Año: 9, Marzo 1967 No. 145

Con Libertad, Paz y Justicia

Por ALBERTO BENEGAS LYNCH

Conferencia pronunciada en el Instituto Popular de Conferencias de «La Prensa». Buenos Aires, Argentina

Señoras y señores: paz y justicia para todos es un legítimo anhelo que experimentan las personas de bien. Sobre la base de la paz y de la justicia que no existen sin libertad cada uno puede labrar, para sí y para los suyos, cierto grado de bienestar, fru­to de su propio esfuerzo y del mérito espontáneamente reconocido y apreciado por las demás, de acuerdo con los servicios y bienes suministrados por cada cual.

LA PAZ DEL GOBIERNO LIMITADO

Por supuesto que esa paz y esa justicia no se encuentran en el totalitarismo comunista, ni en los sistemas sociales que lo imitan, ni en ninguna de las otras variantes del colectivismo. Al referido anhelo no lo satisface la paz de la tumba, ni la paz de la cárcel, ni tampoco, por cierto, la que resulta de la invasión de la fuerza agresiva en el ámbito de las actividades productivas y creadoras del hombre. La paz anhelada sólo se alcanza con el orden que resulta de la voluntaria libre y, por lo tanto, pacífica cooperación social. Para cuya existencia es indispensable que esté vigente en su plenitud el sistema social de la libertad, que no es otro que el que manda nuestra Constitución de 1853 y 1860, cuyo preámbulo proclama, en primer término, el propósito fundamental de consolidar la paz interior, afianzar la justicia y asegurar los beneficios de la libertad. Propósito al que tiende todo su articulado; en especial, el correspondiente al capítulo de las declaraciones, derechos y garantías individuales que consagra la inviolabilidad de la propiedad y el derecho del propietario de usar y disponer de ella, sin otra limitación que iguales derechos de los demás. Y que consagra asimismo las libertades de trabajar, de expresar las ideas, de profesar el culto, de contratar y de asociarse, etc.

Es preciso recordar estos conceptos elementales, al parecer hoy olvidados, que fueron estampados en la Constitución por sus redactores, profundamente preocupados después de haber padecido el horror de la anarquía y la tiranía de salvaguardar los inalienables derechos del individuo y, para ello, limitar adecuadamente el poder político. A cuyo efecto establecieron también el sistema federal, que descentraliza el poder geográficamente, y el sistema de frenos y contrapesos, que lo descentraliza institucionalmente. En suma, nuestra carta política suprema sólo concibe el gobierno estrictamente limitado que, de manera efectiva, respete y proteja la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos.

Leonard Read, el gran apóstol de la libertad y de la paz auténtica, señala que las energías humanas sólo pueden manifestarse «de manera creativa o destructiva pacífica o violenta». Es lógico y razonable, entonces, admitir que no sólo es función legitima de gobierno, sino que constituye su obligación primordial, inhibir y aplicar penas a toda clase de manifestaciones violentas y destructivas de las energías humanas. En cambio, no es función legítima de gobierno sino que, por el contrario, es grave desviación de sus actividades lícitas y una forma de violencia, agresiva, inhibir, aplicar penas o, de cualquier modo, intervenir restringiendo o estorbando las pacíficas, productivas o creadoras manifestaciones de las energías humanas.

LA JUSTICIA CONTRA EL DESPOJO

No se puede alcanzar la paz cuando el gobierno practica o permite el uso, legalizado o no, de la fuerza agresiva para el despojo y la destrucción; mientras omite el empleo de la legítima tuerza defensiva en la medida necesaria para mantener el orden, basado en el respeto y protección de las personas, sus propiedades y libertades. Sólo manteniendo estrictamente ese orden social se realiza la justicia, que, como lo indica con sencillez la Real Academia, es la virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece.

No es justicia, entonces sino que, por el contrario, es una injusticia, quitar por la fuerza algo a sus legítimos dueños para dárselo a quien no le pertenece. A la justicia le repugna siempre el despojo y la expoliación, aunque hayan sido legalizados, y por muy elevados que sean los propósitos en cuanto al destino de los bienes cuyos propietarios sufrieron despojo.

Hace más de un siglo, Federico Bastiat observaba que, para verificar si la función de gobierno se halla pervertida y la ley es injusta, basta con comprobar si esa ley beneficia a un ciudadano a expensas de otro, haciendo lo que el ciudadano por sí mismo no puede hacer sin cometer grave delito. Porque son delitos graves el robo, el despojo y la expoliación cometidos individualmente. Y no son diferentes las reglas de conducta ni el código moral por el hecho de que el acto, en lugar de cometerlo un individuo, lo comete un grupo de individuos, por numeroso que sea, o un agente que asuma su representación, aunque ese agente se llame gobierno o sindicato.

A más de cien años de distancia, aquellas observaciones de Bastiat no sólo parecen ser correctas, sino que parecen pertenecer a la categoría de verdades eternas, porque es inconcebible la existencia de funciones legítimas de gobierno y leyes justas basadas en la injusticia. Esas ideas, expuestas con brillo por Bastiat, son las mismas que influyeron decisivamente en el pensamiento de Ricardo Cobden y John Bright, cuya prédica esclarecedora en la Inglaterra de entonces contribuyó poderosamente a la derogación de numerosas leyes restrictivas del intercambio de bienes y servicios y violatorias de la propiedad. Leyes injustas, cuya derogación formó parte de una política auténtica libertadora, que se inició después de las guerras napoleónicas y se mantuvo casi constante hasta cerca de la Primera Guerra Mundial; marcando la grandeza de los mejores tiempos del Imperio Británico y de toda la civilización alcanzada por igual política.

La justicia responde al derecho y a la moral. Por eso, la ley justa organiza la fuerza defensiva para evitar y combatir las injusticias; o sea, para prevenir y reprimir fraudes, violencias, depredaciones. En su misión ecuánime e imparcial, la justicia no discrimina entre las personas. En ese sentido es ciega, porque no establece entre las personas ninguna diferencia a los efectos de dar a cada uno lo suyo.

INJUSTICIA Y PERJUICIO DEL IGUALITARISMO ECONÓMICO

La llamada justicia social se convierte en tremenda injusticia cuando, en lugar de fundarse en el derecho y la moral, atenta contra ellos y se basa en el despojo, la expoliación y el empleo de la fuerza para quitar a unos y dar a otros. Ese es el sentido que tienen todas las leyes y políticas que tienden al igualitarismo económico y buscan beneficiar a unos a expensas de otros, llámense precios máximos, impuestos progresivos, salarios mínimos, proteccionismo, subsidios, controles de cambio, inflación monetaria, etc. La igualdad ante la ley, que asegura a todos por igual respeto y protección a sus propiedades y libertades, es incompatible con las políticas tendientes al igualitarismo económico, porque éste, para realizarse en cualquier medida, viola siempre, de algún modo, la propiedad y la libertad de alguien.

El igualitarismo económico es contrario a la justicia, porque rechaza la mayor retribución, que legítimamente corresponde, al mejor servicio y al más alto rendimiento. Y, desde luego, es contraproducente en cuanto al loable propósito de mayor enriquecimiento popular, porque conspira contra la acumulación de capital que, como es sabido, es la base insustituible para acelerar el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. La acumulación de capital multiplica la productividad del trabajo y hace posible que más y mejores bienes y servicios se hallen a la disposición del pueblo para su consumo. Dicho de otro modo: el mejoramiento del nivel de vida popular depende, fundamentalmente, de que el ritmo de la capitaIización sea más rápido que el aumento de las poblaciones. Por eso, para medirlo válidamente, debe recurrirse a la estimación del crecimiento de la cuota de capital por habitante. Las políticas que tienden al igualitarismo económico empobrecen fácilmente a los ricos, pero nunca enriquecen a los pobres de manera perdurable. Por el contrario, tales políticas hacen que éstos sean cada vez más pobres. Y cuando, circunstancialmente, ello en apariencia no ocurre, es porque dichas políticas, retardatorias y de estancamiento, resultan neutralizadas por la pujanza e intensidad de los efectos del capital existente acumulado y de la eficiencia de los empresarios. Como se sabe, por la ciencia y las experiencias intentadas, el igualitarismo económico total es imposible y absurdo. Mientras determinadas políticas más se acercan a él resultan más injustas, más contrarias a la naturaleza y más perjudiciales para toda la sociedad y para cada uno de sus integrantes. La sociedad comunista, inspirada en la máxima que dice «a cada uno según sus necesidades, y de cada uno según su capacidad», rebaja el nivel de vida medio y establece el grado de desigualdad económica que las burocracias reinantes imponen compulsivamente. La sociedad no comunista, pero influida por el socialismo y la demagogia colectivizante que es el caso en mayor o menor medida, de todos los países comprendidos en el llamado mundo libre de hoy conserva todavía buena parte de la propiedad y control privado de los medios de producción, pero incurre en incongruencia al negar esa propiedad y control privado en cuanto a los resultados de la producción. Consiguientemente, en tales sociedades, se tiene el grado de desigualdad económica que establecen leyes injustas, dictadas por el capricho y la arbitrariedad de los políticos de turno.

DESIGUALDAD ECONÓMICA FECUNDA

El único grado de desigualdad económica que no es arbitrario y caprichoso, es el que resulta del funcionamiento del mercado libre que, de manera impersonal e imparcial, asigna a cada uno su parte, de acuerdo con su contribución al proceso productivo; contribución estimada, espontánea y libremente, por el pueblo consumidor. Algunos piensan que si el Estado no interviene para «regular» el mercado, se forman monopolios perjudiciales a los consumidores. La falacia de este aserto ha sido demostrada en el más alto nivel científico por autores eminentes; en especial, en los últimos tiempos, por uno de los más aventajados discípulos del profesor Von Mises: el profesor Murray N. Rothbard, en su obra «Man, economy and State». Lo cierto es que dichos monopolios perjudiciales al consumidor, nunca pueden subsistir cuando los mercados son realmente abiertos para todos los productores y consumidores existentes y potenciales. Tales monopolios siempre son fruto de impertinentes intervenciones estatales. Lo que suele ocurrir es que ciertos políticos agitan el fantasma de los monopolios, para tratar de justificar su injustificable intervencionismo. Y. al asumir esa actitud, suelen señalar al intervencionismo ajeno causante de perjuicios; el intervencionismo propio, naturalmente, siempre sería beneficioso.

La única desigualdad económica, pues, que no es arbitraria y caprichosa, es la que resulta del pacífico, voluntario y libre intercambio, que las personas realizan con sus bienes y servicios. Esa desigualdad económica es fecunda, porque contribuye a elevar el nivel de vida medio. Mientras más rica es una persona, más difícil le resulta consumir todos sus ingresos, y mayor es la magnitud de ahorros e inversiones que incrementan la producción y elevan el nivel de vida popular.

CARIDAD Y JUSTICIA

En los casos, de la antes referida justicia social, ocurre que la ley pervertida realiza la injusticia en lugar de evitarla y combatirla como hace la ley justa. Se llega así a la situación a que alude el sacerdote Francis Mahaffy, cuando dice que el adjetivo social destruye al sustantivo justicia. El misionero de la selva que predica el evangelio, asiste a los enfermos y ayuda a los menesterosos, no realiza un acto de justicia; realiza un acto de caridad. Nadie tiene derecho alguno a emplear la fuerza en el ámbito político para obligar al misionero, o a cualquier otra persona, a proceder en la forma indicada. Es el misionero quien, por propia decisión, voluntariamente prodiga su generosidad asistiendo y ayudando caritativamente a esos enfermos y menesterosos. Desde luego que lo hace en cumplimiento del deber de conciencia que, ante el Supremo Hacedor, tiene todo buen cristiano de acudir en ayuda de los necesitados.

La caridad la realiza siempre el individuo o grupos particulares de individuos, nunca el Estado, porque, por definición, la caridad es un acto voluntario que se realiza con recursos propios y, de ser posible, anónimamente, para estar más en consonancia con el sentido religioso de esa excelsa virtud cristiana. No se concibe, entonces, caridad estatal realizada con recursos ajenos; menos aún si se trata de la vulgar y empobrecedora redistribución compulsiva de la riqueza que suele practicar el Estado, siempre con fines de propaganda política. En vano los estatistas y estatólatras pretenden descalificar a la caridad, declarándola degradante. Nada más falso que esto. En el acto caritativo, el que da algo que legítimamente le pertenece, lo hace voluntariamente, y el que lo recibe, por su parte, lo hace también con entera libertad. En cambio, sí resulta degradante la acción del Estado que, compulsivamente quita a unos para dar a otros, cuando el que recibe sabe que lo que está recibiendo le ha sido quitado, contra su voluntad, a sus legítimos dueños, mediante el empleo de la fuerza.

SOCIEDAD LIBRE Y AYUDA SOCIAL

La justificada oposición a. las políticas basadas en el despojo, la expoliación y el empleo de la fuerza para quitar a unos y dar a otros, de ningún modo significa indiferencia por la suerte de los desvalidos, los enfermos sin recursos y los menesterosos que desean trabajar pero, por alguna circunstancia ajena a su voluntad, no pueden hacerlo. Ni tampoco ello significa pensar que esas personas deben quedar necesariamente libradas, en forma exclusiva, a la ayuda de la caridad, aunque esta última ha hecho, hace y puede hacer mucho para mitigar la desgracia y el dolor del prójimo. AI objetar las referidas políticas de despojo, que son violatorias de derechos y contraproducentes en cuanto a la eficacia de la ayuda social que se persigue, de lo que se trata es de preservar las bases de la sociedad libre y productiva del sistema social de la libertad que, precisamente, por ser más productivos, hace posible que existan menos desvalidos, menos enfermos sin recursos y menos menesterosos que quieren trabajar y no pueden hacerlo.

La ayuda mutua en que se basan los seguros sociales privados, es capaz de cubrir todos los riesgos imaginables de la vida cotidiana, susceptibles de ser asegurados, sobre bases voluntarias y libres, sin la ineficiencia, el desorden y, a veces, el despilfarro y hasta la malversación, que caracterizan a la acción del Estado cuando interviene en estos campos. Por otra parte, aunque no es función de gobierno, la ayuda mutua, en ciertos casos, puede estar organizada por el Estado sin afectar la libertad del individuo para elegir el destino de los frutos de su propio trabajo, siempre que quienes participen en el sistema, lo hagan voluntariamente. Caso de ayuda mutua estatal y no compulsiva con las características señaladas es, por ejemplo, el de los funcionarios públicos quienes, al iniciar sus respectivas carreras, conocen los términos del contrato que celebran, y aceptan de antemano las deducciones que sufrirán sus haberes para los aportes a las respectivas cajas de previsión social, las cuales cubren los riesgos de invalidez, vejez, enfermedades y muerte y, eventualmente, son atendidos con adecuados servicios, pensiones y jubilaciones. Lo que es objetable por todo concepto, en cambio, es la ayuda mutua organizada por el Estado e impuesta compulsivamente a personas que resultan así esclavizadas a regímenes de previsión social estatales, que no han elegido ni aceptado libremente.

No existe fundamento moral que justifique violar la libertad de elegir, cada individuo como mejor le convenga, el destino de los frutos de su propio trabajo, y compeler a sus legítimos dueños a que aporten a esas cajas estatales de previsión social, que no han elegido ni aceptado libremente, en tanto prefieren destinar esos recursos a sus propios ahorros e inversiones, quizá participar en sistemas de seguros sociales privados o a cualquier otro gasto que consideren más conveniente.

Es evidente el desastroso resultado de la larga e ingrata experiencia realizada en nuestro país con los sistemas de previsión social estatales y compulsivos. Parecería que ha llegado el momento de considerar la conveniencia, la necesidad y hasta la urgencia de ponerle punto final a esta situación. Pero para liquidar dichos sistemas, la medida tendría que acompañarse con otras importantes disposiciones libertadoras. Ahora bien, una vez liquidadas esas cajas de previsión social estatales y compulsivas, los empleados y obreros recuperarán su libertad de elegir el destino de los frutos de su propio trabajo en cuanto al 15% que, sobre sus remuneraciones, hoy se les retiene compulsivamente y los empleadores, por su parte, también recuperarán en tal caso igual legítimo derecho, en cuanto al 11% que en la actualidad se les obliga en forma compulsiva a ingresar sobre todas las retribuciones que hacen efectivas.

LA LIBERTAD ANHELADA

Se ha dicho, con razón, que la existencia de la paz y la realización de la justicia están condicionadas a la vigencia de la libertad, pero ¿cuál libertad? Desde luego que paz y justicia no pueden coexistir con la opresión, el despotismo y la tiranía. Por otra parte, afirmar que no puede existir la libertad absoluta es una verdad de perogrullo. No se trata de sostener la libertad de agredir ni de destruir, ni de atentar contra la libertad misma.

Bruno Leoni profesor de la Universidad de Pavía, al abordar el tema, hace notar que la decadencia de la libertad de nuestros tiempos se debe, principalmente, a la hipertrofia legislativa y a los abusos de la representación. Señala Leoni que, para definir palabras que significan cosas materiales, una silla, una mesa, no existe dificultad alguna. Cualquier malentendido se disipa inmediatamente con sólo señalar el objeto o la cosa de que se trata. Distinto es cuando hay que definir palabras que significan conceptos inmateriales, como es el caso del vocablo libertad, las que suelen dar lugar a problemas de carácter semántico. Para evitar éstos en lo posible, Leoni sugiere recurrir, no sólo a las definiciones basadas en el significado que le asigna el común de las gentes, o sea las definiciones lexicográficas, sino también a las que se basan en el que le atribuyen el autor o los autores que desarrollan el tema; vale decir, las definiciones estipulativas. No son aconsejables las definiciones persuasivas, según Leoni. Estas ultimas suelen forzar la interpretación de los términos, llegando incluso a su completa tergiversación, como ocurre con el empleo del método por parte de los comunistas, especialmente cuando usan términos de gran atractivo popular. Precisamente es el caso de libertad, paz y justicia, que para los comunistas tienen un significado distinto del verdadero. Con toda seguridad que la idea de paz de Gromyko es completamente distinta del concepto que sobre la paz tiene Su Santidad Paulo VI. Leoni llega a la conclusión de que el término libertad es antitético a sometimiento. Libertad sería, pues, ausencia de sometimiento, naturalmente con relación a las acciones de los individuos: pacíficas, voluntarias, libres, productivas y creadoras. Read, complementando el mismo concepto, parte del necesario distingo, entre la llamada libertad psicológica y la denominada libertad sociológica. La primera, con ser muy importante, no nos concierne en cuanto al problema que nos ocupa, porque se refiere a las actitudes y reacciones de los individuos que tratan de liberarse de factores en cierto modo inhibitorios, como son las supersticiones, los mitos, los temores, la ignorancia y, en la medida de lo posible, la propia imperfección, Es la llamada libertad sociológica la que nos concierne. Ella se refiere a los problemas que se suscitan en las relaciones entre el individuo con sus semejantes y los individuos con el Estado. Read, para ilustrar la clase de libertad que nos preocupa, recurre a la imagen de la relación entre dos personas exclusivamente. Señala que no sería lógico ni razonable admitir que una de esas dos personas impusiera, por la fuerza, su voluntad a la otra en cuanto a lo que ha de crear, a lo que ha de inventar, a lo que ha de producir y consumir, en qué ha de trabajar, cuánto tiempo habrá de dedicar a la tarea y qué remuneración habrá de pedir por ella. Y, si no es lógico ni razonable admitir que una persona imponga por la fuerza su voluntad a otra en estas materias, tampoco parece lógico ni razonable admitir que un grupo de personas, por numeroso que sea, imponga por la fuerza su voluntad en las mismas materias a una persona individualmente considerada.

LIBERTAD ÓPTIMA Y AUSENCIA DE ELLA

Para medir el grado de libertad en una sociedad determinada, observa Read, basta con analizar el número de prohibiciones de los actos pacíficos productivos y creadores de los individuos. La ausencia de estas prohibiciones marcaría el grado óptimo de libertad. El extremo opuesto sería la situación en la que es muy crecido el número de dichas prohibiciones; en la que, en la práctica, todo lo que no está prohibido es obligatorio, como ocurre actualmente en la Rusia soviética, la China comunista y sus países satélites, incluyendo a Cuba.

La idea de libertad, expuesta por Leoni y por Read, coincide, en lo esencial con la que expusieron sus ilustres predecesores, como Hume, Bentham, Locke, Bastiat, Von Misses y Von Hayek; entre otros, y con la expuesta por uno de los próceres máximos de nuestra historia, artífice principalísimo del pensamiento de Mayo: el General Manuel Belgrano, y con la que corresponde al concepto del sistema social de la libertad que ordena nuestra Constitución de 1853 y 1860.

AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN

Es una suerte tener una Constitución así, pero es una desgracia que ella no se cumpla. Y es lamentable que quienes creen, o hacen como si creyeran, que la Constitución se cumple, muchas veces son los mismos que, constantemente, la violan desde el gobierno. Por otra parte, la errónea creencia de que la Constitución se cumple suele inducir a equívocos en cuanto a la misión de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas constituyen una vital reserva de la Nación, cuya misión fundamental consiste en ejercer, en última instancia, la legítima defensa, contra ataques exteriores o interiores de la vida, la libertad y la propiedad de los habitantes de la República. El contenido esencial de la Constitución exige respeto y protección a las personas sus propiedades y sus libertades. La violación de ese mandato por parte de cualquier gobierno, surgido o no del comicio, cuando no se produce la reparación por otro resorte, impone a las Fuerzas Armadas la responsabilidad, no de pretender reformas exóticas, sino por el contrario, de contribuir a la rectificación de esas desviaciones y, por lo tanto, a restablecer el pleno imperio de los principios inmanentes de la Constitución. La llamada legalidad no existe cuando se halla permanentemente violada la ley suprema.

No hace falta efectuar un análisis muy profundo para darnos cuenta que vivimos al margen de la Constitución. Y ello es así porque se ha hecho abandono del concepto de gobierno limitado, que nos legaron los fundadores de la nacionalidad. Gobierno limitado que sirvió de base a lo que fue nuestra Patria libre, la que en los mejores tiempos de la República brindó un magnífico ejemplo al mundo civilizado, por su portentoso progreso y la prosperidad de sus habitantes logrados gracias a la solidez de las instituciones libres, que infundieron confianza a las personas y dieron seguridad a sus inversiones. En aquellos tiempos existieron gobiernos de dimensión reducida y costo económico, muchos de los cuales fueron ejemplos de eficiencia, austeridad y sencillez republicana. En aquel entonces, teníamos la preocupación de ganarnos la vida por nuestros propios medios y no pretendíamos exigir ayuda a quienes habían sabido ganársela por sus propios medios antes que nosotros. Todavía no habían aparecido los «estructuralistas», ni los «desarrollistas», ni los «genios del dirigismo económico». No nos preocupaban los «términos de intercambio»; nuestro país figuraba entre los primeros por el volumen de su intercambio comercial, y no entre los últimos, como sucedió después. Todo eso vino luego con la demagogia colectivizante que nos trajo el concepto de gobierno paternalista y dadivoso; que resultó en la estructura gubernamental que actualmente nos agobia, de dimensión gigantesca y de costo insoportable, cuya burocracia ejerce poderes casi ilimitados sobre buena parte de las acciones privadas de los individuos las cuales, según la Constitución, están reservadas sólo a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.

La segunda tiranía marcó el momento culminante del avance y realización de ese concepto de gobierno paternalista y dadivoso impulsado por la demagogia colectivizante. La ruina moral y material de la República fue el resultado. Bajo el signo del justicialismo peronista, conculcó la libertad, aniquiló la justicia y aventó la paz de la República. El despojo y la expoliación fueron su norma y la ley pervertida fue el instrumento realizador de su injusticia.

Hoy, la hipertrofia del gobierno y la perversión de sus funciones se mantienen en gran medida bajo el mismo influjo. Los aduladores del peronismo y sus muchos imitadores, bajo diferentes rótulos, piden que el país emprenda el camino de su reconstrucción, la cual exige que se recuperen las perdidas instituciones libres de la República. Las viciosas prácticas políticas que permitan la concurrencia al comicio de partidos, programas y candidatos que atentan contra principios básicos de nuestra Constitución, hacen posible la existencia de gobernantes ejecutivos y legisladores que son verdugos de los inalienables derechos inherentes al individuo, en lugar de ser sus celosos y eficaces custodios, en cumplimiento del mandato imperativo que corresponde observar a todo gobierno que pretenda se le reconozca calidad de verdaderamente libre, republicano y democrático.

La auténtica democracia implica, como condición básica y esencial de su existencia, el respeto y la protección de esos derechos inalienables e inherentes al individuo, a la propiedad y la libertad creadora. Son muchos los que saben dónde está la responsabilidad por la profunda crisis moral, política, económica y social que padecemos. Pero son pocos, todavía, los que reconocen la raíz colectivista de las causas de los males que sufrimos.

Lo cierto es que las instituciones sociales básicas y el régimen legal han sufrido y siguen sufriendo una transformación cada vez más socialista y colectivizante. Ha desaparecido la democracia liberal que muchos critican todavía como si existiera, pretendiendo cargarle las culpas de los fracasos que corresponden al estatismo intervencionista que la ha reemplazado. Se han perdido así las ventajas del sistema social de la libertad, que permite y estimula la voluntaria y fecunda cooperación entre los individuos, fruto de la división del trabajo, basado en el pacífico y libre intercambio que las personas realizan con sus bienes y servicios.

Nos hemos alejado mucho de la productiva sociedad contractual que libera y enriquece y que nuestra Constitución ordena, y nos acercamos cada vez más a la totalmente regimentada sociedad hegemónica, que esclaviza y empobrece y que repugna a nuestra Constitución.

BASES PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Sin embargo, no es imposible salir de la situación en que hemos caído. Lo único que nos impide tener la paz y la justicia, basadas en la libertad, para mayor dignificación y enriquecimiento del pueblo, es la falta de conciencia clara sobre los medios idóneos conducentes a ese fin y, por lo tanto, la falta de aplicación de tales medios idóneos.

Un programa para la efectiva reconstrucción moral, política, económica, financiera y social de la República, impone, ante todo, reconstituir las bases institucionales que ordena nuestra Constitución. Ello significa afianzar la independencia y fidelidad a la Constitución de los tribunales de justicia; garantizar suficientemente la propiedad; darle plena vigencia a las libertades de trabajar, comerciar, contratar y asociarse, y de expresar las ideas, poniendo exclusivamente en manos privadas todos los medios de difusión: radiofonía, televisión y empresas periodísticas.

A su vez, esto significa derogar numerosas leyes y reglamentaciones que son violatorias de la propiedad y de las libertades mencionadas, tales como las de arrendamiento rurales, de alquileres, de abastecimientos, de carnes y granos, de salarios mínimos, de despido de asociaciones profesionales, de controles de cambios, de contratos compulsivos de trabajo, etc. Significa, asimismo, modificar otras leyes y reglamentaciones reemplazándolas por nuevas, en armonía con el espíritu de la Constitución, tales como la de organización de ministerios para volver a los ocho ministerios de la Constitución; las de moneda y bancos, para darle al país moneda genuina, de base metálica sana e independiente del poder político, con la que resulte imposible la inflación monetaria; las de gastos públicos y de presupuesto, etc. Significa reformar el sistema impositivo, simplificándolo y haciendo de los gravámenes fiscales exclusivamente medios para costear administraciones públicas de dimensión reducida y costo económico y no instrumento para redistribuir arbitrariamente la riqueza. Ya nos hemos referido a la necesidad de reemplazar los regímenes de previsión social estatales y compulsivos por sistemas de seguros sociales privados, voluntarios y libres. Significa, ciertamente, transferir a inversores privados las empresas estatales, incluso las de energía, comunicaciones y transportes.

El tesoro nacional se enriquecerá así en centenares de miles de millones, por el doble efecto de los ingresos producidos mediante la venta de empresas del Estado y la eliminación de los gastos requeridos para su mantenimiento.

Todo esto, que en las actuales circunstancias parece utópico, no lo es si se practica con prudencia, pero con firmeza y sin pausa, una política auténticamente libertadora. Dicha política ejercerá insospechada atracción sobre inversores extranjeros y también nacionales, muchos de los cuales han huido de la hostilidad y de la persecución, buscando horizontes más seguros. Mantener la situación actual equivale a continuar la guerra de todos contra todos, que hoy se libra, en la que grupos sociales diversos procuran utilizar, en su propio provecho, a expensas de los demás, el gigantesco poder político que a todos nos abruma. De continuar el actual proceso de creciente colectivización, la demagogia no tardará en sepultar los últimos restos de la democracia.

En nombre de la democracia llegaremos así, fatalmente, al colectivismo total. Y, entonces, las personas, obedeciendo órdenes de burócratas, actuarán exclusivamente como autómatas y perderán por completo su individualidad, reducidas a la condición de hormigas, como siempre ocurre en los totalitarismos. En cambio, si volvemos al espíritu de la Constitución, que corresponde a la tradición argentina de individualismo y libertad, tendremos auténtica paz y justicia que hará posible el bienestar de cada uno, mediante su propio esfuerzo inteligente; si volvemos al espíritu de la Constitución, la demagogia será derrotada y los mejores ocuparán el gobierno que será como debe ser, una carga publica, y no instrumento para el engendro fácil de privilegios y prebendas. La práctica de la correcta teoría de gobierno limitado pero firme en el cumplimiento de sus funciones específicas, fortalecerá moral y materialmente a la República, y dará a la Nación Argentina el destacado rango que merece.

En este mundo envenenado por la mentira y el engaño, lleno de confusión y desconcierto, de sombras y amenazas, el triunfo de la libertad depende de la eficacia de nuestra propia acción para que la verdad se imponga.

Alberto Benegas Lynch