Año: 19, Febrero 1977 No. 384

ORGANISMOS INTERNACIONALES E INVERSIONES EXTRANJERAS

Por Alberto Benegas Lynch (h.)

Las conclusiones, recomendaciones y estudios de algunos organismos internacionales, respecto a la inversión extranjera, son susceptibles de resumirse en seis puntos fundamentales, respecto a los cuales parece existir amplia coincidencia. A continuación expresamos aquellos puntos en bastardillas, y referente a ellos, hacemos, en forma escueta, los comentarios que juzgamos pertinentes. Las instituciones y los convenios internacionales o regionales a que aludimos -cuyos informes tienen amplia difusión- provienen de CEPAL, Parlamento Latinoamericano, Acuerdo de Cartagena, Tratado de Montevideo, SIECA, Conclusiones de la Primera Conferencia Interparlamentaria y UNCTAD.

En el mercado libre son los empresarios y no los burócratas los encargados de evaluar proyectos. Evaluación de proyectos significa, en otras palabras, la estimación efectuada por el empresario respecto a los gustos y preferencias del consumidor. Dicha evaluación se basa en tipos de cambio presentes y futuros; en casos de encarar el proyecto arriesgan capital propio aportado voluntariamente. En el mercado libre es el consumidor y no el agente gubernamental quien dictaminará, en última instancia, acerca de la conveniencia del proyecto puesto en práctica por la empresa.

El bienestar de una comunidad depende del stock de capital disponible. A su vez, el ahorro resulta ser la base insustituible para la formación de capital. Al adicionarse dosis de ahorro externo, las posibilidades de capitalización interna se ven incrementadas.

Si por medio de legislación inadecuada se obstaculiza la captación de ahorros externos, las posibilidades de ofrecer nuevos bienes y servicios en cl mercado se ven coartadas. Si la inclinación es hacia la autarquía a los efectos de ser independientes, las consecuencias que se obtienen son precisamente las opuestas a las perseguidas, puesto que en la medida que se tienda a adoptar sistemas cerrados o autárquicos, inexorablemente la comunidad deberá destinar mayor inversión por unidad de producto, lo que redunda en menos cantidad de bienes y servicios disponibles. Cuando los consumidores cuentan con menores alternativas se reduce su nivel de vida, es decir, se hacen más dependientes y resultan explotados por productores que ofrecen mercancías a precios mayores y/o calidad inferior, ya que no se les permite elegir el abastecedor de su agrado debido a la referida legislación que otorga privilegios a empresarios ineficientes en detrimento de los consumidores.

En el caso de Centroamérica, en la década del 60, el 20% de las inversiones resultaron financiadas por capitales extranjeros. El 40% de las exportaciones intrarregionales y el 80% de las exportaciones a países fuera del área las efectuaron empresas de capital extranjero. Debemos señalar, por otra parte, la notable contribución tecnológica que significó la empresa extranjera y el elevado grado de empleo, junto con los altos niveles de remuneración, que otorga.

Desde el punto de vista del consumidor, el capital no tiene patria, eso sí, pretende y exige el mejor servicio posible, pero para nada se detiene a considerar bizantinismos geográficos. A la comunidad en su conjunto, también le es indistinto el origen del capital, de la misma forma que le es indiferente el color de la piel, la religión o el sexo de sus propietarios. Lo único relevante en el mercado libre es optimizar resultados en beneficio de todos. El único requisito es el de la idoneidad, así importa el proceso, que se estimule a los productores que mejor sirven los intereses de la comunidad.

Transferir coactivamente capital de unas personas a otras implica desconocer el veredicto del consumidor acerca de la administración eficiente de recursos y, por ende, se tiende a anular la operación del mercado con los siguientes efectos nocivos sobre el bienestar de la comunidad. El capital local -en lugar de destinarse a adquirir lo ya creado- debería encaminarse hacia la consecución de nuevos objetivos.

Cambiar compulsivamente de manos los equipos ya existentes, no sólo no aumenta el patrimonio social conjunto, sino que tiende a disminuirse, puesto que aquella expropiación provocará la fuga de recursos obtenidos por la venta de acciones y –en la medida que se generalice la política de expoliación- mayores serán los recursos nacionales y extranjeros que se girarán al exterior, debido precisamente a la falta de garantías suficientes a la propiedad.

Si, en cambio, las ventas se efectúan voluntariamente –sin presión política de ninguna naturaleza- las modificaciones así logradas en cuanto a la canalización de recursos, serán fruto del mismo mercado y del proceso de economización, por tanto resultarán beneficiosas para el consumidor en general. Así es que observamos que en Centroamérica, el 50% de las empresas extranjeras tienen participación de capitales locales (51% en Guatemala, 60% en Honduras y 45% en Costa Rica).

De la misma manera que los capitales originales se colocan donde existe un clima de seguridad y rentabilidad suficiente, los derivados –la contrapartida por bienes y servicios ya brindados- operarán según idénticos principios.

Cuanto menor sea la flexibilidad para el movimiento de capitales, menor será también la posibilidad de captar ahorros externos, o mayores serán las exigencias de rentabilidad para compensar los obstáculos artificiales. En Centroamérica se comprueba cierto grado de correlación inversa entre el monto de inversiones provenientes del exterior y las tasas impositivas sobre utilidades, regalías y asistencia técnica.

Cuando se estudia estadísticamente el capítulo de los giros al exterior, surge que las transferencias efectuadas por extranjeros resultan varias veces superadas por las realizadas por los propios nacionales, y también por los mismos motivos de inseguridad generalizada. Es curioso que se trata de limitar la salida de fondos que provienen del éxito empresarial por haber satisfecho necesidades de la gente, mientras los gobiernos gestionan y contratan préstamos por los cuales deben pagarse el capital y los intereses, independientemente del éxito de la inversión.

Conviene poner de relieve que en el caso de las empresas en funcionamiento –cuyo origen proviene de la inversión extranjera- el valor de las salidas de fondo siempre tendrá que ser menor que el valor conjunto de lo que retiene el país destinatario de la inversión. Esto sucede así independientemente de la relación producto-capital de la empresa, ya que la transferencia que se lleva a cabo es, como mucho, igual a la utilidad neta, cosa que resulta ser sólo una parte del valor del producto ofrecido en venta (además, para completar el balance, debemos contemplar los valores de equipos e instalaciones varias).

Si todos los habitantes cumplen las leyes de la nación, es absolutamente indiferente quiénes específicamente sean los copropietarios de tales o cuáles empresas, aun cuando se trate de productos considerados esenciales. Ya se dijo en el segundo punto que el consumidor sólo quiere buen servicio o bajo precio, todo lo demás le es irrelevante; de lo que se trata es de que se le respete el derecho a elegir quién lo sirve mejor.

El hecho de vedársele, al capital extranjero, aquellos sectores que el capital nacional puede encarar, constituye un contrasentido económico. Las necesidades son ilimitadas, nuestro problema es de escasez, siempre habrá lugar para mayor producción. La decisión acerca de quién resulta más eficiente para atender el mercado –como queda dicho- debe recaer en el consumidor y no imponerle coactivamente ciertos proveedores, derrochando capital y deteriorando el nivel de vida de la población.

Solamente por medio de la mayor capitalización, proveniente de ahorro interno y externo, es que se elevan salarios e ingresos reales de la comunidad. El stock de capital incrementado presiona sobre el mercado laboral, dado que para cumplir con su cometido de ofrecer nuevos bienes y servicios se requiere el concurso de trabajo intelectual y manual. Donde los salarios son más altos en términos reales, significa indefectiblemente que la dosis de capital es mayor. La inversión extranjera coadyuva a lograr dicho objetivo, además de permitir el aumento de la propia capacidad de ahorro interno, lo que, a su vez, incrementará más aún la cuantía de capital disponible.

En lugar de persistir en vigilancias estériles sobre el nivel de remuneraciones y promulgar legislaciones contraproducentes, deberían adoptarse medidas de política económica tendientes a fortalecer el ahorro interno y que ayuden a atraer ahorros externos. Debería de concentrarse la atención sobre las causas de la siempre creciente presión tributaria, sobre la acentuada inflación, sobre la multiplicación de precios políticos, sobre las mayores trabas al comercio exterior y demás obstáculos a la iniciativa privada. Todo lo cual, para nada se menciona en los extremos informes de los aludidos organismos internacionales y regionales, a pesar de lo cual son estos últimos precisamente los tópicos que debieran estudiarse con mayor profundidad para reconocerlos como las causas primeras de nuestros males en cuanto al nivel global de inversiones, temas que constituyen también las trabas por antonomasia para la tan mentada integración regional.

Las exoneraciones fiscales implican conceder ventajas artificiales a unas empresas en detrimento de otras, trastocando los indicadores económicos e induciendo a la mala inversión y al despilfarro de capital. No debe discriminarse en uno u otro sentido contra ningún sector ni tipo de empresa, sometiendo permanentemente a los productores al referendo del consumidor.

La política fiscal debe ser lo más neutra posible a los efectos del mercado, gravando proporcionalmente y sin fueros especiales, lo estrictamente indispensable para que el gobierno cumpla con sus funciones específicas de proteger los derechos de todos los habitantes por igual.

Resulta paradójico que, por un lado, se persigue el desarrollo económico y el despegue acelerado -para utilizar la llamativa, pomposa y extravagante terminología de moda- y, por otro, se obstaculiza el progreso con frondosas reglamentaciones y medidas de política económica que resultan ser contraproducentes para el bienestar general, puesto que se frena el ritmo de capitalización sin el cual no es posible concebir mejoría alguna.

Por último (y sin que ello signifique una justificación a la política norteamericana de mayores controles al comercio internacional) si se avalan y se aconsejan medidas de carácter restrictivo como las comentadas en este trabajo, ¿con qué autoridad moral podemos criticar la reciente ley de comercio exterior de Estados Unidos? El 60% de las exportaciones latinoamericanas con destino a EE. UU. están exentas de derechos aduaneros, y el 40% restante están gravadas, en promedio, con el 8%. ¡En cambio, en Latinoamérica, los derechos a la importación son, también el promedio, del 350%!