Año XLIV Corrupción y Transparencia 2004 No.
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Nota del Editor.
La preocupación por la corrupción es legítima tanto desde
la perspectiva ciudadana como desde la óptica del académico y el intelectual. Al
ciudadano debe preocuparle puesto que la corruptela en América Latina ha minado
los fundamentos más preciados de la convivencia pacífica y, precisamente por
ello, constituye causa del atraso y la pobreza en que se debaten las sociedades
latinoamericanas, incluso algunas como la argentina, otrora prósperas. Al
académico y al intelectual debe preocuparle la
cuestión de la corrupción puesto que se trata de una realidad cuyos origenes, naturaleza y consecuencias es necesario explicar
con miras a su erradicación. En ese sentido el trabajo de Raúl Torres, se
enmarca dentro de una corriente de reflexión que urge ampliar.
El Concepto de Corrupción
La preocupación por la corrupción es legítima tanto desde la
perspectiva ciudadana como desde la óptica del académico y el intelectual. Al
ciudadano debe preocuparle puesto que la corruptela en América Latina ha minado
los fundamentos más preciados de la convivencia pacífica y, precisamente por
ello, constituye causa del atraso y la pobreza en que se debaten las sociedades
latinoamericanas, incluso algunas como la argentina, otrora prósperas. Al
académico y al intelectual debe preocuparle la
cuestión de la corrupción puesto que se trata de una realidad cuyos origenes, naturaleza y consecuencias es necesario explicar
con miras a su erradicación. En ese sentido el trabajo de Raúl Torres, se
enmarca dentro de una corriente de reflexión que urge ampliar.
Los comentarios que me merece el ensayo de Torres he de enmarcarlos
dentro de dos títulos muy precisos: 1) El concepto de corrupción; 2) El ámbito
estricto de la corrupción, sus características y las propuestas para su
combate.
Torres arranca de una definición decididamente aristotélica: …hace referencia a la
descomposición, pérdida de la naturaleza original, degeneración y
hasta perversión de algo (2.1). En ese espíritu señala, en
general, que la pérdida de los fines, entendidos como bienes internos, ha
conducido a diversidad de actividades a un estado de podredumbre o
descomposición. Esta pérdida del sentido, de la razón de ser de actividades
como la empresarial, la docente, la periodística, etc., y su sustitución por la
prosecución de bienes externos como la fama, el dinero y el poder ha conducido
a la corrupción en todos los órdenes de la vida en sociedad.
Me parece que en este punto es necesario recordar que la visión de
Aristóteles era una visión animista de la realidad en la cual cada ser, y en
último análisis el universo como un todo, tendía a un fin. Su idea del orden
tanto natural como social era una idea subyugada por una teleología que no
podía menos que cumplirse dado que lo contrario rompía con la armonía propia
del todo. Tan fuerte fue esta idea que toda la Edad Media siguió fielmente el
patrón.
La modernidad arrancó de tajo semejante creencia. El universo y
los objetos que lo constituyen no tienen fines. Obedecen leyes físico-químicas.
La realidad es, a partir de la Revolución científica, un todo legal. De ello
constituye un monumento la obra filosófica de Kant.
Así, el manzano no tiene el propósito de dar manzanas; los objetos que
se sueltan en el aire no tienen el propósito de caer; y las sillas no tienen la
meta de parecerse a ninguna “silla” integrante del ideal-realismo platónico.
En este orden de ideas la medicina no puede tener como fin curar a
nadie ni la actividad periodística puede pretender formar o informar a ninguno.
Siempre y en todos los casos en que nos referimos a fenómenos asociados a la
acción humana debemos tener presente que los gentes son siempre individuos con
nombre y apellido. Unido a lo anterior, hemos de recordar que únicamente los
individuos humanos son capaces de proponerse lograr esto a aquello. Así, las
metas, los fines, los propósitos son siempre metas, fines y propósitos de un
ser humano concreto e identificable.
Si tenemos claro esto hemos de aceptar el siguiente hecho: Toda
actividad llevada a cabo por el ser humano es decididamente instrumental y en
eso radica su “bondad”. Es más, desde la perspectiva de un autor
como von Mises, son precisamente actividades de esta
clase las que importan para el análisis de los fenómenos económicos. Las
denomina trabajo extroversivo o trabajo
mediatamente remunerado(3).
No importan las satisfacciones que psicológica o emocionalmente el
sujeto derive de las actividades que desempeña; la verdad es que no se entrega
a ellas por ellas mismas sino porque recibe una recompensa que le permitirá
lograr otros fines. Así, el paciente está interesado en que el tratamiento le
devuelva la salud (entonces será un “buen” tratamiento) y el
médico está interesado en obtener lo necesario para concretar sus metas
(entonces la profesión resulta “buena”). De igual forma el alumno
de un centro educativo está interesado en que le provean de las herramientas
adecuadas para desempeñar una función que le permita ganarse el sustento y quienes
participan del proceso formativo del dicente lo hacen porque ven en dicha labor
una vía para obtener medios para alcanzar sus personales fines.
No veo cómo puede haber corrupción en el ámbito de las actividades
humanas sólo porque las intenciones o motivaciones que guían al agente no son
fieles a un supuesto bien intrínseco inexistente. Al paciente no le ineresa si el propósito del médico es hacerse adinerado o
famoso. Le interesa curarse. Al alumno, por igual, no le interesa cuáles sean
las intenciones más recónditas de aquellos que participan en su formación.
Ver corrupción en el desempeño de las profesiones (incluyendo las “más
nobles”, como el derecho y la medicina) porque los motivos de las
personas que las desempeñan no sean lo nobles que esperaríamos que fuesen me
parece una hererncia directa del pensamiento
moral más equivocado que se haya gestado en la filosofá
occidental: el de Kant.
El filósofo de Köenigsberger erró
ampliamente al juzgar las acciones humanas por las intenciones que las inspiran.
Según él cualquier motivo confeso u oculto que nos mueva a cumplir nuestras
obligaciones devalúa nuestros actos reduciéndolos a ser conformes
al deber. Esta categoría es la de los actos huérfanos de peso moral. La
intención contamina y arruina las acciones. ¡Hay que sospechar de las
intenciones! Sólo hemos de obrar el deber por el deber mismo. ¡Viva la buena
voluntad lo único bueno en sí dentro y fuera del mundo siempre y cuando no esté
contaminada con intenciones ajenas al mero cumplimiento del deber!
Toda la grandeza que pudo haber tenido Kant
en otros aspectos vino a quedar en nada ante una doctrina ética carente de
fundamento. A quién le importa la intención con la cual los demás actúan
siempre que hagan lo que es correcto? Sobre todo
porque las intenciones no dañan ni benefician a nadie.
Es lo que hacemos o dejemos de hacer lo que tiene repercusiones y
consecuencias sobre los demás.
Constituye un principio básico del pensamiento liberal clásico
la idea de que los fines son subjetivos, personales. Que constituyen expresión
abierta de la libertad. Que son inofensivos. Y que en caso de conflicto, roce o
fricción con terceros la causa está constituida (siempre y exclusivamente) porlos medios empleados o el proceder para lograr los
fines.
Afirma Torres que la supuesta corrupción en la esfera privada ocurre
por el tipo de valores que genera la especulación: el dinero por el
dinero. Esta es la nueva “ética” del capitalismo informacional
en su dimensión más oscura (2.2.1.1.). Y agrega: la corrupción estrictamente
empresarial que renun cia a
la generación de riqueza en un sentido amplio, para entregarse a una generación
de riqueza en un sentido reducido: la riqueza monetaria, preocupada única y
exclusivamente en la cuenta de resultados en términos de ganacia
de capital (2.2.1.1.) y que le parece que contribuye a ahondar la
exclusión, la pobrreza, el subdesarrollo,
imposibilitando concretar proyectos compartidos de nación.
De nuevo aquí el método compositivo nos obliga a recordar que el
capitalismo no puede manifestar conductas de ninguna clase; en todo caso son
las personas en un sistema económico de esa naturaleza quienes pueden
manifestar un interés particular en el dinero por el dinero mismo o en las
ganancias exclusivamente. Además se impone corregir la confusión
conceptual que toma dinero y riqueza como sinónimos. No son lo mismo. La
riqueza está constituida por el cúmulo de bienes y servicios que se producen,
comercializan y consumen. El dinero fiduciario es el medio de intercambio
indirecto que los seres humanos empleamos para intercambiar. El que haya
abundante masa monetaria no impmlica disfrutar de
riqueza, sobre todo si la masa monetaria ha sido inflada con dinero inorgánico
como ha sido la experiencia constante del subcontinente
latinoamericano. Así, los individuos pueden llegar a recibir millones de
unidades monetarias cuyo poder adquisitivo es casi nulo. La riqueza de
que se disfruta se mide más bien por la abundancia relativa de todos aquellos
bienes necesarios para que el ser humano logre sus metas en la vida.
Aclaremos ahora lo siguiente. Si una persona está interesada
únicamente en el dinero; si su meta es exclusivamente ver crecer su cuenta
bancaria; si sólo se interesa por las ganancias, el lucro y los beneficios
estrictamente financieros, estamos ante hechos que no podemos discutir por
tratarse de juicios valorativos. Condenar lo que hace sólo es posible desde el intencionalismo moral kantiano. Así que no creo acertada la
conclusión de Torres, en el sentido de que ello constituye síntoma de la
descomposición que los empresarios evidencian en un sistema económico
capitalista.
Por otra parte, es imposible que en una economía de auténtico libre interncambio una persona logre sus fines (construir su
casa, educar a sus hijos en los mejores establecimientos, ser atendido en un
hospital de Houston o volverse millonarario) si no
pone sus recursos personales, financieros y profesionales al servicio de las
necesidades ajenas..
Es una verdad incontrovertible el que la producción esté dirigida
exclusivamente al consumo. Por ello el consumidor es el gran soberano. Aquellos
que en el sub-continente (y en cualquier parte del
globo) han medrado a la sombra del brazo protector del estado, disfrutando de
proteccionismo y de privilegios, resguardados de la competencia, si han hecho
dinero no se trata de caudales ganados en base a eficiencia, capacidad,
creatividad, buen servicio o habilidad; el gran perdedor, en este caso es el
consumidor ante la falta de opciones mejores.
El sistema de libre mercado basado en la competencia, en el que el
consumidor es el soberano, exige disciplina; empresarios y empresas se ven
empujados a ser eficientes, han de ofrecer a las personas gran calidad de
bienes y servicios; y lo que es mejor, conduce al surgimiento constante de nuevas
opciones, superiores a las ya existentes y más baratas. No otra cosa es la
competencia. No otra cosa es el sistema económico fundado en el derecho de
propiedad.
De los empresarios y de las empresas, en consecuencia, no debemos
esperar más que lo atinente a su función: descubrir nichos en el mercado que no
están siendo atendidos o que pueden atenderse más eficientemente. En el
cumplimiento de esa función los individuos arriesgan y especulan (es decir,
tratan de adivinar cuáles serán las preferencias futuras del consumidor) lo
cual es muchísimo mejor que el riesgo en que podría ponernos la burocracia
gubernamental que pone en juego recursos que no le pertenecen y por ende no
importa si se pierden, dilapidan, roban o cambian de destino.
Las empresas y los empresarios, pues, no tienen como propósito generar
impuestos, contribuir a los planes de los gobernantes, combatir la exclusión o
–ni siquiera- generar empleo.
Arribo aquí a la siguiente conclusión: la noción de corrupción
genéricamente entendida, como abarcando todas las actividades humanas, en un
concepto que peca por exceso, debido precisamente a que rebasa los límites
establecidos por el mismo Aristóteles del género próximo y la diferencia
específica. No hay sitio para hablar de corrupción en la esfera privada.
Estamos ante juicios de valor, frente al intencionalismo
moral o ante una incorrecta comprensión del comportamiento humano en las
relaciones de cooperación.
El ámbito estricto de la corrupción, sus
características y las propuestas para su combate
Sumamente valiosa es la afirmación de Torres cuando dice: Es la era
democrática la que instala la idea de lo público, de modo que los fondos
públicos son de los ciudadanos, y que quienes los manejan son simplemente
administradores. Asi es como nace el concepto de
corrupción moderna (casi al final del subtítulo 2).
Estoy perfectamente de acuerdo con Torres cuando señala que el
comportamiento de los funcionarios públicos, la falta de transparencia en la
administración estatal, servirse de la autoridad o del poder para obtener
beneficios personales o de grupo, constituyen actos de corrupción en la esfera
pública-estatal. Sostengo la opinión de que debe dejarse en ese ámbito,
exclusivamente, la cuestión que nos ocupa.
Ahora bien, me parece que el autor llega a tocar la cuestión medular
pero sólo tangencialmente: La razón de ser del poder que se le otorga a
algunos. Unido a ella va la reflexión sobre los límites del poder y los
mecanismos para su control. Esta temática, hay que decirlo constituye uno de
los aportes de alto relieve que el liberalismo clásico ha hecho en el
ámbito de la filosofía social y política.
La modernidad surgió con una clara latría por la razón (Descartes) y
por el deber público (Maquiavelo) tan fuerte y
determinante que la revolución democrática del siglo XVIII no pudo sino ser
tributaria de semejante culto. Por ello, precisamente por ello, la oleada
democrática que fue impulsada desde Francia jamás se planteó seriamente la
cuestión de los límites al poder del gobierno electo democráticamente. Fundada
sobre las ideas rousseaunianas de la bondad
intrínseca de la naturaleza humana, la racionalidad cuyas dimensiones son las
de la verdad, no podía sino confiar en que unos gobernantes surgidos del
consenso mayoritario nunca harían nada contrario a los intereses ciudadanos.
Aunado a lo anterior, se promovió una gran confianza en el ejercicio del poder
para lograr erradicar los males que aquejan frecuentemente a los mortales. El
gobierno democrático lo sería todo.
A menudo, hay que decirlo, se confunde el liberalismo clásico
con el radicalismo democrático o con la defensa de intereses particulares o
gremiales. Nada más lejos de la verdad. Bien lo ha dicho Sheldon
S. Wolin:
Al fin llegué a la conclusión de que nuestra época
actual, por diversas razones, ha perdido contacto con el espíritu y enfoque
iniciales del liberalismo, y por ello se aviene a aceptar por su valor nominal
la caricatura vulgar del liberalismo ofrecida por marxistas, conservadores
románticos, “realistas” y teólogos neoortodoxos.
En aras de la verdad hay que decir que el pensamiento liberal clásico
constituyó la intítesis del Iluminismo francés. Los
pioneros del liberalismo clásico, a la cabeza de los cuales marchó John Locke, desconfiaron
totalmente de la razón humana y no aceptaron que la transición a un tipo
distinto de gobierno fuera la solución a los problemas que casi todas las
sociedades europeas enfrentaban agobiadas por monarquías abusivas y cuasi-totalitarias.
En medio de un fervor extremo por lo político Locke
sostuvo que si la sociedad (la cooperación) pacífica basada en la división del
trabajo) fue anterior al surgimiento del aparato de coerción que es el
gobierno, éste debía servir para mantener un orden producto de la observancia
de normas que por haber garantizado el derecho a la vida y a la propiedad se
habían adaptado tiempo ha.
De esta forma la preocupación esencial de los pensadores liberales
clásicos fue siempre someter al poder público a unos principios garantes de la
convivencia pacífica y la cooperación voluntaria. Insistieron vez tras vez en
que confundir ( o peor aún, fundir) el gobierno y la
sociedad sería siempre desastroso y que en el recuento de los daños los
ciudadanos correrían con la peor parte. La cuestión es que la sociedad es el
ámbito de la espontaneidad, de la libertad, y el gobierno el terreno de la
coerción y la autoridad.
Hoy, lamentablemente, incluso aquellas naciones en las que los
ciudadanos alcanzaron niveles admirables de bienestar, salud, educación y
prolongación de la vida, merced a que la cooperación libre y voluntaria se
produjo en un ámbito de seguridad y certidumbre jurídica, han sido invadidas
por un crecimiento ilegítimo del aparato gubernamental (Estados Unidos, Gran
Bretaña, etc.). Y sólo gracias a que los viejos principios aún funcionan no
padecen escándalos de corrupción tan sonados.
En nuestro subcontinente como
desgraciadamente sólo imitamos lo más obvio y lo más venenoso, nuestras
naciones han sufrido, desde los días mismos de su independencia, un proceso
constante de politización de todas las actividades humanas. Esa es la fuente de
la corrupción en las esferas gubernamentales. Se ha politizado la producción de
bienes y servicios; se ha politizado el salario de los trabajadores; se han
politizado los precios tanto de bienes finales como de bienes de producción;
como politizadas están las importaciones y las exportaciones; no hablemos de la
educación y la salud. Y por su otrora carácter íntimo, personal y privado, es
quizás la religión la muestra más evidente de cómo el poder público ha arrasado
gran parte de la actividad ciudadana.
Ese atropello inclemente del quehacer humano ha conducido, lógico
resultado, a que la libre asociación haya devenido en grupos de presión y
conducido a un permamente trapicheo de influencias en
el legislativo. Ya no preocupa, entonces, a nivel privado, la eficiencia, la
competitividad, la creatividad en busca de costos de producción más bajos, la
excelencia. Preocupa tener las influencias adecuadas en el aparato
gubernamental.
Hemos de circunscribir al gobierno a que garantice el estado de
derecho, administre la justicia, vele por el surgimiento de la infraestructura
necesaria para facilitar el intercambio y el tránsito de bienes y personas.
Sólo así podrá cumplirse con lo que Torres propone, siguiendo en parte
a Robert Klitggard, en el
punto 2.3.1. de su ensayo, y con lo cual estoy
perfectamente de acuerdo. También se haría realidad en buena medida lo
propuesto por el análisis económico efectuado por Rose-Ackerman.
Ahora bien, las propuestas de Michael Reisman
y Moreno Ocampo me parecen insustanciales en el sentido de que enmarcan el
problema de la corrupción en el ámbito de los dilemas. Probablemente desde una
óptica más propia de la realpolitik
esto sea así. No debería serlo. El empleado público no debería enfrentarse a
dilemas. La doctrina del derecho público es clarísima cuando establece que el
funcionario público debería hacer únicamente lo que la ley le permite.
Ligado a lo anterior, debe procoederse a
endurecer y eficientar la maquinaria judicial para
que ningún empleado público, sin importar rango, pague por aquellas conductas
reñidas con la función encomendada. El historial de América Latina,
tristemente, es un testimonio a contrario: de impunidad y burla.
En este asusnto sólo quiero recordar que la razón de
ser del castigo (derecho penal) no es la venganza; ni siquiera la corrección o
enmienda de la conducta del transgresor. El castigo
tiene como función primordial desincentivar comportamientos similares con
vistas en el futuro.
A las propuestas que hace en su trabajo Torres con miras a combatir
seriamente la corrupción en las esferas del gobierno (las que condivido), agrego las siguientes –algunas con dedicatoria
al caso Guatemala-:
El imperio del estado de derecho, en el que nadie pueda verse ni
sentirse superior a los principios de convivencia pacífica. La real división e
independencia de los poderes del Estado, puesto que un fiscal general y unos
magistrados de la corte de constitucionalidad que tienen que pagar derecho de
piso a quienes los nombras (igual que una Corte Suprema de Justicia que
cabildea constantemente en procura de fondos para cumplir sus vitales
cometidos), demuestra que la división de poderes no es más que una farsa. El
estado debe descansar completamente en el mercado cuando de efectuar obras de
infraestructura se trate. Debe eliminarse el denominado derecho de antejuicio
que se ha perfilado como derecho a delinquir con impunidad. Tiene que crearse
la pena de la inhabilitación política pues no es posible sanear el gobierno si
parte de no enjuiciar a los corruptos se les sigue premiando con puestos para
continuar medrando a costas del contribuyente. Se impone, como la afirma el
trabajo de Torres, eliminar la discrecionalidad que tanta arbitrariedad
provoca. Que se le otorgue un mayor protagonismo al gobierno local –alcaldías y
gobernaciones departamentales- pues el gobierno cercano al contribuyente es más
fácil de auditar y controlar. Esto último requeriría, incluso, de una
organización política distinta a la que tenemos: convertirnos en una federación
de estados cada uno de los cuales podría tener su propio parlamento o cámara de
representantes. Por último, la ley que asegura castigos tanto para el empleado
público como para el ciudadano que incurran en actos de corrupción debe
cambiarse. Ha dado lugar a que las denuncias sean muy pocas o inexistentes por
el temor de ir a la cárcel. El castigo debe recaer exclusivamente sobre el
funcionario del Estado. Otra manera de propiciar la transparencia y la honradez
en las esferas gubernamentales no hay. Dejarlo a la conciencia y a la moral
privada es ignorar lo que ya descubrieron los carteles de la droga: No
hay funcionario que resista un disparo de un millón de dólares. Algunos
funcionarios, incluso, no resisten ni siquiera uno de diez.
(1) Esta
idea la tomó Aristóteles de Platón para quien el fin fundamental de todas las
cosas era parecerse lo más posible a las esencias del mundo ideal.
(2) Estos
principios son fundamentales para autores que emplean el método compositivo
para el análisis de los fenómenos que ocurren en la vida social. Al respecto
véase: Von Mises, Ludwig,
La Acción Humana. Tratado de economía. Unión Editorial, S.A., Madrid, España,
1995, (5ª. Ed.), especialmente los caps. I y IV; von Hayek, F.A., Individualismo
verdadero y falso, Centro de Estudios sobre la Libertad, Buenos Aires, (s.f.), Individualism and Economic Order, University of Chicago Press, Chicago, 1948; y, The Counter-Revolution of Science, The
Free Press, Glencoe, III.,
1952. De esta última ya hay traducción al español: La contrarrevolución de la
ciencia, Estudios sobre el abuso de la razón. Prólogo de Darío Antiseri. Unión Editorial, Madrid, España, 1003, Véase
especialmente el capítulo 4.
(3) Von Mises, Ludwig, Op. Cit., VII y XXI.
(4) El
Dr. Rigoberto Juárez-Paz ha dejado en claro que valorar la intención por encima
de la acción equivale a negar la naturaleza práctica del pensamiento moral. Las
condiciones del diálogo y otros ensayos, Unión Tipográfica, Guatemala, 1982, p.
16. Además debo traer a la memoria del lector el que, jurídicamente, la
intención sólo cuenta para distinguir y diferenciar el asesinato del homicidio.
(5) Por
ello Bastiat escribió muy acertadamente: La ley no
tiene por misión regir nuestras conciencias, nuestas
ideas, nuestras voluntades, nuestra instrucción, nuestros sentimientos,
nuestros trabajos, nuestros intercambios, nuestros dones y nuestros placeres.
Su misión consiste en impedir que en estas materias los actos de unos
atropellen los derechos de otros. La ley, Centro de Estudios Económicos
Sociales, Guatemala, 2003, (trad. Lucy Martínez-Mont; prólogo de Manuel Ayau). P.
66.
(6) Vease von Mises, Ludwig, op. Cit.,
los capítulos XXIII y XXIV. Del XXIII especialmente el subtítulo 6 nombrado La
limitación de los derechos dominicales y los problemas referentes a los costos
y beneficios externos; y del XXIII especialmente el subtítulo 4 con el nombre
de La propiedad privada, al final del cual anota lo siguiente: Bajo la égida
del mercado libre, los consumidores deciden a diario quiénes y cuánto cada uno
deba poseer, poniendo los factores de producción en manos de aquellas personas
que, con mayor acierto, destínan los a la
satisfacción de las necesidades más urgentemente sentidas por las gentes. Los
actuales propietarios… Actúan en el mercado como mandatarios de los
consumidores, hallándose constreñidos por la propia mecánica mercantil a servir
dócilmente a sus principales del mejor modo posible. El capitalismo impone la
soberanía del consumidor. Y agrega von Mises: En el
mercado, …terratenientes y capitalistas, para
disfrutar de su propiedad, no tienen más remedio que destinarla a atender
ajenas necesidades. Sólo sirviendo a los demás logran enriquecerse. La mera
posesión de medios de producción constriñe al sujeto a atender las apetencias
del público. La propiedad beneficia exclusivamente a quien sabe destinarla a la
mejor asistencia de los consumidores. He ahí la función social del derecho de
propiedad.
(7) Política
y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1973, p. 314. Entre los
textos que caricaturizan al liberalismo, Sheldon
menciona: The conservative mind de R. Kirk, Chicago, Regnery, 1953; Ideology and utopía de K. Mannheim, New York, 1936; y, Scientific man and power politics
de H. Morgenthau, Chicago, University
of Chicago Press, 1946.
(8) Lo
decía con diafanidad Bastiat: …ese pueblo tendría el
gobierno más simple, más económico, más liviano, menos perceptible, más justo y,
en consecuencia, tendría el gobierno más sólido que pueda uno imaginar, sea
cual sea su forma política.
(9) Bajo
un regimen así, cada uno comprendería que carga con
la plenitud y la responsabilidad de su existencia. El respeto de la persona, el
trabajo libre y los frutos del trabajo protegidos de toda agresión injusta,
serían los pilares de un sistema en el cual ningún individuo tendría enredos
interminables con el Estado. En la felicidad y la abundancia, no tendríamos
razón de para agradecerle nuestra fortuna. En el infortunio y la escasez, asi como los campesinos no culpan al Estado de la escarcha
y la helada, nosotros no los culparíamos de nuestras calamidades. Solamente
conoceríamos al Estado por el valor inestimable de la seguridad. Op. Cit., p. 11. Y Friedrich August von Hayek ha dejado todo un
análisis de la situación recomendando contener el poder y derribar la política
de su pedestal. Al respecto véase el vol. 3 de
Derecho, legislació y libertad, Unión Editorial,
España, 1976, especialmente el capítulo XVIII.
(10)