Año: 4, Junio 1962 No. 41

Los fondos de la Alianza para el Progreso pueden caer en manos equivocadas, pueden aniquilar en lugar de estimular la libertad.

Por James Lake

(Tomado del American Banker, Edición del 25 de Abril de 1962).

Mi trabajo me lleva a Sudamérica con frecuencia y usualmente antes de embarcar, algún amigo de Washington me dice: Mientras estás por ahí, mira a ver si se te ocurren algunas ideas nuevas para impulsar «la Alianza Para el Progreso». Bueno, he aquí mis ideas:

La Alianza Para El Progreso se halla en peligro de, como se dice, colocar el coche delante del caballo. Tal y como va la cosa, la Alianza colocará grandes cantidades de dinero en manos de Gobiernos amigos de Sudamérica, que son ya demasiado grandes y además, en algunos departamentos, se hallan muy infiltrados de comunistas.

Así, estos gobiernos puede que sean ayudados por los Estados Unidos a seguir empobreciendo y frustrando, aún más que ahora la débil y pequeña iniciativa privada y acción ciudadana. La Alianza puede promover subsidiar extremismos de izquierda creando esos todopoderosos mecanismos gubernamentales que se prestan tan fácilmente al asalto del poder por los comunistas mediante el simple cambio de mandos y la depuración de métodos de un sistema ya casi-totalitario.

En otras palabras, que a través de su método de trabajo de gobierno a gobierno, la Alianza puede coadyuvar a aplastar en vez de estimular la limitada libertad individual que existe actualmente en Sudamérica. Ello, desde el punto de vista democrático, es lo contrario al concepto del proceso. E implica que mediante la Alianza, el pueblo norteamericano paradójicamente se pueda dedicar a la construcción de sistemas políticos sudamericanos que sean diametralmente opuestos y extraños al nuestro.

Repasemos brevemente qué es lo que la Alianza se supone que sea:

Como anunciado por el Presidente Kennedy hace más de un año, es un vasto programa de 10 años de asistencia norteamericana para el desarrollo de Sudamérica, por un total de $20 mil millones de dólares. La mayor parte de esta asistencia, cerca de $17 mil millones tomará la forma de préstamos y subvenciones del gobierno norteamericano o préstamos de instituciones bancarias internacionales todas ellas financiadas mayormente por la ciudadanía norteamericana.

Además de esto, el gobierno norteamericano espera que empresas privadas norteamericanas inviertan, durante el mismo período, $3 mil millones de dólares en Sudamérica.

Los préstamos y subvenciones del Gobierno serán destinados hacia el desarrollo industrial y agrícola y, más importante aún, hacia la educación, viviendas y salud pública, etc. A su vez, los países sudamericanos tendrán que hacer ciertas reformas fiscales, agrarias y sociales.

A primera vista, todo esto parece como una combinación de demandas razonables y ofertas generosas de los Estados Unidos. Pero miremos bajo la superficie.

La libertad individual y la democracia descansan en el supuesto de que el pueblo conjunto de ciudadanos estrechamente unidos son más fuertes que el gobierno. En los Estados Unidos, los Padres de la Patria originalmente legaron que el gobierno debiera ser débil para que el pueblo pudiera ser libre.

A medida que la tradición de la libertad creció y el pueblo americano se hizo más fuerte, pudieron hacer y tolerar un gobierno más poderoso, especialmente cuando el pueblo mismo proyectó un gobierno más fuerte para promover el bienestar doméstico y su defensa nacional. Hoy por hoy, con un gobierno tan fuerte físicamente como económicamente como lo es el norteamericano, el pueblo retiene el poder de la nación en sus manos. Retienen el poder político por tradición y temperamento y el poder material al controlar la mayor parte de la riqueza nacional.

En Europa Occidental en Inglaterra, Francia, los Países Bajos y Escandinavia el poder del estado monárquico tuvo que ser aplastado antes que el pueblo pudiera ser libre. Estatismos Facistas tuvieron que ser destruidos antes que Alemania Occidental e Italia obtuvieran su libertad. Una vez que en Europa el gobierno fue subyugado por el pueblo, hasta el socialismo arraigado de Escandinavia, el «estado paternalista» de Inglaterra y la nacionalización de empresas públicas y ciertas industrias no podían perjudicar esencialmente a la libertad. En estos momentos hay en Europa Occidental, así como en los Estados Unidos, suficiente concentración de fuerza política y riqueza material en manos privadas para producir, en conjunto, confianza en la segunda de la democracia.

Pero la situación en Sudamérica, en general, es lo opuesto. Las dictaduras fueron la regla por mucho tiempo. Cuando éstas cayeron, hace décadas o en años recientes, dejaron tras ellas el legado del estatismo. En muchos casos, los políticos y partidos que han heredado el poder, giran alrededor de tendencias estatistas de su particular preferencia, variando desde una intervención compulsiva, sin ideología, en todas las fases de la vida nacional, hasta el socialismo y el comunismo. En Sudamérica, la superioridad del pueblo sobre el estado-gobierno, no ha sido efectivamente establecida.

Los pueblos, en la mayor parte de los países sudamericanos, son débiles. Su pobreza material, tan cierta como interminablemente publicada, no es tan trágica como su pobreza política, de la cual poco se habla. Los millones que no pueden leer o escribir son aún más ignorantes en materia de los derechos políticos de los seres humanos, sobre el concepto de la libertad. Los millones que son pobres de solemnidad no tienen recursos económicos personales para librarlos de su dependencia del gobierno, para permitirles enfrentarse al gobierno de una manera responsable y sostenida. Todo lo que pueden hacer es amotinarse de vez en cuando. El sector privado de la economía, a pesar de que hay un número de individuos extremadamente prósperos y una clase media cada vez mayor, no representan obstáculos a la capacidad intervencionista o confiscatoria del gobierno, como tampoco pueden competir económicamente con el gobierno, cuando éste desea competir.

Los gobiernos latinoamericanos pueden aparecer inestables ante ojos norteamericanos, pero en un aspecto son positivamente estables: son mucho más fuertes, con proporción a sus pueblos, que los gobiernos de los Estados Unidos y Europa Occidental. Mientras se mantenga esta preponderancia de los estados, los pueblos de Sudamérica no serán los dueños de sus países y no serán verdaderamente libres.

Ahora relacionemos esta situación a la Alianza Para El Progreso.

Si la Alianza trata solamente en el nivel de gobierno-a-gobierno; si canaliza todos sus fondos a través de las Tesorerías estatales de los países sudamericanos; puede muy bien hacer aún más obvio y grave el poder económico relativamente excesivo que ya tienen los gobiernos sudamericanos. No puede haber pleito alguno por la asistencia de la Alianza a gobiernos amigos en programas como los de construcción de carreteras y caminos, expansión de ciertos servicios públicos, represas y proyectos de irrigación, desarrollo de la industria, agricultura y proyectos similares. Pero pueden hacerse las más serias objeciones a la ayuda de la Alianza que ayude a los gobiernos sudamericanos a entrar en campos económicos que son y deben de ser reservados para la empresa privada. A pesar de ser una política sana para los gobiernos sudamericanos el de emprender desarrollos económicos esenciales que el capital privado nunca quiere acometer, es totalmente erróneo darle a los gobiernos ayuda monetaria para entrar en o desarrollar industrias y empresas que sí interesan al capital privado, de manera más rápida y masiva que la empresa privada pueda acometer. Si los fondos de la Alianza fortifican o solidifican la posición competitiva del gobierno en contra del capital privado, el poder del pueblo sudamericano cada vez será mas reducido, a través de una reducción relativa de su fuerza económica comparada con la fuerza económica del estado.

La Alianza, mal aplicada, puede minar aún más el poder político de los pueblos sudamericanos. Particularmente en el campo educacional.

Luce una idea muy buena la de fabricar escuelas, sostener institutos para la instrucción de maestros y subvencionar universidades en Sudamérica. Pero esto no es necesariamente así. La educación en Sudamérica en su mayor parte es controlada por el gobierno central. Los gobiernos decretan lo que los alumnos deben aprender, cuáles son los requisitos de capacitación magisterial, y cómo debe trabajar el sistema escolar. El control local de la educación tan orgullosamente aquilatado en los Estados Unidos y gran baluarte vital de la independencia intelectual de los pueblos de los dictados del Gobierno Federal no existe realmente en Sudamérica.

Tan importante como es el mejorar y difundir la educación en Sudamérica, seria trágico si la Alianza, por subvencionar los programas educacionales de los gobiernos centrales, incrementara la dominación mental de los gobiernos sobre los pueblos. También sería irónico para los Estados Unidos, que ni siquiera han aceptado la idea de la AYUDA federal para la educación, que no obstante promovieran el CONTROL federal de la educación en Sudamérica.

La ayuda educacional irrestricta de gobierno-a-gobierno se vuelve aún más problemática cuando uno considera que los sistemas escolares públicos y las universidades subvencionadas por los gobiernos sudamericanos han sido blanco principal de infiltraciones comunistas y, como resultado, tienen un fuerte colorido marxista. ¿Por qué los Estados Unidos, a través de la Alianza, han de dar dinero a gobiernos sudamericanos para publicar más textos de orientación Marxista, de sostener a más maestros izquierdistas y extremistas y mantener universidades cuyos estudiantes incendian automóviles de oficiales del gobierno norteamericano y constantemente asaltan las fuerzas democráticas que sí existen en Sudamérica? Aún más, aunque los fondos de la Alianza se administraran específicamente para programas educacionales no-Marxistas, aumentarían los presupuestos de los gobiernos sudamericanos y liberarían fondos locales para enseñanzas nefarias. Y está demás decir que si el sistema escolar sudamericano se convierte aún más capaz de producir intelectuales, políticos y dirigentes obreros Marxistas, la libertad potencial política de los pueblos sudamericanos será aplastada.

Hasta aquí, en breve, en cuanto a los reveses que los fondos de la Alianza pueden administrar a los pueblos y a la causa de la libertad en Sudamérica.

Reformas Sociales

Los quid pro quos de la ayuda de los Estados Unidos que el programa de la Alianza demanda de Sudamérica reformas fiscales, agrarias y sociales pueden ser igualmente peligrosos para el progreso de la libertad.

Una vez más, reformas fiscales, agrarias y sociales suenan bien. Los sistemas fiscales sudamericanos, por regla general, no son tan adelantados como el de los Estados Unidos y la cobranza de impuestos es deficiente. En muchos lugares existe el latifundismo, mucha tierra en pocas manos, que va en contra de una eficiente producción campesina y de la justicia social. Es evidente en Sudamérica la necesidad de variados tipos de reformas sociales.

Pero la demanda de estas reformas tienen un significado aún más profundo. Estas demandas constituyen un ataque frontal al sudamericano adinerado a los «oligarcas», los aparentemente hombres de negocios ricos que prosperan llama­tivamente en medio de la miseria urbana, y los grandes terratenientes que controlan grandes propiedades en medio de agitados precaristas y campesinos desesperadamente hambrientos de tierra.

Tanto la Alianza como muchos de los izquierdistas de Sudamérica quieren destruir o al menos reducir tal poder como la «oligarquía» tiene. Los planificadores de la Alianza hablan de la nece­sidad de una «revolución democrática» en Sudamérica antes de que una «revolución comunista» obtenga el poder. ¿Cuán inteligente será todo esto?

No cabe duda que un gran número de «oligarcas» sudamericanos han sido tan crueles, insaciables e irresponsables como algunos de los «robber barons» norteamericanos del siglo XIX. Pero esto es escasamente todo el verdadero cuadro ni toda la verdad. Virtualmente en cada país sudamericano, hoy por hoy, hay cada vez grupos mayores de personas acomodadas que están practicando sinceramente relaciones industriales más humanas, esforzándose en sus responsabilidades cívicas y participando constructivamente en el proceso político. Estos hombres de negocios respetan el movimiento laboral libre, dirigen instituciones benéficas, y rechazan los extremos políticos tanto de la derecha como los de la izquierda.

Estos hombres de negocios no serán de ideas tan avanzadas ni prácticas como los norteamericanos y europeos, pero es que toda Sudamérica está varias décadas atrasada con respecto a países desarrollados e industrializados. En síntesis, parte de la «oligarquía» es incorregible, pero una gran parte cada vez mayor está en el umbral del mismo tipo de evolución que cambió a los «malhechores de gran riqueza» en los Estados Unidos en la relativamente sana y juiciosa clase de líderes sociales con que hoy cuentan.

Si la Alianza ataca sin discriminación a la «oligarquía» sudamericana hará un irreparable daño.

Primeramente, descorazonará a los hombres de empresa sudamericana que están modernizándose es más, estos mismos hombres hoy se sienten descorazonados de la manera como la orientación intelectual de la Alianza parece recompensar sus esfuerzos en mejorar sólo con crítica y desprecio.

Segundo, decapitará el orden social, destruyendo la clase que mal o que bien es la que dirige y esta destrucción de la clase emprendedora mejorará las posibilidades del caos.

Tercero, minará precisamente al grupo sudamericano cuyos intereses y posturas están más cerca a los de los Estados Unidos. Mientras existen muchos conflictos comerciales y teóricos entre hombres de empresa sudamericanos y norteamericanos, fundamentalmente la clase de empresa sudamericana cree en la primacía de los pueblos e individuos sobre el Estado.

Cuarto, el debilitamiento del grupo o clase de empresa sudamericana trae consigo también el debilitamiento del movimiento laboral libre, que no puede verdaderamente existir a no ser a través de la libre empresa. Elaboremos este último punto. Por toda Sudamérica, de manera primaria pero significante, se está forjando una alianza entre la libre empresa y el sindicalismo libre, tal y como ahora son. Hombres de negocios están comprendiendo que su mejor defensa contra los gritos de expropiación de los comunistas y el caos económico fomentado por los mismos, son los sindicatos libres. Los sindicatos, a su vez, están viendo que una empresa privada eficiente le dará a los obreros mayores beneficios materiales y mayor libertad personal que en una economía estatal. Lo que es más, en países tras países, los líderes laborales se están aliando abiertamente a las clases empresariales en su lucha contra el comunismo.

De manera que si la Alianza retira los cimientos sobre los que descansa la «oligarquía» que constituye la mitad del equipo empresario-laboral en Sudamérica, también al mismo tiempo destrozará los cimientos del movimiento laboral libre. Entregará tanto a la empresa privada como a los trabajadores a manos del estado y posiblemente a extremistas de izquierda.

Si el ataque total a la «oligarquía» está mal concebido, también lo está la «revolución democrática» en nombre de la cual se ha llevado. Uno de los modismos intelectuales más imprácticos en estos tiempos, es el de tratar de competir con los comunistas en materia de revoluciones. Los Estados Unidos, el sistema de la libre empresa, la Iglesia Cristiana y el gobierno democrático han sido descritos como «revoluciones permanentes», la «más grande revolución», etc. Este tipo de descripción no sólo no se ajusta a la verdad sino que además es peligroso. «Revolución», así como la palabra lo dice, es un abrupto y rápido viraje de la rueda de la vida económica, política y social; es el secuestro radical del poder de un grupo y la toma violenta del poder por otro grupo; y siempre está inevitablemente acompañada por la drástica y sumaria persecución de los perdedores.

Esta no es la manera como se hacen las cosas ni en los Estados Unidos, con su balance de poderes y sistema legal, ni por la empresa privada con su permanente y continua relocación del empleo del capital y el trabajo, ni por la Iglesia Cristiana, con sus adaptaciones de doctrinas fundamentales a las circunstancias cambiantes. El camino del mundo libre es la evolución tanto progreso como sea consistente con la continuidad básica de sistemas sociales, políticos y económicos de libertad.

¿Cómo entonces puede realmente la Alianza ayudar a fortalecer a los pueblos e incrementar la poca libertad que existe en Sudamérica?

Lo puede hacer principalmente de esta manera: fortaleciendo al sector privado, al individuo y a los pueblos, mediante la enseñanza y el cultivo de una población sudamericana más fuerte y más independiente que pueda alcanzar y tomar las riendas del gobierno en manos propias.

A los planificadores de la Alianza se les puede sugerir tres caminos a seguir en este proceso, uno de ellos filosófico y dos prácticos.

Primero, los planificadores de la Alianza deben suprimir su encubierta pero evidente hostilidad hacia el sector privado. Esta hostilidad, lamentable como es, es comprensible. Los hombres de la Alianza son miembros de gobierno. Como tales, están en competencia por poder público y reconocimiento personal con los líderes de los negocios y profesiones. Como tales también, los administradores de la Alianza tienden a gravitar hacia sus contrapartes en los gobiernos extranjeros. Pero los hombres de la Alianza deben de reconocer que, más que miembros de gobierno, son representantes de los ciudadanos norteamericanos, ciudadanos que han delegado en ellos no para engrandecer al estado, tanto interiormente como en el exterior, sino para servir a la causa de la libertad individual haciendo a los pueblos fuertes.

Sencillamente, el pueblo norteamericano no le está pagando al «estado mayor» de la Alianza para que éstos creen en el extranjero una situación que jamás tolerarían en su propia nación. Los administradores de la Alianza no tienen el derecho de sentir esa hostilidad hacia el sector privado. Deben servirlo o renunciar.

Segundo la Alianza debe de dedicar una gran parte de sus recursos en el desarrollo directo de la empresa privada en Sudamérica. Esto es además de ayudar a gobiernos sudamericanos a financiar la correcta «infraestructura» de sus economías, la Alianza debe de levantar o fundar instituciones de préstamos únicamente para financiar operaciones del sector privado de la economía. Estas instituciones deben de tomar a su cargo las áreas que los bancos no atienden, ya sea por agotamiento de capital o por no desear correr grandes riesgos. Estas instituciones asegurarían, a una Sudamérica falta de capital, una prudente pero necesaria corriente de capital para nuevas inversiones.

No existe una razón verdadera porque los fondos contribuidos en forma de impuestos por ciudadanos norteamericanos, participantes en el sistema de empresa privada, no vayan directamente hacia los nuevos arquitectos de la empresa privada en Sudamérica. Por este proceso, la Alianza pondría en manos de los pueblos de Sudamérica el poder económico del cual carecen.

Tercero, la Alianza también debiera de dedicar otra gran parte de sus fondos para el desarrollo en Sudamérica de la educación privada. No se puede omitir una ayuda, juiciosa, al sistema escolar público, pero la educación privada debe de recibir la mayor parte de esos fondos. A través de toda Sudamérica, escuelas privadas, muchas veces sin cobrar nada, no sólo están cubriendo el vacío que las escuelas públicas no pueden llenar, sino que están enseñando con más efectividad los principios de la libertad y democracia.

El hecho de que la mayor parte de la educación privada está en manos católicas no debiera ser obstáculo para recibir ayuda de los fondos públicos norteamericanos. Tenemos que aceptar la realidad de que Sudamérica es un continente católico; los fondos de la Alianza se pudieran canalizar o encauzar a través de instituciones católicas, protestantes, hebreas y otras.

Mientras más se promueva la educación privada en Sudamérica, mientras más control familiar y local sobre la educación se facilite, más se desarrollará un pensamiento político independiente.

Así la Alianza, con debida atención al sector privado, tendrá una gran oportunidad. En los Estados Unidos, el pueblo fue primero y después vino el gobierno para servirlo. En Sudamérica, los gobiernos estaban ahí primero. Ahora la Alianza puede brindar el poder a los pueblos sudamericanos para que asuman el mando de los gobiernos y los adapten a las necesidades de la democracia y de las libertades humanas. Creo que así no sólo se obtendrá una verdadera «Alianza» sino también el «progreso».