Año: 38, Julio 1996 No. 819

N. D. Carroll Ríos de Rodríguez obtuvo un B.A. en ciencias políticas y economía de Dartmouth College, y una maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, Washington, D.C. En la actualidad es Directora del Centro de Estudios Económico-Sociales, fiduciaria de la Universidad Francisco Marroquín, e investigadora asociada con el Centro de Investigaciones Económicos Nacionales (CIEN).

La Abstracción Peligrosa en el Acuerdo de Paz

Por Carroll de Rodríguez

En el Acuerdo sobre aspectos socioeconómico, y situación agraria se comete la falacia de atribuirle la calidad de ser viviente a cosas no concretas. En inglés, este error recibe el nombre de misplaced concreteness, término que no tiene traducción exacta al español.

El punto de partida del Acuerdo son los grupos sociales, como las poblaciones desarraigadas, las mujeres, el Estado, el gobierno, la población rural, los pueblos Indígenas y los trabajadores organizados. Se desmembra a la sociedad en grupos. En otras palabras, la unidad de análisis es el grupo social, a pesar de que algunas veces los grupos son de difícil definición. Se asume que esta unidad de análisis puede pensar, escoger y actuar en forma unitaria.

En realidad, el grupo social aglomera a varias personas humanas. Solamente los hombres y las mujeres podemos pensar, actuar y escoger (lo cual implica valorar subjetivamente nuestro entorno). Y las personas somos diferentes: no todos actuamos, pensamos o escogemos las mismas cosas. Algunas veces, nuestra identificación con otros miembros de la sociedad, o con un grupo social, pero en última instancia, quien actúa es la persona individual. La unidad irreductible de la sociedad es el individuo, así como el átomo es la unidad irreductible de la ciencia natural. Es por ello que a veces se dice que el individuo es el átomo social mientras que la familia es el núcleo social.

Valdría la pena recordar que los grupos no tienen derechos porque son abstracciones. Los grupos no están compuestos por robots uniformes que aceptan con unanimidad todas las posturas de quienes se proclaman sus líderes. Los líderes mismos no son omniscientes computadoras, capaces de almacenar, priorizar y enunciar todas las necesidades de todos los integrantes del grupo en todo el momento, y luchar por ellas desinteresadamente. En la vida real, tanto los supuestos líderes como los miembros de un grupo obrarán por interés propio. Y los científicos sociales ya admiten que interés propio no es sinónimo de egoísmo despiadado, sino que en el cálculo de interés propio con frecuencia solemos tomar en cuenta los intereses de otros.

En un excelente artículo titulado Las grupos no tienen derechos, Roger Scruton analiza la tendencia mundial de otorgar derechos, o más bien privilegios, a grupos de interés, simple y sencillamente por su composición racial o porque se les considera minorías que han sido discriminadas históricamente. En el resto del mundo, actualmente se busca favorecer a mujeres, niños, homosexuales, afroamericanos, chicanos, gitanos y más. Su equivalente en Guatemala, con base al Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, serían las poblaciones desarraigadas, las mujeres, la población rural, los pueblos indígenas y los trabajadores organizados. El trasfondo de este movimiento es un afán igualitario o un deseo de ejecutar experimentos sociales masivos.

El problema no es el concepto de derecho sino la aplicación sin conciencia del mismo, asevera Scruton. Al tratar de rectificar males históricos, favoreciendo a cualquiera de estos grupos, se está duplicando la injusticia de origen. Dos males no hacen un bien, dice el proverbio. Es injusto que estas personas hayan experimentado la discriminación en épocas pasadas, porque fueron penalizadas por una característica irrelevante, como su sexo o raza. Por lo tanto, es igualmente injusto revertir la balanza, privilegiando a los desposeídos y discriminando en contra de todos. No es justo dar concesiones legales ni privilegios económicos o políticos a unos, mientras se les niegan a otros.

Los guatemaltecos nos toparemos con dos serios problemas si aceptamos que el gobierno nos trate en forma desigual: Primero, ¿quién decidirá quién es miembro de un grupo social y quién no? Actualmente en Estados Unidos tienen debates ridículos sobre si una persona puede catalogarse como afroamericana, aun si tiene ascendencia blanca tanto como negra. Escuché una fanática líder de un grupo afroamericano afirmar que con el 1% de sangre negra ya es miembro del grupo, y si alguna persona califica como afro-americana, según su definición, pero no se siente identificado con este grupo, entonces traiciona su herencia. Estas discusiones serán esotéricas hasta que el gobierno decida privilegiar a un grupo y penalizar a otro, en cuyo caso todos estaremos viendo cómo nos convertimos en rurales, indígenas o trabajadores organizados.

Pero la peor consecuencia de que el gobierno nos trate en forma desigual es que las autoridades de turno tendrán el poder discrecional de escoger a los grupos favorecidos y la magnitud de los privilegios extendidos a los mismos. Podrán ser los militares o los pueblos indígenas un día, y los empresarios o las mujeres otro. ¿Qué califica a nuestras autoridades para tomar este tipo de decisiones? Dada la estructura de incentivos dentro del aparato público, podremos anticipar que las decisiones en esta materia serán tomadas con la base en consideraciones políticas.

La consecuencia lógica es que el trato desigual a los ciudadanos nunca contribuirá a forjar la sociedad pacífica que tanto deseamos construir. Si deseamos vivir en paz, debemos construir. Si deseamos vivir en paz, debemos edificar una administración pública neutra y un sistema legal que otorgue a cada individuo los mismos derechos y exija de todos las mismas obligaciones. Por definición, el derecho de cada uno será limitado por el derecho ajeno. El Estado no violará los derechos de algunos para favorecer a otros.

Scruton nos recuerda que sólo el individuo puede otorgar derechos y hacerse acreedor de ellos. Los derechos se pagan con obligaciones. El lenguaje del derecho, explica, resulta del reconocimiento del ser humano de que existen ciertas cosas que no deben hacerse, y otras que deben hacerse, si es que hemos de vivir uno al lado de otro en comunidades pacíficas. Desligue el concepto de un derecho del concepto de persona, y el resultado es el caos intelectual y moral.

Es importante que el proceso de paz en Guatemala se fundamente en una visión realista de la sociedad y de las personas que la constituyen. De lo contrario, terminaremos con acuerdos políticos que traerán nefastas consecuencias no intencionadas. Sobre todo, es importante que el gobierno no se comprometa a hacer reformas que contribuyan a un esquema socialmente confrontativo, y que no recurran a herramientas que violen los derechos de unos para favorecer a otros. No es función de un gobierno de paz apoyar a algunos grupos, por mucho que hayan sufrido en manos de gobernantes anteriores. El gobierno tiene que sentar unas pocas reglas claras, uniformes, generales y universales para gobernados y gobernantes por igual. Si queremos paz, tenemos que lograr un Estado de Derecho.