Año: 19, Diciembre 1977 No. 404

Libertad Politica y Libertad Económica

Juan Carlos Simons

¿Habrá habido alguien que alguna vez se haya expresado abiertamente en contra de la libertad sin arriesgarse a ser impopular y a sufrir el repudio de la sociedad? Seguramente que no. Sin embargo, actualmente se limita la misma en aras de un beneficio común, muchas veces cuestionable.

Es debido a la búsqueda de medios para lograr un mayor bienestar de la sociedad, que posiblemente la misma ha llegado a poder imaginar que solamente por medio de un Estado Benefactor podrá alcanzar el fin propuesto. Un «Estado Benefactor» lleva implícito una serie de limitaciones y restricciones a la iniciativa individual que hace imposible la ficción de una coexistencia Estado-Libertad y que pudiera lograr, además, el desarrollo económico y social de una nación.

Naturalmente que debemos aceptar la anterior afirmación si estamos de acuerdo en que lo que es bueno para el individuo es bueno para la sociedad, y que si restringimos la libertad individual estaremos negando uno de los derechos naturales del hombre.

En la Antigüedad, la libertad era patrimonio de sólo un pequeño grupo (los dirigentes, los guerreros y los políticos de cierta clase social), el cual podía poseerla como un derecho. La esclavitud no se cuestionaba; era necesario que existiera para la obtención de los bienes necesarios para la sociedad, decían. Incluso Aristóteles, que llegó a referirse a una esclavitud justa y otra injusta, la aceptaba como necesaria.

Este pensamiento, generalizado entre todos los filósofos de la época, se debía a que la parte económica, es decir, el sistema económico, se basaba fundamentalmente en Ia esclavitud. El cristianismo dio un duro golpe a la esclavitud y por ende al sistema económico que dependía de ella, por lo cual el significado de libertad tomó otra acepción.

A finales de la Edad Media se va reconociendo la importancia de la participación del hombre en un sistema económico, como medio para lograr la satisfacción de las necesidades humanas. Pero, a la vez, el sistema feudal, característico de la época, se va debilitando al ceder poco a poco al ansia de libertad de aquellos que debido a la actividad económica cada vez más creciente, obtienen mayor grado de libertad.

En el siglo XVI llega el momento en que el hombre «libre» se encuentra temeroso de las consecuencias que esa libertad recién alcanzada pueda acarrearle. Supone que «algo» debe controlar el que no se abuse del derecho de ser libre. ¿Quién mejor capacitado que el Estado para orientar los esfuerzos del ciudadano hacia el bienestar de la comunidad?, se pensó. Naturalmente que si el Estado es el que dirigirá la actividad económica de la nación, las libertades individuales tendrá que restringirlas, ya que contará con la fuerza necesaria para utilizarla en contra de quien no acate lo establecido.

Resulta paradójico que el hombre, después de haber logrado a través de los siglos un gran margen de libertad, esté dispuesto a ceder gran parte de ese derecho y hasta a reforzar al Estado mismo para que pueda coartar su libertad. Esto no debe extrañarnos. Ortega y Gasset describe este fenómeno muy bien en «La Rebelión de las Masas», cuando dice: «No preocupa a la masa más que su bienestar y, sin embargo, es insolidaria con la causa de ese bienestar... la masa tiende, por afán de vivir, a destruir las causas de la vida». Esta afirmación nos lleva a pensar que la masa puede equivocarse y de hecho así sucede.

En el caso de los políticos es de cierto modo comprensible, pero jamás justificable, el conformar la política a los caprichos de las masas, y es aquí donde quiero detenerme un momento: creo que el político, según una definición generalizada, es aquel individuo que participando en la dirección de un país, dedica su tiempo y esfuerzo a buscar medidas adecuadas para lograr el progreso y el desarrollo económico y social de sus conciudadanos y para mantenerlo cuando se haya alcanzado.

La gran mayoría de los «políticos» de nuestros países, desgraciadamente, no encaja en la definición anteriormente expuesta, ya que es un hecho que lo económicamente sano y deseable no es políticamente atractivo. Pero cabe aquí la pregunta: ¿tiene derecho un ciudadano a participar en la política si con dicha participación pone en peligro los derechos fundamentales que garantizan casi todas nuestras constituciones, como son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad? De la respuesta que demos a esta pregunta podremos imaginarnos el Iímite que lleva implícito la participación del individuo en la política.

Lo difícil es realmente ponernos de acuerdo en cuanto a que si determinadas medidas conducen a la consecución de los fines propuestos, de lograr el máximo bienestar económico y social de la comunidad, o si, por el contrario, el resultado será perjudicial para la comunidad en general. Quizás esta dificultad de poder percatarnos en un principio de los males o las bondades de una medida propuesta se deba a que en la economía, por obedecer al método deductivo, resulta imposible tener un término de comparación como se podría llevar a cabo en un laboratorio experimental cuando nos referimos a ciencias inductivas como son la física y la química .

La economía ahora está íntimamente vinculada con la política. Desde el siglo XVI, cuando el hombre se preocupó por la economía como teoría de estudio, la cual necesitaba dedicación especial, el aspecto económico ha cobrado cada vez mayor importancia. Si bien es cierto que fue el mercantilismo, el cual surgió de una manera espontánea, el que principió por darle la importancia que se merecía el asunto económico, fueron los fisiócratas quienes lo trataron como ciencia. En este caso no surgió espontáneamente, fue premeditado y estudiado, se comprendió que la actividad política está íntimamente relacionada con la económica y que el mercantilismo no tuvo éxito en alcanzar el objetivo deseado de un máximo desarrollo económico y social. Todo lo contrario, se percataron de lo dañino que resultaba que el Estado tuviera el poder de restringir la libertad individual y de que el resultado neto para una nación era negativo.

Cuando digo que actualmente la política y la economía están íntimamente vinculadas, no es que acepte el que hubo algún momento o época en que no hayan tenido esa estrecha relación, sino más bien que no se le reconoció, como se reconoce actualmente. ¿Cómo no va a haber estrecha relación entre política y economía, si las dos obedecen a la acción humana y la primera encierra el campo de acción de la segunda y ésta, a su vez, repercute en la política?

Si la política y la economía son actividades que el individuo desarrolla en pos de un beneficio social, éstas deben de ser libres; cuando digo que deben ser libres se debe entender que no me refiero a lo que algunos han querido interpretar de una aseveración como ésta, y que una «libertad absoluta» es utópica. Claro que una libertad absoluta no existe; el hombre es sumamente limitado en todo, y estos límites se los establece la naturaleza misma. Yo soy libre de beberme toda el agua de un lago, así como lo soy también de correr con mis piernas a 100 kilómetros/hora, pero resulta absurdo hablar de libertad en estos términos.

El límite de la libertad está determinado por el contenido moral que debe encerrar su concepto. No soy libre, por ejemplo, de asesinar o hacer daño malicioso a persona alguna. Por eso alguien dijo muy bien: «No es libre el que tiene libertad, sino el que sabe ser libre».

Ahora bien, ¿cuál es el «contenido moral» que digo que determina el límite de la libertad? La definición que Hazlitt hace de la moral encierra todo lo que podemos decir al respecto. Según Henry Hazlitt la moral es: «El conjunto de principios útiles para la cooperación social y la supervivencia de la civilización».

Dentro de este concepto cabe imaginarnos un estado de libertad, dentro del cual, la participación política y por ende económica del individuo, se desarrolla libremente en toda su extensión como medio de la total realización humana.

Ahora bien, en la práctica la libertad política degenera en un «libertinaje político», es decir, que el afán de obtener popularidad sacrifica generalmente lo verdaderamente conveniente para una comunidad.

Un concepto que está relacionado con la participación política es el de «democracia», del cual es conveniente decir algo de la tergiversación que ha sufrido.

En primer lugar, hay que diferenciar entre «democracia» y «demofilia». La primera se refiere a un «gobierno del pueblo» sobre bases igualitarias, y la segunda se refiere a cualquier otra cosa, como por ejemplo, a una obsesión de simpatía por las clases de bajos ingresos. Si democracia es «el gobierno del pueblo», no significa otra cosa más que la representación política del mismo. Jamás podrá aceptarse que si la mayoría decide cortarle la cabeza a la minoría esto es democracia. Parece un absurdo, pero actualmente en nuestros países esta parece ser la significación de democracia.

En cuanto a las bases igualitarias que encierra el concepto democrático, también parece que generalmente lo desviamos de su verdadero sentido. La democracia se refiere a la igualdad legal y política para todos, es decir, a la aplicación indiscriminada de la ley sobre cualquier ciudadano y al derecho que todos tenemos de participar en la política y de representar a un sector de la nación.

Ahora bien, en este punto, juega un papel importante la confusión mental de quienes pretenden interpretar la igualdad ante la ley como igualdad mediante la ley. Aquí entra en juego el aspecto económico, ya que lo que es popularmente aceptado es que la igualdad, bajo un concepto de «redistribución de la riqueza», es lo ideal para una sociedad.

Quienes están de acuerdo con lo anterior pretenden negar un hecho evidente, como es el que los hombres, por naturaleza, son distintos. Es gracias a esa diferencia, sea por la causa que sea, que es posible obtener ventajas para la sociedad, de una división del trabajo, basadas en la especialización. Es gracias a esto que se hace posible aumentar la productividad y el ahorro, que luego se convierte en capital, cuya presencia, en mayor o menor proporción, determina la riqueza de un país.

Solamente me puedo imaginar la realización de la teoría egalitaria en un sistema totalitario en donde las naturales diferencias entre los hombres se disimulan aparentemente bajo la ley del terror.

En general, podemos afirmar que cualquier decisión económica implica efectos políticos y viceversa. Las dos (economía y política) obedecen a la actuación del hombre dentro del ámbito social, las dos constituyen un medio para la consecución del objetivo de bienestar económico y social de la comunidad.

Son cosas muy distintas el hacer equivalente la libertad económica con un monstruo destructor de la sociedad misma, como también es muy distinto hablar de libertad política como sinónimo de libertad de darle a los «políticos» el poder para acabar con la sociedad.

Es una gran responsabilidad la que confrontamos todos en la actualidad, ya que tarde o temprano tendremos que responder ante el juicio que nos harán las futuras generaciones, donde nos pedirán cuentas de cómo defendimos la libertad y si realmente la desarrollamos, o si por el contrario, les entregamos un mundo enfermo de socialismo. Y si así fuera, nos preguntarán: ¿qué es lo que ustedes encontraron que sea más valioso que la libertad?

[i] El presente trabajo es extracto de una conferencia que el Lic. Juan Carlos Simons dictó en el II Congreso del Consejo Interamericano de Seguridad (CIS), recientemente celebrado en Miami, U.S.A.