Año: 26, Abril 1984 No. 556

LIBERTAD ECONOMICA Y RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

Lucy de Schwank

Si la ley es, como dice Federico Bastiat, «la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa»[ii], no puede abrogarse atribuciones que no son de derecho individual. Es lícito que el hom­bre defienda, inclusive por la fuerza, su vida, su libertad y su propiedad. Pero no es lícito que el hombre use la fuerza para atentar contra la vida, la libertad y la propiedad de los demás.

Cuando los hombres delegan la defensa de sus derechos en una fuerza comúnel Estado no puede ésta convertirse en infractora de aquello cuya defensa es su razón de ser, su única misión. El derecho individual de legítima defensa es el único fundamento del poder del Estado para castigar a los asesinos, los secuestradores y los ladrones. Cuando atenta contra la vida, la libertad y la propiedad de aquellos que no perturban la paz social, la fuerza común traiciona su propia esencia, ya que tales acciones trascienden el derecho individual de legítima defensa, que es su única fuente de poder.

La perversión de la Ley

Si pudiéramos obtener bienestar y felicidad sin trabajar, la mayoría de nosotros no trabajaríamos. Los ladrones no trabajan. Despojan a otros del fruto de su trabajo. Pero la ley castiga a los ladrones. Robar es peligroso.

Sin embargo, la ley puede legitimizar el despojo. Amparados en una aberración del sistema democrático, los legisladores electos por el pueblo pueden conferir al Estado un poder que no está en el derecho individual: el poder de apropiarse por la fuerza de riquezas legítimamente adquiridas.

La nueva legislación amplía el radio de acción del Estado. Ya no compete a éste exclusivamente resguardar los derechos individuales (la vida, la libertad y la propiedad legítima). Ahora el Estado debe, además, poner en práctica una distribución de la riqueza distinta de la que resultaría de la interacción voluntaria y pacífica de los miembros de la sociedad. La ley se vuelve inconsistente. Castiga el despojo cuando el despojador es un individuo, pero se convierte ella misma en despojadora, bajo ciertas circunstancias que ella misma califica como legítimas.

El fin, sin embargo, parece justificar que la ley se convierta en instrumento colectivo de actos que, en el plano individual, serían castigados por la propia ley. La ley se pervierte en aras del bien común: instituir la paz social sobre la base de una distribución más justa, más pareja, de la riqueza

Prostitución de la Democracia

Pero el hombre lleva en sí mismo una mala semilla. Las intenciones humanitarias que confieren al Estado el poder de despojar no tardan en prostituirse. Los diferentes grupos elevan al poder a aquellos candidatos que mejor puedan servirlos. Los agricultores financean campañas electorales de políticos que ofrecen no tocar los patrimonios agrícolas. Los sindicatos apoyan a los que prometen trasladar a los obreros, en forma de salarios más altos, una parte de las utilidades de las fábricas.

Los legisladores descubren la conveniencia de congraciarse con los grupos poderosos. ¿A quiénes deben beneficiar las erogaciones del Estado? ¿A los sindicatos? ¿A la comunidad universitaria? ¿A los militares? ¿De dónde se obtendrán los fondos para financiar las llamadas obras de beneficio común? ¿De los agricultores? ¿De los comerciantes? ¿De los industriales?

Por medio de amenazas o sobornos, los grupos poderosos consiguen que se legisle para su beneficio. Las leyes se venden al mejor postor. Los ciudadanos dignos se apartan de la política. No quieren verse mezclados en un proceso corrompido. El Estado, otrora garante de los derechos individuales, se convierte en otorgante de favores y privilegios. Los favores y los privilegios se compran. Los sistemas tributarios, los códigos aduaneros, las leyes laborales, las políticas crediticias, se re-escriben para favorecer a los grupos que pagan más.

Se hace necesario aumentar el número de las dependencias estatales. Aparecen las oficinas públicas de control de precios, de planificación económica, de transformación agraria, de fomento industrial. El gobierno, que ha crecido en tamaño y en poder, no se contenta ya con reglamentar la contratación y el intercambio voluntario y pacífico. Quiere crecer más y ejercer más poder. Se convierte en empresario, apelando nuevamente al bien común: el afán de lucro de los capitalistas es contrario a los intereses del pueblo. El gobierno debe ser el proveedor de los servicios esenciales, porque el gobierno produce para servir, y no para lucrar. Aparecen las entidades estatales de suministro de agua, de energía eléctrica, de transporte, y de todos aquellos bienes y servicios que el gobierno estime conveniente monopolizar.

Se hacen contrataciones millonarias para edificar los elefantes blancos que albergan las nuevas ramificaciones del aparato estatal. Proliferan los altos puestos públicos y crece la membresía de una nueva élite, la burocracia dorada. Los más hábiles en prodigar servilismo y sobornos obtienen los beneficios. Alexis de Tocqueville previó las consecuencias de un gobierno que puede ser manipulado: «Cuando las masas descubren que el gobierno puede otorgar beneficios materiales, se derrumba la democracia»[iii].

Las Necesidades de los Pobres

En esta competencia para conseguir los favores del Estado, los pobres no tienen cabida. Los pobres están diseminados. No pertenecen a los sindicatos. No forman gremios poderosos. No están afiliados a colegios profesionales, cámaras u otras entidades colectivas. No son un grupo de presión.

Visualicemos, cada uno de nosotros, a las 100,000 familias guatemaltecas que constituyen el 10% menos favorecido de la población. Esos son nuestros pobres. Sus hijos no van a la escuela. No tienen agua en sus viviendas. No están afiliados al IGSS. No tienen acceso a las casas que construye el Banvi. Cuando se enferman, no pueden acudir a los grandes hospitales nacionales. Su ingreso familiar no llega a los 60 quetzales mensuales.

Visualicemos, ahora algunos de los grandes y honerosos proyectos que, en aras del bien común, nuestro gobierno ha edificado con dinero del pueblo: Guatel, el Teatro Nacional, los imponentes edificios del Centro Cívico. ¿Benefician estas instituciones a nuestros pobres? ¿No hubiera sido mejor utilizar esos recursos para dotar a las aldeas lejanas de agua o dispensarios? Si el propósito de involucrar al gobierno en actividades ajenas a la defensa de los derechos individuales era aliviar la pobreza ¿por qué no fueron atendidas las necesidades de los pobres?

En primer lugar, los pobres no votan. No se ganan elecciones comprometiéndose con los intereses de los pobres durante las campañas electorales. En segundo lugar, los pobres no pagan sobornos. Ningún funcionario público puede enriquecerse atendiendo las necesidades de los pobres.

En tercer lugar, la corriente ideológica redefinió la palabra «justicia» engendró un sistema de gobierno que coloca a individuos mediocres en los altos puestos públicos. Envanecidos por la victoria en un proceso electoral que, con todos sus vicios, se sigue llamando democrático, deslumbrados por una gloria que saben efímera, estos individuos mediocres se endiosan. Al igual que los faraones, quieren dejar sobre la tierra una huella indeleble de su paso por las altas esferas del poder. Los imponentes edificios públicos, construidos con recursos del pueblo, son réplicas modernas de las monumentales e inútiles Pirámides de Egipto. Sirven, quizás, el propósito de embellecer la vista panorámica. Las Pirámides también. Pero el contraste grotesco entre su lujosa ostentación y la miseria de los alrededores despierta la repulsión de muchos visitantes. Las aldeas, mientras tanto, carecen de agua, escuelas y dispensarios.

La Nueva Justicia

Al amparo de lo que modernamente llamamos justicia, la sociedad contemporánea tolera, e inclusive propicia, actos que nuestros abuelos no hubieran dudado en calificar de injustos. La justicia se ha vuelto circunstancial, contingente, acomodaticia. En la mayoría de las comunidades, el concepto de lo justo no ha sido tergiversado en su aplicación a las relaciones entre individuos en las cuales no interviene el Estado, ni en su aplicación a las relaciones Internacionales. Juan no puede, sin el consentimiento de Pedro, hacer suyo un carro que pertenece a Pedro, aunque Pedro tenga dos carros y Juan, ninguno. En el plano internacional, si es justa nuestra reclamación sobre Belice, no es porque Inglaterra posea más territorio que Guatemala, sino porque Belice era nuestro cuando los británicos desembarcaron en sus costas.

En cambio, en las relaciones entre el pueblo y el gobierno, justicia es aquel grado arbitrario de respeto a la propiedad que se adecúe a los objetivos de gasto de los gobiernos de turno, y a los compromisos adquiridos con los grupos poderosos durante las campañas electorales.

No podemos, sin embargo, dar la espalda al problema de la pobreza. El fracaso de los esquemas redistributivos del pasado no justifica que, de aquí en adelante, seamos insensibles a la miseria de nuestros hermanos. Nos preguntamos si el error estuvo en elevar a los altos puestos públicos a individuos no calificados. ¿Tendría éxito la rectoría del gobierno sobre la actividad económica, si confiáramos esa rectoría a nuestros ciudadanos ejemplares? Platón concibió un gobierno de superhombres. Lamentablemente, los gobernantes filósofos, libres de debilidades humanas, inmunes a las adulaciones, incorruptibles y preclaros, no se encuentran en la caverna alegórica del mundo real, sino fuera de ella, en el mundo de las Ideas, que sólo existe en los escritos de Platón[iv].

¿Por qué somos Pobres?

¿Cómo, entonces, enfrentar el problema de la pobreza? Quizás el primer paso sea preguntarnos por qué somos pobres. ¿Existe, alrededor del planeta, un cinturón de miseria en el cual Guatemala está atrapada sin remedio? ¿Hay algún determinismo cultural o racial que nos hace más proclives a la pobreza que los anglo-sajones o los germanos? ¿Por qué Taiwan y Hong Kong, enclavadas en las laderas estériles del continente asiático, carentes de riquezas naturales, paupérrimas medio siglo atrás, están avanzando rápidamente hacia el desarrollo, mientras nosotros seguimos estancados? ¿Cómo se convirtió Japón en potencia económica? ¿Por qué Inglaterra y Francia perdieron su preminencia?

América Latina fue más receptiva que otras regiones del mundo a las corrientes ideológicas europeas de la segunda mitad del siglo XIX. La propagación de las ideas socialistas, el descubrimiento de un nuevo tipo de injusticia en el reparto espontáneo de la riqueza y en la transmisión de los patrimonios de una generación a otra, desembocaron en la necesidad de instaurar un nuevo tipo de gobierno. En aras de la nueva justicia, se confirió al gobierno la responsabilidad de revisar la distribución de la riqueza que resulta de la cooperación social voluntaria, con el propósito de reducir, o eliminar, las desigualdades.

Cuando las democracias ricas de Europa pusieron en práctica experimentos económicos basados en la nueva justicia la justicia social nosotros seguimos su ejemplo. Aquí y allá el resultado ha sido el crecimiento del aparato estatal y el deterioro del nivel de vida. Pero hay una gran diferencia entre las naciones ricas de Europa y las naciones pobres de América Latina. Europa, primero se enriqueció, y luego puso en práctica experimentos económicos empobrecedores. Nosotros nos embarcamos en esos experimentos, siendo pobres. Obstaculizar el desarrollo de un pueblo que ya cuenta con escuelas, carreteras, hospitales y suficiente inversión privada para asegurar salarios altos y compensación a los desempleados, no es lo mismo que obstaculizar el desarrollo de un pueblo que aun no ha erradicado la desnutrición y el analfabetismo.

Libertad Económica y Democracia

El sistema democrático tiene su fundamento en la premisa de que la voluntad individual expresada en las urnas conduce a la expresión de la voluntad general. En igual forma, la distribución de la riqueza, dentro de un régimen de derecho, resultado de actos individuales libres y pacíficos, es la expresión de la voluntad general. El mejor médico, el mejor carpintero, el mejor cantante a juicio de la comunidad gana más que sus colegas menos capaces o menos cumplidos. Los patrimonios heredados reflejan las preferencias de la comunidad en el pasado, el éxito que tuvieron los padres o los abuelos de algunos de nuestros contemporáneos en servir a la comunidad.

Afirmar que la distribución espontánea de la riqueza no es la óptima, y que compete al gobierno sustituirla por una forma de reparto mejor, equivale a poner en duda la validez de la sumatoria de los juicios individuales que generan las compras y las ventas voluntarias. Si ese es el caso, el sistema democrático carece de sentido. ¿Cómo puede ser válido el resultado de la votación libre, e inválido el resultado de las transacciones voluntarias?

Los gobiernos que han tenido éxito en aniquilar la libertad económica se han visto forzados también a eliminar el sistema democrático. La mayoría de los hombres, en todos los países del mundo, repudiarían al gobierno que usurpó su libertad económica, si pudieran hacerlo en las urnas. Cuando la ley no lo impide por la fuerza, el sistema económico que impera es el de libre intercambio. Bajo los regímenes más opresores florecen las economías subterráneas, los mercados negros. A pesar de las murallas y las ametralladoras, el éxodo hacia la libertad económica sigue siendo la vergüenza de aquellas naciones que han implantado, por la fuerza, otros sistemas de distribución de la riqueza.

El Futuro de Guatemala

Los hombres responsables, aquellos que no aspiran a vivir como parásito de los frutos del trabajo ajeno, reconocen la superioridad del sistema de producción basado en el respeto a la propiedad privada. Nosotros, los guatemaltecos, no somos la excepción. Sabemos que la riqueza que el gobierno no ha confiscado, y la cooperación voluntaria que el gobierno no ha impedido, generan todos los alimentos que consumimos, toda la ropa que usamos, todas las casas que se construyen, todas las divisas que expropia el Banco de Guatemala, todos los sueldos y salarios que devengamos quienes trabajamos fuera del gobierno, todos los ingresos fiscales, las remuneraciones de todos los empleados públicos y los recursos que se dilapidan en construir pirámides.

Bajo un gobierno más justo, la cooperación voluntaria entre el trabajo y el capital puede generar recursos suficientes para que todos los guatemaltecos disfrutemos de una vida mejor, para sufragar los gastos de un gobierno eficiente, y para saldar las deudas de oprobio que nos legaron los gobiernos del pasado.

Cuando la ley garantice los derechos individuales, los capitales guatemaltecos no se fugarán a países más seguros. Los capitales extranjeros serán atraídos hacia Guatemala. Cuando la inversión privada es vigorosa disminuye el desempleo, suben los salarios, aumenta la recaudación fiscal y el nivel de vida mejora. Los recursos del gobierno, entonces, pueden ser utilizados para fortalecer la seguridad nacional, para atender las necesidades de los más pobres, y para financiar algunas obras de infraestructura.

Se puede lograr. El pueblo guatemalteco ha demostrado que es ingenioso y valiente. Guatemala está a punto de iniciar una nueva etapa en su vida democrática. Confío en que los guatemaltecos que sean llamados a integrar la Asamblea Constituyente sepan escoger el camino de la Libertad. Confío en que la Nueva Constitución marque el final de la era de los gobiernos al servicio de los grupos poderosos, e inicie la era de los gobiernos al servicio del pueblo.

«El político que no reconoce la relación que existe entre el nivel de vida y bienestar general, con la libertad individual, padece de miopía social.

Jamás logrará hacer nada efectivamente bueno por su país».

CEES

[i] El presente artículo es reproducción de la conferencia que la Licenciada de Schwank dictó en el 2o. Seminario Anual de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala (AMPEG). efectuado el 16 de marzo recién pasado.

[ii] Bastiat,F.: «La Ley».

[iii] Tocqueville, A. de: «Democracia en América».

[iv] Platón: «La República», Libro VII.