Año: 28, Agosto 1986 No. 611

N. D. Este artículo es un extracto de la intervención del Arq. Ronald A. Dent en un reciente coloquio organizado por el Consejo Empresarial en esta ciudad. El Arq. Dent es un conocido empresario guatemalteco que ha sido Presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, de la Federación de Cámaras de Comercio de Centro América, del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciantes y Financieras «CACIF» y de la Cámara empresarial.

ES TIEMPO DE CORREGIR EL CAMINO

Por Ronald A. Dent

Se gobierna un pueblo con diferentes grados de intervención: en libertad, con controles, con represión o hasta con persecución.

De las libertades la que es más importante es aquella que sustenta a las otras y sin la cual son efímeras. Me refiero precisamente a la libertad económica.

Si el gobierno define su política como aquella de libertad, deberá respetar la libertad económica del individuo para producir, emplearse y para satisfacer sus necesidades. El resultado será un gobierno pequeño, pero exitoso.

Si por el contrario, el gobierno y sus funcionarios consideran que ellos son mejores que los ciudadanos para decidir lo que el pueblo desea y necesita, optará por los controles. Tratará de manejar, a través de las leyes, la producción, el empleo, los precios y los salarios.

El gobierno necesitará entonces una mayor burocracia, requerirá de más recursos de los ciudadanos y creerá que es necesario hacer recaer sobre ellos todo el peso de la ley para que las grandes mayorías no sean sacrificadas.

Este sistema no sólo ha demostrado históricamente sino con ejemplos vecinos al nuestro, que lo que genera es un alto índice de desempleo, carestía de productos, economía subterránea y en general un empobrecimiento de la población. Al mismo tiempo, por las distorsiones y discriminación que provoca, induce a la corrupción así como al poder absoluto de discrecionalidad en los funcionarios.

Llamar la atención a estos hechos no convierte a la persona en un irresponsable, ni en impaciente, ni opositor de la democracia. Tampoco puede achacársele el éxito o el fracaso del programa de gobierno y mucho menos ser responsable del fracaso del proceso democrático. El derecho de disentir es inalienable de un hombre libre y es más dañina aquella persona que por quedar bien siempre está de acuerdo.

Olvidan los funcionarios que los recursos que el gobierno gasta son producto de la riqueza generada y extraída directamente del ahorro, inversión y producción de la población, y que mientras más se utilice y se distraigan esos recursos en gastos de gobierno, más será el daño a la economía, haciendo más difícil una reactivación real y un crecimiento sostenido.

La política que Guatemala ha adoptado es el sistema de controles. Se podía haber creído en el individuo y hacer más chico al gobierno; o continuar, al igual que gobiernos anteriores, una política de control policíaco sobre la economía, el aumento del gasto y la burocracia y mayores impuestos para pagar ese desperdicio.

Aunque retóricamente los nuevos decretos tienen un loable fin, y aparentemente persiguen corregir algunas distorsiones existentes en nuestra economía, a mi criterio esos objetivos no se lograrán.

En política cambiaria se reconoce que es necesario retornar lo antes posible a un solo tipo de cambio real de nuestra moneda, pero, para lograrlo se altera la ley monetaria ¡y se establecen tres tipos de cambio!

El hecho que existan 3 tipos reconocidos de cambio y un control estricto por parte del gobierno sobre el ingreso y la asignación de las divisas, permitirá y mantendrá la discrecionalidad de los funcionarios para asignarías y el racionamiento inevitable de éstas inducirá la corrupción.

Las listas de productos racionados a través del racionamiento de divisas, por supuesto, serán revisadas constantemente para que los individuos y el mercado no se equivoquen de acuerdo con las proyecciones de los funcionarios.

La alternativa era liberar el control de cambios, que lleva ya seis años de demostrar su ineficiencia y sus efectos dañinos, y permitir que la oferta y la demanda ajusten nuestra moneda de una forma natural evitando al mismo tiempo la cantidad de mercados ficticios que continuarán distorsionando la economía .

Con la excusa de mantener el control sobre las exportaciones y las importaciones, el gobierno ha contratado una empresa policíaca internacional. La Societe Generale de Surveillance, SGS, será quien dictará y autorizará si la calidad y el precio de los productos son aceptables y si se puede o no importar o exportar. La confidencialidad de lograr un mejor precio y calidad de los proveedores por pronto pago, mayor volumen o tantas otras razones, se perderá. Al igual que en otros países en donde funcionan sistemas similares, se requiera que la calidad y el precio sea igual para todos, perdiendo los más capaces su competitividad, desestimulando a los proveedores extranjeros que operan en el mercado y aumentando considerablemente el costo productos a importar. Como agravante, al burocratizar y requerir mayor papeleo, los embarques podrán retrasarse o perder su oportunidad aumentando también así el costo.

Asimismo, nuestros productos de exportación podrán perder su competitividad, y con la discrecionalidad policíaca absoluta de la SGSE podrán retenerse productos mientras en su inmensa sabiduría el funcionario decide si se puede o no exportar. Imagínese un embarque de flores o melones retenidos durante unas horas, no digamos unos días, que pierden a causa de ese retraso. el medio de transporte.

Pero lo que es peor, el poder que se le da a una empresa privada extranjera sobre toda la producción nacional no debe tenerlo nadie ni siquiera el gobierno en un país de ciudadanos libres. Este tipo de persecución económica es normal del bloque Soviético o de los países de tinte socialista en donde genera distorsiones en la economía que inducen a la corrupción y aumentan el costo de la producción, empobreciendo más a la población.

Lejos de reducir su tamaño, como se decía, el gobierno ha propuesto aumentarlo considerablemente; ha decidido mantener los subsidios y a las deficitarias empresas estatales, así como una serie de medidas que demuestran que su injerencia será mayor sobre la economía.

Asimismo, se propone gastar más, manteniendo el déficit y financiándolo con más préstamos del exterior y con emisión monetaria.

Es importante recordar que Guatemala mantuvo un crecimiento económico hasta 1978, año en que el déficit fiscal se volvió una norma, despilfarrando nuestras reservas, requiriendo emisión monetaria y más préstamos extranjeros. El haber gastado más de lo que ingresaba nos indujo a un alto porcentaje de inflación anual, a que Guatemala se endeudara más en los últimos cuatro años que en los 40 anteriores, así como que en términos de ingreso por capita retrocediéramos al año 1972.

La nueva política nos receta más de lo mismo; el gobierno crece al mismo tiempo que solícita de la población un sacrificio mayor, especialmente del sector generador de recursos externos, el exportador, con un nuevo impuesto a su producto.

El impuesto es incongruente con la retórica del gobierno de incentivar las exportaciones hasta en su nombre «UTILIDADES EXTRAORDINARIAS POR EXPORTAClONES».

Este impuesto no sólo es discriminatorio por producto de exportación, sino también por el precio que éstos comanden en el mercado internacional.

Con ello el gobierno dirigirá artificialmente la inversión y la producción estimulando aquellos productos que sean menos gravados. Al mismo tiempo el impuesto resta competitividad a nuestros productos en el extranjero.

Estará asimismo sujeto a la policía SGS.

Otro impuesto que se pretende poner en vigor es el Selectivo al Consumo, impuesto que se dirige a restringir el consumo de bienes que, a su discreción, los funcionarios consideran «NO ESENCIALES» olvidando que la aspiración del ser humano va más allá de vivir, comer y vestirse. El hombre desea mejorar su nivel de vida y esto no debe negársele. El derecho de un hombre libre a disfrutar del producto de su trabajo y disponer de él como mejor satisfaga las necesidades propias y de los suyos es el derecho de superación, y cualquier acción del gobierno a conculcarlo es ilegítima.

La producción aumenta atrayendo la inversión, especialmente la inversión extranjera que utiliza recursos de ahorro y producción externos a los nuestros, pero que además incentiva e induce a los locales a invertir en nuestro país.

El gobierno puede achicarse rápido y quitarse un lastre enorme de encima, además de obtener ingresos nuevos, como en el caso de la privatización de las empresas estatales.

Si el gobierno gasta más, ya sea a través de monetización, impuestos o utilizando los ahorros particulares en los bancos, estará extrayendo esos recursos de la producción y la economía tendrá menos para gastar, ahorrar e invertir y crecer.

Es tiempo de corregir el camino; las posibilidades son grandes; no debe copiarse lo que ha fracasado; los gobiernos con controles y represión económica antagonizan; los que gobiernan con libertad inducen a la cooperación que se traduce en crecimiento económico y en beneficio social.

Y como dijo Ludwig Von Mises: «Aquellos que luchan por la Libre Empresa y Libre Competencia, no defienden los intereses de los ricos de hoy. Ellos quieren que se les dé libertad a los desconocidos que serán los empresarios del mañana, cuya ingeniosidad hará más agradable la vida de generaciones venideras. . . Estos son los defensores del progreso».

GRACIAS.

ADAM SMITH, 1776