Año: 8, Noviembre 1966 No. 137

La Libertad de Empresa y el Interés Colectivo

La libertad de empresa implica derecho para producir y vender, y para comprar y consumir, y el consumidor, lo mismo que el productor, forma parte integral del sistema. Es más, puede considerarse al consumidor como un empresario. Como sistema económico, el de libre empresa se caracteriza por la existencia de competencia, mercado libre, propiedad privada e iniciativas privadas. Los productores toman sus iniciativas a base de precios y las indicaciones de posibles ganancias o pérdidas que les dan los consumidores.

Así es como hallamos que al frente de la producción competitiva, se halla la empresa; un individuo o grupo de individuos. La empresa o sociedad reúne los ahorros y planes de los inversionistas y el talento y energía de los empleados a fin de poder satisfacer las exigencias de los consumidores y, con la esperanza de poder obtener de dicha transacción utilidades para los dueños del negocio

Para prosperar y aun para sobrevivir, es necesario que la empresa sepa servir al público o a sus intereses Pero dirigir un negocio es una operación riesgosa, pues el público consumidor es un amo cruel, siempre presto a retirar su aprobación o patronato (del cual depende la vida o muerte del negocio) a cualquier compañía o individuo que no le satisfaga tan bien como lo hacen otros.

La empresa privada tiene sus puertas abiertas para que cualquiera pueda ingresar. Quien tenga un proyecto o iniciativa y el capital suficiente para echarlo a andar, es libre de iniciar un negocio. Aun sin capital propio, hay quienes han podido poner en marcha sus negocios. Hay, hoy día, más de once millones de negocios (incluyendo fincas) en EE.UU. de América. La inmensa mayoría son de propiedad privada o de sociedades pequeñas, y sólo el 11% corresponde a corporaciones.

La Conveniencia del Consumidor:

El interés del consumidor en la libertad de empresa proviene de su deseo de obtener más a menor costo, el cual va combinado con la máxima oportunidad para escoger. De modo que el consumidor, o sea el público, tiene un interés muy especial en la empresa privada, porque ésta es su más leal servidora, es más, su móvil mismo es satisfacer los más mínimos deseos del consumidor.

Es así como a través de la caja registradora o del libro de pedidos, el cliente, al hacer sus compras o dejar de hacerlas, da su aprobación o rechazo al hombre de negocios. El consumidor posee, además, un veto casi absoluto sobre cualquier decisión de importancia que pueda tomar una empresa. Siendo él, el público, él es quien decide el interés general en el sistema de libre empresa.

Su poder es determinante. Todos los costos de un negocio, los impuestos, los sueldos y salarios, beneficios, costos materiales, intereses, etc., dependen en última instancia de una y sólo una persona: el consumidor.

Por consiguiente, al efectuar su compra, el consumidor tácitamente da su aprobación al precio cobrado y hace posible la producción y los empleos y contribuye a mantener vigente el negocio. Es decir, que él asigna las utilidades a las empresas que considera que mejor le sirven (a él, o sea, al público consumidor) y gracias a él. Dichas compañías crecen y se expanden. Al mismo tiempo, es él quien determina las pérdidas de aquellas compañías que no le rinden beneficios a él (es decir, al público), y a menos que dichas compañías se corrijan, están condenadas a decrecer y hasta a desaparecer. Es por ello que bajo el sistema de iniciativa privada, se dice sabiamente que el cliente (es decir: el público), o sea, el consumidor, es el soberano.

Sin embargo, debemos reconocer también que la soberanía del consumidor no es absoluta. El productor también goza de libertad de elección. Puede escoger su industria o campo de acción, dónde y cómo operar, los precios que ha de cobrar, etc. Pero, a la larga, no puede vender a menos del precio de costo, ni tampoco a un precio mayor que el de su competidor. Por lo tanto, es el consumidor quien, en última instancia, decide qué y cuánto habrá de producirse y quién habrá de producirlo y a qué precio.

Hay otro punto que conviene al consumidor: el mercado es democrático a un grado muy superior al de la política. Día a día es «DÍA DE ELECCIONES» en el mercado. Cada compra constituye un voto y las ventas que registran las cajas representan los votos de los consumidores que van siendo tabulados y que se hallan allí representados por el dinero de los clientes. La posición de cada compañía en el mercado no está sujeta a períodos fijos de tiempo, sino que está sujeta a dichos votos. Por medio de ellos, un negocio grande puede tornarse chico y uno pequeño acrecentarse o cualquiera puede llegar a desaparecer.

De modo que con sus votos en dinero, el consumidor (quien puede ser un empleado o inversionista o ambas cosas a la vez), obliga a que la oferta y, por ende, los productores se ajusten a la demanda, en provecho del público consumidor.

La Conveniencia del Trabajador

El principal interés del trabajador bajo la libre empresa estriba en su empleo, fuente de su bienestar. Le conviene también disponer de la máxima libertad de acción y selección. Le conviene, además, el poder disfrutar del máximo de oportunidades bajo un sistema de igualdad de oportunidad. Gracias a él puede seleccionar su carrera, decidir con cuánto tesón seguirla, escoger dónde quiere vivir y trabajar. Son estas decisiones que él puede tomar en lo personal dentro de las oportunidades que otros igualmente libres ofrecen.

Naturalmente, también se beneficia con el crecimiento de los negocios, que significa, a la vez, aumento de oportunidades y aumento de sueldos y salarios. En EE.UU., la escala de salarios es enormemente mayor que en cualquier otra parte del mundo, a pesar de todo lo que se ha dicho acerca de la automatización, y jamás se ha hecho más palpable la capacidad que ofrece el sistema de libre empresa de originar empleos y de conservarlos.

Es natural que el empleado esté también interesado en cuanto a las utilidades. Hay quienes sostienen que los sueldos y las utilidades están reñidos entre sí y que cuando los unos aumentan, disminuyen las otras. Que las utilidades sólo se obtienen a costa de los salarios. Nada más alejado de la realidad. La empresa privada está basada en la competencia y en la cooperación. El trabajo y el capital forman una asociación natural, pues existe una dependencia mutua.

Y desde el punto de vista de la conveniencia del empleado, entre más capital haya, mejor; y como las utilidades atraen mayor inversión de capital, entre más utilidades se produzcan, mejor. Porque el capital es elemento clave de la productividad y sólo con el aumento de la productividad es que puede obtenerse una continua mejoría real y verdadera de los sueldos y salarios, que es provechosa para los consumidores, gobiernos e inversionistas a la vez.

Por lo tanto, no ha de sorprender que la inversión por cada trabajador en EE.UU. sea superior a la inversión por trabajador en cualquiera de los otros países del globo. Resulta, como consecuencia, que los altos sueldos y beneficios correspondientes a los empleados en Estados Unidos, provienen de la enorme productividad del capital, que, a su vez, es una consecuencia directa del sistema de libertad de empresa.

Es a todas luces obvio que estos salarios, beneficios y oportunidades de trabajo no provienen de un gobierno benévolo, ni son conquistas de los sindicatos, ni donaciones derivadas de la magnanimidad de los patronos. En última instancia, la persona clave en la concesión de empleos es el consumidor. Sus compras son las que crean las oportunidades de empleo. Su dinero, el que respalda las planillas. Al rehusar hacer una compra, automáticamente rechaza las escalas de salarios que resultan antieconómicas o los trabajos de baja calidad. Y los trabajadores cuyo trabajo sufre este rechazo de parte del consumidor, hallarán escaso consuelo en ser los desempleados mejor remunerados del mundo. De modo que en un sentido muy real, el empleado no labora para su patrón, sino que ambos trabajan para el consumidor.

Surgirán nuevas plazas y nuevas oportunidades, siempre que la tasa de salario los convenga a los intereses del consumidor; siempre que los ahorrantes o inversionistas, en su función de proveer los instrumentos para la producción, cuenten con suficiente incentivo para seguir haciéndolo y siempre que el complicado mecanismo del mercado que es el que rige las billones de transacciones que diariamente se llevan a cabo a través del sistema de precios que continuamente fluctúan, permanezca libre y autodeterminante.

La Conveniencia del Gobierno

El interés del gobierno en la libre empresa debería ser el de velar por proteger la vitalidad de los negocios.

Los negocios pueden prosperar, el crecimiento económico puede acelerarse y las rentas impositivas pueden sostenerse solamente cuando el gobierno lleve a cabo a satisfacción la función esencial que le es encomendada. Dicha función incluye mantener la ley y el orden, salvaguardar la propiedad y los contratos y dar garantías al individuo contra la violencia proveniente tanto de adentro como de afuera.

Pero los gobiernos pueden excederse y frustrar el ideal de: «VIDA, LIBERTAD Y BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD», pues la tendencia de los gobiernos, a través de la historia, ha sido la de suponer que poseen un conocimiento profundo de la economía que los lleva a tomar toda clase de medidas, tales como la de propiciar la inflación monetaria, la introducción de estabilización que paraliza los asuntos económicos, la de favorecer a algunos grupos en perjuicio de otros, la de fijar precios y ganancias «razonables». En resumen, usurpan el derecho de interferir en las decisiones diarias y normales de los negocios y en alterar, a nombre del interés público, «el sistema competitivo del mercado».

La Conveniencia del Inversionista

El interés del inversionista en el sistema de libre empresa estriba en poder hacer trabajar su dinero con ganancias. Esto es vital, tanto para él como para la libertad de empresa, para el Gobierno y para toda la sociedad. Él es uno de los millones de personas que invierten directamente y que al arriesgar sus ahorros proveen el capital que crea empleos. Es, además, uno de entre los cien millones que invierten indirectamente a través de sus depósitos de ahorro, pólizas de seguro y fondos de pensión.

El problema clave del inversionista es dónde y en qué invertir. Su selección está motivada por dos poderosos, aunque distintos motores: el ansia del lucro, por una parte, y el miedo a perder sus ahorros, por la otra. El inversionista está presto a reconocer que la gerencia juega un papel determinante, que la iniciativa y el riesgo van juntos, que las ganancias de hoy pueden convertirse en las pérdidas del mañana.

Sin embargo, un factor importante y que hay que tomar en cuenta es que el inversionista no está atado en sus inversiones. Es un agente libre que gustosamente conserva y aun incrementa sus inversiones cuando considera que el rendimiento de las mismas y el riesgo que corre son razonables. Pero cuando opina que las utilidades no son satisfactorias o los riesgos son muy grandes, puede, si así lo quiere, cambiar sus inversiones, vender sus acciones, bonos o propiedades y usar su valor para otras inversiones. O, si no tiene confianza en el futuro, puede dejar de invertir. De todos modos, ya sea incrementando sus inversiones, o reduciéndolas al mínimo, se mantiene alerta a las posibilidades de ganancia, las cuales, como ya hemos mencionado, son señales que da el consumidor.

A través y gracias al incentivo de las utilidades, surge una poderosa corriente de inversión de ahorros: el capital que hace posible la moderna iniciativa particular; que hace que ésta se mantenga alerta y de pie; que provee a los trabajadores con las herramientas, fábricas y maquinaria; que da origen a nuevas fuentes de trabajo, alta productividad y altos salarios, que permite a los productores proporcionar los bienes y servicios que anhela el consumidor a precios que él esté de acuerdo en pagar. En tal forma, tres factores de vital importancia son los que rigen el interés del inversionista: ahorros, confianza en futuro y el aliciente de ganancias.

Así, el sistema de libre empresa y las decisiones de la iniciativa privada en las que participan todos en forma inherente y democrática, refleja los deseos y el interés colectivo. Las interferencias estatales con las decisiones de la iniciativa privada, en nombre del interés público, resultan irónicamente interferencias con el interés publico. Porque las decisiones de la iniciativa privada son, en última instancia: LAS DECISIONES DEL PUEBLO, POR EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO.

Agradecemos a la UNITED STATES STEEL CORPORATION el permiso para publicar este artículo, que fue tomado del Reporte Anual de 1965.

VIRGIL JORDAN