández Martínez.

El régimen de Hernández Martínez, que duró de 1932 hasta 1944, o sea exactamente lo que duró el régimen de Roosevelt, en Estados Unidos, cuyas iniciales, por cierto, coinciden con las siglas de nuestro actual agresor, el Frente Democrático Revolucionario, FDR.

Martínez creó, por primera vez en El Salvador, mecanismos estatales para vender tierras baratas, instaurando una especie de reforma agraria que llamaron Mejoramiento Social. Pero dicho programa era totalmente distinto a lo que ahora conocemos, por que las tierras no fueron confiscadas a sus legítimos dueños, sino compradas a precios de mercado, para ser vendidas a los interesados, quienes resultaron ser mucho menos de lo que se creía, y que terminaron, en su mayoría, abandonando o vendiendo las parcelas adquiridas.

En esta forma, el gobierno se hizo de grandes propiedades, como Zapotitlán, Atiocoyo, Cuyagualo, Metalío, California, Obrajuelo y otras que por falta de interesados no alcanzó a vender y continúan en manos del estado, llegando a sumar más de cien mil manzanas.

Muchos de los pequeños lotes que fueron adquiridos al principio del programa se fueron convirtiendo, con el tiempo, en empresas agrícolas de regular tamaño, al haber sido adquiridas por personas con verdadera vocación agrícola, negando la tesis que sólo lo pequeño es bueno y asegurando el dicho que no toda la gente que vive en el campo es, por fuerza, buen agricultor.

En 1950, cuando tomó posesión el Presidente Osorio, Mejoramiento Social se convirtió en dos ramas: el Instituto de Colonización Rural, lCR, y el Instituto de Vivienda Urbana, IVU, los cuales siguieron la misma política iniciada por Martínez. Entonces se demostró, por segunda vez, que la necesidad básica del campesino no era la tenencia de la tierra. Y así, por falta de compradores, continuaron en manos del lCR más de ochenta mil manzanas de tierras adquiridas por el estado.

A finales de la década sesenta, con dinero de la AID, de Estados Unidos, y con el apoyo de la conocida organización sindical norteamericana, AFL-CIO, el gobierno de Sánchez Hernández colaboró en la formación de la Unión Comunal Salvadoreña, UCS, una de las organizaciones campesinas del presente, que guarda estrechos nexos con el proceso de reforma agraria en El Salvador. La UCS es uno de los miembros de la Unión Popular Democrática, organización de masa que se acaba de definir como socio del Partido Comunitarista, conocido también como Partido Demócrata Cristiano en El Salvador.

En la misma época en que se formó la UCS surgieron también otras organizaciones de fachada campesina como la FECCAS y la UTC, creadas y manipuladas por los jesuitas de la Universidad Centro Americana, para convertirlas eventualmente en elementos del terrorista Bloque Popular Revolucionario, que hostigó al pueblo salvadoreño entre 1977 y 78, para luego convertirse en el FDR.

En 1970 el gobierno de Sánchez Hernández anunció el Primer Congreso de Reforma Agraria, auspiciado para arrebatar la bandera reforma-agrarista a la Unión Nacional Opositora, integrada por la Democracia Cristiana, el MNR de la Internacional Socialista y el UDN, que es la fachada del Partido Comunista en El Salvador.

Dicho congreso se organizó de una manera «pluralista». La empresa privada, cuyo vigor agrario ya había comenzado a declinar, se organizó alrededor de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, organismo controlado por los comerciantes e industriales de moda. También fueron invitados al congreso los sindicatos, incluyendo a FECCAS-UTC y la Unión Comunal Salvadoreña, ya auspiciada por la AID y el AFLCIO; las universidades, que entonces eran sólo la Nacional y la UCA (ambas de orientación izquierdista); los partidos políticos y, por supuesto, la iglesia católica.

Nos reunimos todos, unos tres cientos representantes, en el salón azul de la Asamblea Legislativa. Después de las formalidades del caso, hubo una moción por parte de Roberto Lara Velado, un diputado de la Democracia Cristiana ahora destacado en el FDR, quien propuso convertir en legislación de la República todas las conclusiones y resoluciones del congreso de reforma agraria. Esto, lógicamente, fue opuesto por un gran número de representantes. Pero la moción del diputado Lara Velado y sus correligionarios fue puesta a votación del pleno, resultando en una derrota para los comunitaristas, quienes alegaron inútilmente que no habían podido inscribir a todos sus representantes y albergando la malévola idea de incluir a un gran número de correligionarios que se encontraban como observadores en la barra. El resultado de esta burda maniobra, apoyada por los sindicatos, las universidades y la iglesia, fue que todos los representantes de la empresa privada abandonamos el congreso permanentemente en señal de protesta.

Hubo un integrante del sector empresarial que decidió quedarse por su propia cuenta, alegando que era mejor estar dentro «para poder influenciarlos». Pero ni siquiera su prestigiosa figura fue capaz de reorientar las resoluciones que, como era de esperarse, pedían la urgente implementación de la reforma agraria, para aliviar los agravios de «más de cuatro siglos de explotación», tal como lo aseguró con vehemencia el reverendo Ricardo Urioste, representante de la iglesia.

El fiasco demagógico de 1970 comenzó a rendir frutos en 1972, cuando el Ministro de Agricultura, Enrique Alvarez Córdova, de ingrata recordación por su enfermiza mentalidad y por su militancia en el criminal FDR, dispuso implementar los Distritos de Avenamiento y Riego: una especie de Reforma Agraria.

Basándose en una advenediza ley que ellos mismos crearon para la ocasión y contando con el apoyo político del gobierno de Estados Unidos y con el dinero de AID, se dispusieron a limitar la tenencia de la tierra y la libertad de cultivo en dichos distritos. A pesar de las fuertes cantidades invertidas, los proyectos de riego de Atiocoyo y Zapotitlán fracasaron por el pésimo diseño de los canales de drenaje, que bajaron en más de dos metros el manto acuífero, antes casi a flor de tierra y sin costo alguno. Como resultado, El Salvador se convirtió en gran importador de hortalizas.

Mientras tanto había comenzado el terrorismo urbano, contradiciendo la tesis de que las reformas sirven para aplacar la agresión socialista. Pocos meses después del Primer Congreso de Reforma Agraria ocurrió el primer secuestro y asesinato de la década del terror, ejecutado por la Juventud Demócrata Cristiana que entonces operaba dentro de la Universidad Nacional y seguido por una larga serie de crímenes terroristas que todavía no terminan.

Los distritos de riego de Alvarez Córdova se fueron desprestigiando por su elevadísimo costo, muy por encima de lo presupuestado. Y sobre todo por su ineficacia. Pero los tercos de la reforma agraria, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, no se dieron por vencidos. En 1976, a finales del periodo del Presidente Molina, los demagogos de siempre, sin excluir a Alvarez Córdova, dispusieron intentar otra reforma agraria, comenzando esta vez por una zona que llamaron Primer Distrito de Reforma Agraria, el cual comprendía las mejores haciendas algodoneras de la zona oriental, así como muchas ganaderías y tierras cerealeras.

Un día, el Presidente Molina llamó a los diputados a la Casona, que es el nombre vernáculo para la Casa Presidencial en El Salvador, y les advirtió que no debían oponerse a su nuevo proyecto de reforma agraria. No hubo mayor oposición, puesto que entonces la mayoría de diputados eran del partido oficial, o PCN.

Crearon intempestivamente el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, cuyas siglas asemejan desvergonzadamente a las del mismo aparato en Cuba castrista, donde confiscaron sin compensación y sin la menor semejanza de proceso legal, las mejores propiedades de la isla, incluyendo muchas empresas poseídas por norteamericanos. Esto provocó la famosa enmienda Hickenlooper del Congreso norteamericano, la cual prohibe al gobierno de Estados Unidos, o a cualquiera de sus agencias, prestar ayuda monetaria a los países o gobiernos que confisquen propiedad norteamericana, tal como ha sucedido desde 1979 en Nicaragua y en El Salvador. Sorprendentemente, dicha sanción no ha sido aplicada en ninguno de los casos.

Pero volvamos nuevamente a El Salvador, 1976. Esta vez la empresa privada organizada reaccionó debidamente. Surgió el Frente Agropecuario Regional de Oriente, FARO, correspondiente a la zona directamente amenazada por el Primer Distrito. Y luego surgieron espontáneamente otros Frentes en las distintas zonas del país, en respuesta a futuros distritos inconstitucionales.

Los agricultores en FARO, que eramos la mayoría, logramos el apoyo de los industriales, banqueros y comerciantes en la ANEP, quienes realizaron la gravedad del caso. La presión sobre el gobierno de Molina y sus acólitos de la UCA fue tan potente que tuvieron que renunciar a sus pretensiones. Sin embargo, nos dormimos en los laureles, conformándonos con una leve modificación a la ley de creación del ISTA. Se nos permitió la venta voluntaria de tierras, previa a la expropiación. Y por ello, muchos agricultores que se encontraban en dificultades económicas o que tenían problemas familiares, o de otra índole, aprovecharon la oportunidad para vender sus tierras al gobierno, logrando precios relativamente buenos y pago en efectivo, cosa que no sería posible en este momento, a pesar de las fuertes cantidades de dólares enviadas por Estados Unidos en apoyo al proceso de reformas. Sin embargo, la gran mayoría de agricultores decidimos continuar operando nuestras empresas, pensando que ya había pasado el peligro y sin darnos cuenta que el enemigo todavía estaba al acecho, esperando una nueva oportunidad para atacar.

Dicha oportunidad se presentó en Octubre de 1979, cuando un grupo de jóvenes oficiales propiciaron un golpe de estado que derrocó al débil gobierno de Carlos H. Romero.

Muchos salvadoreños nos alegramos con el mencionado golpe, por que ya estábamos hartos de la ineficacia y el desorden del gobierno romerista, pero muy pronto nos percatamos que la Junta Revolucionaria, formada por los militares golpistas con elementos de la UCA que ahora militan en el FDR, era mucho peor que el débil Romero.

La proclama de la Fuerza Armada, gestada en la UCA, dejó entrever la tendencia que seguiría el gobierno de facto. Todos sus integrantes eran personas de reconocida tendencia socialista, incluyendo al eterno ministro Alvarez Córdova y al Subsecretario Villacorta, quien ha representado al Partido Comunista en las recientes pláticas con el Embajador Plenipotenciario Stone, de Estados Unidos.

El primer paso hacia la reforma agraria fue el decreto 46, que congeló arbitrariamente el comercio de tierras, no pudiéndose heredar, vender o enajenar ninguna propiedad superior a cien hectáreas, o sea 240 manzanas. En esta forma impidieron que las propiedades parceladas anteriormente, o en propiedad indivisa, tal como el caso de las sucesiones, fueran operadas por sus propietarios, alegando que no había inscripción en los registros de propiedad, muchos de ellos destruidos por la guerrilla comunista.

La primera junta cayó en Diciembre de 1979, por diferencias en cuanto al radicalismo de sus miembros civiles, quienes exigían la disolución de los cuerpos de seguridad y una reforma agraria integral. Pero el gobierno de facto que se disolvió en 1979 fue heredado por la Democracia Cristiana y su líder Duarte, quien en convivencia con Roy Prosterman y otros asesores norteamericanos costeados por la AID y la AFL-CIO dieron a luz el sorpresivo Decreto 153, o Ley Básica de Reforma Agraria, acompañado por los decretos 154 y 155, que permitieron la ocupación inmediata de las tierras por medio de la Fuerza Armada, sin que entrara en vigor el Decreto 153.

Fue así como las empresas agrícolas más importantes del país fueron ocupadas por gente armada, sin permitir que los dueños retiraran ni sus efectos personales.

En el Decreto 153 se sentaron las bases para la emisión de bonos a treinta años plazo y al 6% de interés, valorando las propiedades según las declaraciones de impuesto de vialidad para los años 1976 y 77, sin tomar en cuenta la inflación, ni las mejoras hechas a las propiedades, ni el crecimiento de los hatos ganaderos en los últimos tres años.

Como muestra de la irresponsabilidad revolucionaria, podríamos mencionar que se levantaron inventarios en menos de un día, cuando normalmente hubiera requerido varios días, empleando personal especializado y conocedor del lugar. Fue un robo.

Se ha hablado mucho que las tierras eran producto de herencias y de cientos de años de explotación. Pero la mayor parte de estas propiedades habían sido adquiridas por compraventa y en muchos casos efectuada en el año anterior a la reforma. Se confundieron las personas naturales con las personas jurídicas para poder sumar las extensiones poseídas por compañías a las poseídas por individuos, hasta completar las quinientas hectáreas requeridas para expropiar en la Primera Etapa, principio que tampoco fue respetado, pues muchas de las propiedades confiscadas tenían menos de esa extensión.

Este error fue «remendado» posteriormente con otro decreto que permitió al ISTA quedarse con las propiedades confiscadas equivocadamente, o por error.

La Ley Básica de Reforma Agraria definió arbitrariamente lo que a su criterio era función social, elemento necesario para no ser confiscado. Y así nació el fatídico Decreto 207, malamente llamado por Prosterman y los de la AID-AFL-CIO «tierra para el que la trabaja». Este decreto ha servido para despojar a propietarios de pequeñas parcelas por el mero hecho de haber, en alguna época, alquilado parte de ella.

En conclusión, podría asegurarles que la reforma agraria no ha hecho nada bueno para El Salvador. Ha roto nuestro esquema jurídico al violar muchas leyes, incluyendo la propia Constitución. Ha roto nuestra debilitada economía, haciéndole el juego a los terroristas, nos ha endeudado por generaciones, y lo que es más importante que ha quedado evidenciado últimamente: Ha empobrecido más al campesino, quien supuestamente debía ser el beneficiado con las reformas. Yo recomendaría que no caigan en la trampa de querer parar la agresión socialista con medidas socialistas porque el precio de violencia y pobreza es demasiado alto.

AID – DEPARTAMENTO DE ESTADO, INFORME DE AUDITORIA No. 1-519-34-2